Motivos fiscales como vicio de consentimiento en el perfeccionamiento de un contrato de compraventa y causa de incumplimiento

Recientemente, ha visto la luz una interesantísima sentencia del Tribunal Supremo (Nº resolución 307/2016) relativa al incumplimiento de las cláusulas de un contrato por motivos fiscales.

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo condena a una entidad financiera (parte compradora) a indemnizar a la parte vendedora de un valioso inmueble, por el coste en impuestos (concretamente en IVA) que la parte vendedora se vio obligada a soportar ante el error cometido por la entidad financiera en el momento de formalización del contrato en lo que respecta a su situación fiscal en el IVA.

La compraventa del inmueble se llevó a cabo en concurso público, y para la parte vendedora era esencial que la compraventa se sujetara el IVA, y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, dado que en caso contrario, debería devolver las cantidades, que en concepto de IVA, la parte vendedora había soportado y deducido anteriormente a la fecha de su propia compra.

La entidad financiera acudió a este concurso público, manifestando que cumplía las condiciones establecidas por la normativa fiscal para que la operación deviniera sujeta a IVA, comprobándose posteriormente a la celebración de la compraventa, como la entidad financiera luego reconocido, que había cometido un error, y que la afirmación que había realizado a la fecha de formalización del contrato no era cierta. Ello produjo en la parte vendedora el perjuicio en impuestos señalado en el párrafo anterior.

El error en el derecho civil español, que se ha calificado por algunos autores como la falsa representación mental de la realidad que vicia el proceso formativo del querer interno, para que sea considerado invalidante del consentimiento de un contrato debe ser inexcusable, esto es, que el sujeto que lo padece no hubiera podido evitarlo poniendo una diligencia mínima, o mediante el empleo de una actuación activa que hubiera impedido su comisión.

En este sentido, el Tribunal Supremo, haciendo suyas las palabras del Tribunal de apelación, hace una afirmación muy relevante, y es que la parte vendedora no está obligada a indagar sobre la carga o la situación tributaria de la parte compradora para evitar el error, y por tanto, todo error cometido en la celebración de un contrato por motivos fiscales en base a la situación fiscal de la parte compradora y las afirmaciones que ella realiza es en principio imputable exclusivamente a esta, y el error por tanto no es excusable.

Con todo ello queremos trasladar la importancia de que en todo negocio jurídico u operación que se realice, se cuente con el asesoramiento profesional pertinente, para evitar que, en el peor de los escenarios y tras un costoso juicio, alguien pueda ser declarado responsable de los impuestos que no le corresponden, por un simple error de desconocimiento de la normativa o descuido.

Ramón Bocos Lerma
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Exención de créditos hipotecarios a efectos del ITP y AJD (hasta ahora sólo se aplicaba a los préstamos)

Pocas veces en la vida tributaria nos podemos encontrar tan felices, además, después de la vuelta de las vacaciones. Nos acabamos de encontrar encima de la mesa una Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de fecha 16 mayo 2013 donde se aplica la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados prevista en la Ley 2/1994 cuando se otorga, según el caso expuesto, una escritura de modificación del tipo de interés en el que se establece un interés fijo para un primer período y un interés de referencia al aplicado en el mercado de capitales de Madrid (MIBOR) en períodos posteriores. La gran novedad: se trata de un crédito y no de un préstamo.

Hay que advertir que hasta ahora hay diversidad en los pronunciamientos de los diferentes tribunales sobre este tema. Como suele ocurrir con las sentencias que sientan jurisprudencia innovadora, hay algunos que no comparten el criterio del TEAC y otros que sí lo comparten. Al igual que encontramos respuestas a varias consultas que no comparten el criterio del TEAC en la doctrina de la Dirección General de Tributos.

La clave del cambio de criterio lo da la propia resolución del Tribunal Económico Administrativo Central aplicando una lógica aplastante pues indica que: aunque desde una perspectiva civil la naturaleza y finalidad de ambas figuras pueden ser distintas; considera que desde un punto de vista fiscal, concretamente a efectos de ITP y AJD, la tradición los ha equiparado. Si además añadimos que las entidades de crédito no diferencian claramente el crédito del préstamo en sus productos. No descubrimos aquí que, en muchas ocasiones, encontramos las características de ambas simultáneamente en productos ofertados por entidades financieras, por ejemplo, sin tener en cuenta para la denominación de un producto como crédito que la entrega del capital no se realiza en su totalidad al inicio de la operación.

El TEAC entiende que en las sucesivas leyes modificadoras del mercado hipotecario aprobadas tras la Ley 2/1994 pretenden conseguir la igualdad de tratamiento de los diversos tipos de préstamos y créditos hipotecarios existentes en el mercado.

Por último, el TEAC considera que estas conclusiones no implican una extensión analógica de la norma sino una interpretación de las normas jurídicas adaptadas a nuevos tiempos y que, por lo tanto, no vulneran la prohibición de analogía que prevé el artículo 14 de la Ley General Tributaria.

Por fin, los usos y costumbres vuelven a ser fuente del Derecho, asunto que estudiamos en los manuales de inicio al Derecho Civil, pero que en el Tributario no lo vemos con frecuencia. Estamos de enhorabuena.

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

El cálculo erróneo de los intereses de demora por parte de la AEAT

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ya se ha pronunciado sobre la incorrecta liquidación de intereses de demora que efectúa la Agencia Tributaria cuando se anula una liquidación en vía económico-administrativa o judicial y se dicta una nueva.

Con fecha 11 de abril de 2013 dictó el TEAC una resolución en la que se recoge el criterio que ya fue sentado por el TS en Sentencias de 14 de junio de 2012 y 25 de octubre de 2012 en relación a la liquidación de los intereses de demora devengados cuando un tribunal dicta una nueva liquidación que anula a la inicialmente dictada por la Administración Tributaria. Este cambio de criterio consiste en lo siguiente:

Hasta ahora la Administración cuando practicaba una liquidación que el contribuyente recurría, liquidaba intereses de demora por todo el plazo que media desde que se presentó la autoliquidación hasta que la comprobación adquiría firmeza en vía económico-administrativa o judicial.

El cambio de criterio recogido primero por el TS y ratificado ahora por el TEAC es el siguiente: Si se presenta una autoliquidación que es comprobada por la Administración de la que deriva una liquidación y dicha liquidación es posteriormente anulada, solo podrán exigirse intereses de demora hasta la fecha en que se dictó la liquidación inicial posteriormente anulada.

Pongamos un ejemplo:

Un contribuyente presenta su declaración de la renta el 30 de junio de 2010 con un importe a ingresar de 100.

El 30 de junio de 2012 la Administración inicia un procedimiento de comprobación y dicta liquidación provisional por importe de 1.000.

El contribuyente recurre esa liquidación llegando hasta el TEAC que le da la razón parcialmente, anula la liquidación de 1.000 y dicta una nueva de 200 el 30 junio de 2014.

Con el criterio anterior, se devengarían intereses desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2014. Con este nuevo criterio, solo se devengarán intereses desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2012.

Ejemplo comparativo entre el antiguo y el nuevo criterio para el cálculo de los intereses de demora

Ejemplo comparativo entre el antiguo y el nuevo criterio para el cálculo de los intereses de demora.

Tendremos que estar atentos a las liquidaciones de intereses que nos efectúe la Administración por si el cálculo recoge este criterio.

Alicia Suárez
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP