Comprobación por parte de la Administración del valor real de los inmuebles

Recientemente ya hablamos en nuestro blog sobre la comprobación del valor real de los inmuebles por parte de la administración hoy volvemos a hablar sobre esta histórica sentencia la de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo 1051/2018.

El Tribunal Supremo en esta sentencia de 19 de junio de 2018, cuestiona el método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble consistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para comprobar el valor declarado a efectos del ITP-AJD.

la carga de la prueba para determinar el valor real de un inmueble no recae sobre el obligado tributario, sino sobre la propia Administración

la carga de la prueba para determinar el valor real de un inmueble no recae sobre el obligado tributario, sino sobre la propia Administración

El Tribunal Supremo establece que:

“El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Para mayor abundamiento, sostiene que “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”.

Resulta reseñable la exigencia que sea la Administración Tributaria la que

exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Esto es, considera que la carga de la prueba no recae sobre el obligado tributario, sino sobre la propia Administración:

“El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

Con esta destacable sentencia, se viene a proteger, en cierta manera, al obligado tributario de cierta indefensión en la que se encontraba en muchas de las ocasiones ante la comunidad autónoma de turno, cuando se calculaban valores de inmuebles con este método, sin ni tan siquiera realizar una mera visita “ocular” del inmueble en cuestión, y tener en cuenta elementos tan básicos a la hora de valorar un inmueble como es, por ejemplo, el estado de conservación entre otros.

En definitiva, muy valiosa la doctrina establecida por el Tribunal Supremo ya que, aunque si bien considera el método de los coeficientes por valor catastral como un método válido, exigirá a las comunidades autónomas a motivar mejor dichas valoraciones de inmuebles al recaer sobre ellas “la carga de la prueba”.

Luis Gajate Bonilla
Emede ETL Global

Comprobación del valor real de los inmuebles por parte de la Administración

Los tribunales ponen en duda la idoneidad del método de valoración de inmuebles tomando como referencia el valor catastral corregido por un coeficiente.

Recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que posteriormente han sido confirmadas por el Tribunal Supremo, dan la razón a los contribuyentes estableciendo como doctrina que el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes, que establece el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, y que generalmente aplica la Administración no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de inmuebles, en aquéllos impuestos en los que la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble, salvo que tal método se complemente con la realización de una valoración singular del inmueble que se someta a valoración.

Los Tribunales nos traen una importante sentencia para la fiscalidad ya que en muchos impuestos la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble.

Los Tribunales nos traen una importante sentencia para la fiscalidad ya que en muchos impuestos la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble.

La sentencia añade que la aplicación de ese método de comprobación, consistente en valor catastral por coeficiente, no dota a la Administración de una presunción de veracidad, y que exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, el valor declarado por el contribuyente no coincide con el valor real del inmueble, sin que baste la mera discordancia.

Además un hecho relevante, es que la sentencia deja claro que la carga de la prueba, en este caso corresponde a la Administración que es quien debe probar esa falta de coincidencia.

Por último la sentencia indica que el procedimiento de tasación pericial contradictoria, no es el único método con el que cuenta el contribuyente para desvirtuar la valoración de la Administración, sino que puede utilizar cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, que le sirva para desvirtuar la valoración realizada por la Administración, insistiendo en que la carga de la prueba recae en la Administración.

Sin duda, una relevante sentencia a tener en cuenta si se pretende rebatir las valoraciones, en ocasiones injustas, realizadas por la Administración obviando factores y singularidades del inmueble, tales como situaciones del entorno y de la evolución del mercado, estado de conservación del inmueble, valores catastrales determinados de forma incorrecta…, que llevan a una valoración injusta del inmueble, y que por lo tanto, determinan igualmente una cuota tributaria a pagar del impuesto en cuestión, también injusta.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

Rendimientos irregulares y no habituales obtenidos por abogados y otros profesionales

En una Sentencia reciente del Tribunal Supremo de fecha 19 de marzo de 2018, se fija criterio y se resuelve el tema de aplicación de la reducción por irregularidad de los rendimientos de actividades económicas, siguiendo doctrinas anteriores de otras sentencias de fecha 1 de febrero de 2008 y 15 de julio de 2004.

Concretamente, analiza si los rendimientos profesionales obtenidos por un abogado, u otros profesionales tales como arquitectos o ingenieros …, en el ejercicio de su profesión como retribución por sus servicios en procedimientos que se prolonguen más de dos años, y que se hayan percibido a la finalización de los mismos, de una sola vez, o en varias dentro de un solo ejercicio fiscal, deben entenderse como generados en un plazo superior a dos años, y por lo tanto tienen derecho a aplicar la reducción por irregularidad establecida en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, que establece lo siguiente:

“32.1. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.”

¿Pueden aplicar reducción por irregularidad los rendimientos obtenidos en procedimientos profesionales de una duración superior a 2 años?

¿Pueden aplicar reducción por irregularidad los rendimientos obtenidos en procedimientos profesionales de una duración superior a 2 años?

Aunque la sentencia ha sido dictada en el entorno de la actividad profesional de la abogacía, la jurisprudencia que emana de ella es aplicable a cualquier otra actividad económica que responda a las mismas características de temporalidad en su ejecución.

El motivo que justifica la reducción fiscal, reside en la necesidad de mitigar los efectos de progresividad sobre las rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio, pero que han sido obtenidas en contraprestación de trabajos o servicios realizados en un periodo de al menos dos años.

La novedad de esta sentencia se debe a una serie de matices importantes en el análisis de los rendimientos de las actividades económicas, tales como:

  • Que se ha de estar al estudio de cada caso concreto, sin generalizar sobre un colectivo o tipo de rendimientos, para valorar en cada caso específico, si concurren los requisitos y circunstancias para tener la posibilidad de aplicación de la reducción por irregularidad.
  • Que se insiste por parte del Tribunal en que se trata de un derecho de los contribuyentes a aplicar la reducción que la ley les reconoce.
  • Que se reparte la carga de la prueba entre ambas partes de la relación tributaria, de tal forma que el contribuyente deberá probar que los rendimientos de los que se deriva la factura han sido generados durante un periodo superior a dos años, para que se puedan beneficiar de la citada reducción, y será la Administración, a su vez, quien en su caso, deberá justificar y motivar las razones que desvirtúan la aplicación de la reducción por irregularidad.

La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

Sin duda, una interesante Sentencia que refuerza la aplicación de un importante beneficio fiscal que recoge la normativa de IRPF, derivado de una situación muy habitual en el desarrollo de determinadas actividades profesionales que pueden ver corregido el efecto de la progresividad del impuesto, y por lo tanto, reducir de esta forma la factura fiscal, sin duda una buena noticia.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global