Rendimientos irregulares y no habituales obtenidos por abogados y otros profesionales

En una Sentencia reciente del Tribunal Supremo de fecha 19 de marzo de 2018, se fija criterio y se resuelve el tema de aplicación de la reducción por irregularidad de los rendimientos de actividades económicas, siguiendo doctrinas anteriores de otras sentencias de fecha 1 de febrero de 2008 y 15 de julio de 2004.

Concretamente, analiza si los rendimientos profesionales obtenidos por un abogado, u otros profesionales tales como arquitectos o ingenieros …, en el ejercicio de su profesión como retribución por sus servicios en procedimientos que se prolonguen más de dos años, y que se hayan percibido a la finalización de los mismos, de una sola vez, o en varias dentro de un solo ejercicio fiscal, deben entenderse como generados en un plazo superior a dos años, y por lo tanto tienen derecho a aplicar la reducción por irregularidad establecida en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, que establece lo siguiente:

“32.1. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.”

¿Pueden aplicar reducción por irregularidad los rendimientos obtenidos en procedimientos profesionales de una duración superior a 2 años?

¿Pueden aplicar reducción por irregularidad los rendimientos obtenidos en procedimientos profesionales de una duración superior a 2 años?

Aunque la sentencia ha sido dictada en el entorno de la actividad profesional de la abogacía, la jurisprudencia que emana de ella es aplicable a cualquier otra actividad económica que responda a las mismas características de temporalidad en su ejecución.

El motivo que justifica la reducción fiscal, reside en la necesidad de mitigar los efectos de progresividad sobre las rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio, pero que han sido obtenidas en contraprestación de trabajos o servicios realizados en un periodo de al menos dos años.

La novedad de esta sentencia se debe a una serie de matices importantes en el análisis de los rendimientos de las actividades económicas, tales como:

  • Que se ha de estar al estudio de cada caso concreto, sin generalizar sobre un colectivo o tipo de rendimientos, para valorar en cada caso específico, si concurren los requisitos y circunstancias para tener la posibilidad de aplicación de la reducción por irregularidad.
  • Que se insiste por parte del Tribunal en que se trata de un derecho de los contribuyentes a aplicar la reducción que la ley les reconoce.
  • Que se reparte la carga de la prueba entre ambas partes de la relación tributaria, de tal forma que el contribuyente deberá probar que los rendimientos de los que se deriva la factura han sido generados durante un periodo superior a dos años, para que se puedan beneficiar de la citada reducción, y será la Administración, a su vez, quien en su caso, deberá justificar y motivar las razones que desvirtúan la aplicación de la reducción por irregularidad.

La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

Sin duda, una interesante Sentencia que refuerza la aplicación de un importante beneficio fiscal que recoge la normativa de IRPF, derivado de una situación muy habitual en el desarrollo de determinadas actividades profesionales que pueden ver corregido el efecto de la progresividad del impuesto, y por lo tanto, reducir de esta forma la factura fiscal, sin duda una buena noticia.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

¿Es posible aportar documentos una vez concluido el plazo de alegaciones?

El criterio de Hacienda frente al momento en el que los documentos no aportados en el plazo de alegaciones pueden presentarse finalmente ha sido modificado tras una sentencia de unificación de doctrina del Tribunal Supremo.

La decisión sobre si es admisible la aportación de pruebas y documentos una vez ha concluido el trámite de alegaciones ha sido siempre objeto de controversia entre Hacienda y el contribuyente. Al ser una cuestión en la que entra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, al contribuyente no le parece suficiente garantía lo establecido por el artículo 96.4 del Real Decreto 1065/2007, que regula las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y que regula este supuesto. Este artículo nos dice que no se puede aportar documentación adicional una vez concluido el plazo de alegaciones salvo una excepción, que no hubiera sido posible aportarlo previamente y que no se haya dictado resolución.

¿Es posible aportar documentos una vez concluido el plazo de alegaciones?

Una sentencia del Tribunal Supremo, adoptada por el TEAC y aceptada por Hacienda,  modifica el tradicional criterio en el que era norma el rechazo de cualquier documentación presentada fuera de plazo.

Bien, parece evidente que algo tan determinante como la aportación de pruebas en un proceso tributario no puede tener un elenco de supuestos tan restrictivo y dejar esta consideración al arbitrio de la administración pudiera parecer peligroso, es por ello, que afortunadamente el TS se ha pronunciado ya varias veces al respecto y considera que siempre ha de tenerse en cuenta los nuevos documentos que se aporten, como se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo nº 684/2017, Rec. 615/2016 de fecha 20 de abril del 2017:

“el rechazo de la documentación aportada por el contribuyente en sede de reposición, por entender que la documentación necesaria para la resolución del expediente tiene el límite temporal otorgado por la Administración en sus actuaciones de comprobación, supone volver a una concepción meramente revisora de los procedimientos de revisión que hace mucho tiempo que ha sido superada.

 

…La conclusión a la que se llega no es sino lógica constatación del hecho que si en vía económico-administrativa y en vía judicial es posible aportar la documentación que el actor estime procedente para impugnar la resolución tributaria, parece mucho más lógico que pueda hacerse antes en el discurrir procedimental y aportarse en el primero de los medios de impugnación que pueden ejercitarse”.

En consecuencia, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) a la vista del criterio sentado por el Tribunal Supremo en su sentencia del 02-11-2017 concluye entendiendo:

“que el contribuyente puede aportar a los Tribunales económico administrativos documentos y pruebas que no aportó en sede del procedimiento de comprobación pero ha de tratarse de documentos o pruebas que justifiquen materialmente lo pretendido por el sujeto pasivo sin que sea preciso que el Tribunal Económico Administrativo despliegue una actividad de comprobación e investigación que le está vedada, ya que la función del Tribunal económico administrativo es la de valorar la prueba y no la de investigar.”

Finalmente, Hacienda ha aceptado este criterio y los contribuyentes podrán aportar documentos no aportados previamente en fase de alegaciones sin que puedan ser rechazados, solo con la limitación de que la nueva documentación aportada no suponga una actividad de investigación por parte del tribunal.

Alberto Ferrer Medina
Emede ETL Global

La hipoteca multidivisa según el Tribunal Supremo

En fecha 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la nulidad de una cláusula multidivisa contenida en un contrato de préstamo hipotecario, modificando su anterior doctrina jurisprudencial.

En esta reciente Sentencia del Tribunal Supremo se considera, tal y como ya hizo la Sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea (sala 2ª), de fecha 20 de septiembre de 2017, que la hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores, y como consecuencia de ello, no le resulta de aplicación esa normativa que recoge unos estrictos deberes de información. Este planteamiento supone una modificación de la anterior doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la Sentencia nº 323/2015 de fecha 30 de junio de 2015.

La multidivisa en los contratos hipotecarios no supera el control de trasnsparencia

La multidivisa en los contratos hipotecarios no supera el control de trasnsparencia

Esta nueva interpretación supone que las entidades financieras que conceden estos préstamos no están obligadas a realizar actividades de evaluación de clientes y de la información prevista en el mercado de valores. No obstante, ello no impide que estas entidades cuando ofertan y concedan esos préstamos denominados, representados o vinculados a divisas, estén sujetas a obligaciones que resultan del resto de normas aplicables, como son las de transparencia bancaria. Así, cuando el prestatario tiene la consideración legal de consumidor, la operación está sujeta a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, en concreto, a la Directiva 93/13/ CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

En el caso que se analiza en la Sentencia de 15/11/17 del Tribunal Supremo, la escritura de préstamo previó que el ingreso del capital se efectuase en euros, y se fijó que el tipo de cambio para hallar la equivalencia sería en divisa, en concreto, el yen japonés. Ante el impago de varias cuotas, la entidad Barclays reclamó en concepto de capital pendiente de amortizar, después de que los prestatarios estuviesen pagando durante varios años las cuotas mensuales, una cantidad que superaba la cantidad en euros que fue ingresada en la cuenta de los prestatarios al concederles el préstamo.

En la Sentencia se concluye que la cláusula multidivisa no supera el control de transparencia que desde la sentencia 241/2013, de 9 de noviembre, el TS ha fundado en los arts. 60.2, 80.1 y 82.1 TRLCU y en el art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas, porque los prestatarios no han recibido una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con la moneda en que los prestatarios reciben sus ingresos, ni sobre las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos. En definitiva, la entidad Barclays no explicó adecuadamente a los prestatarios que las fluctuaciones en la cotización de la divisa extranjera respecto del euro, no solo podía provocar oscilaciones en el importe de las cuotas del préstamo, sino que el incremento de su importe podía llegar a ser tan considerable que pusiera en riesgo su capacidad de afrontar el pago en caso de una fuerte depreciación del euro respecto de la divisa.

Finalmente la Sentencia declara la nulidad parcial del contrato, que supone la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros. De este modo, esta Sentencia impone la sustitución de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el propio contrato en el que el capital queda denominado en euros.

Ana de los Ángeles Díaz Rosado - Méndez Padilla Abogados y Asociados

Ana de los Ángeles Díaz Rosado
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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