Reserva de capitalización

La Reserva de Capitalización es una de las medidas que incorporaron con la ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades para la incentivación de las empresas a su capitalización mediante los beneficios obtenidos premiando fiscalmente la no distribución de dividendos.

Se aplica a los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen general, a las entidades de crédito y de hidrocarburos, y a las entidades de nueva creación, teniendo en cuenta que a éstas últimas no sería aplicable en el primer ejercicio, ya que dicha reserva se calcula en base del año anterior.

El incentivo se trata de una reducción de la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

  • Que el incremento de dichos fondos propios se mantenga durante el plazo de cinco años, no teniendo en cuenta pérdidas contables por la entidad.
  • Se debe de dotar una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance de forma totalmente diferenciada y separada de las demás y será de carácter indisponible durante el plazo de cinco años. No se entenderá que se ha dispuesto de dicha reserva en los siguientes casos:
    1. Cuando un socio ejerza su derecho a separarse de la sociedad.
    2. Cuando la reserva se elimine por causas de operaciones de reestructuración empresarial.
    3. Cuando se tenga que disponer de ella en virtud de una obligación de carácter legal.

Se aplicaría una reducción de la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios que se calcularía por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio (no se incluyen los resultados del mismo) y los fondos propios existentes al inicio del mismo (sin incluir los resultados del ejercicio anterior):

ÎFP= (FP ejercicio N – Rdos ejercicio N)- (FP ejercicio N-1-Rdos ejercicio N-1)

En el cálculo del incremento no se incluyen las siguientes operaciones:

  • Aportaciones de socios.
  • Ampliación de capital por compensación de créditos.
  • Ampliaciones de Fondos Propios por operaciones de reestructuración.
  • La reserva Legal.
  • Las reservas de carácter indisponible.
  • Los fondos propios por emisión de instrumentos financieros compuestos.
  • Fondos propios que se corresponden con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo de gravamen de este impuesto.

A la hora de aplicar la reserva hay que tener en cuenta que existe un límite de aplicación del 10% de la base imponible del periodo impositivo, no obstante en el supuesto de que la base imponible para aplicar la reducción fuese insuficiente, las cantidades pendientes podrán aplicarse en los periodos impositivos que finalicen en los dos años inmediatos y sucesivos al cierre del periodo impositivo en que se haya generado el derecho a la deducción, respetando siempre el límite del 10% anterior.

Por ejemplo, tenemos una empresa cuya evolución de los fondos propios es la siguiente:

Fondos Propios Ejercicio N-1 Ejercicio N
Capital social 5.000,00 5.000,00
Reserva Legal 1.000,00 1.000,00
Reserva voluntaria 10.000,00
Beneficio 10.000,00 15.000,00
Fondos propios 16.000,00 31.000,00

En el ejercicio N-1 tenemos un beneficio de 10.000,00€, que se deciden distribuir a reserva voluntaria.

El cálculo de la reserva de capitalización sería el siguiente:

Incremento de fondos propios = (31.000,00-1.000,00-15.000,00)-(16.000,00-1.000,00-10.000)=10.000,00€.
La reserva de capitalización sería 10%*10.000,00=1.000,00€.

Antes de dotar la reserva debemos comprobar si cumplimos los límites esto es que hay que tener en cuenta el Limite de la deducción que sería 10% de la base imponible previa o sea 10%*(rdo contable (+/-) Ajustes extracontables). Si tenemos en cuenta que el Rdo contable es igual a la Base imponible sería del 10% 15.000,00€ que serían 1.500,00€.

Por lo que se podría dotar en el ejercicio 2015 una reserva indisponible por importe de 1.000,00€, teniendo en cuenta que no se podría disponer de ella en el plazo de cinco años y que tendría que estar contablemente separada e identificada del resto.

Imaginemos que el mismo caso pero el resultado contable es de 15.000,00 y tiene unos ajustes extracontables de -6.000,00€, la base imponible previa sería de 9.000,00 por lo que el límite de la aplicación de la reserva de capitalización sería del 10% de 9.000,00 o sea de 900,00€, por lo que no se podría dotar más de ese importe, quedando 100 euros pendiente de dotación para los dos ejercicios siguientes, siempre y cuando no se supere el límite.

Espero haber podido ayudaros en la aplicación de la reserva de capitalización.

Fátima Doblas Lara
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Sociedad Patrimonial y Patrimonialidad sobrevenida

La entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, Ley 27/2014 de 27 de noviembre ha definido en su artículo 5.2 lo que es una “Sociedad Patrimonial“, entendiendo por tal, a aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o por elementos no afectos a un actividad económica.

Continúa diciendo el artículo 5.2 que

“El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica será el que se deduzca de la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de que sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, de los balances consolidados. A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores a los que se refiere el párrafo siguiente, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores”.

Este concepto de sociedad patrimonial que era usado de forma habitual para referirse a aquellas empresas que eran tenedoras de inmuebles o de participaciones y que no desarrollaban de forma expresa una actividad económica, queda ahora regulado por la nueva normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Esto tiene una gran trascendencia desde el punto de vista fiscal, porque aquellas empresas que sean calificadas como Sociedades Patrimoniales verán restringida la aplicación de los beneficios fiscales que pueden aplicar en distintos impuestos como el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En concreto en el Impuesto sobre Sociedades, las sociedades consideradas como Sociedades Patrimoniales, no podrán aplicar:

  • La exención por doble imposición que pueden aplicar los socios, en el caso de transmisión de participaciones en dichas sociedades, limitado a los beneficios no distribuidos generados durante el periodo de tenencia de la participación.
  • El tipo impositivo reducido del 15% para sociedades de nueva creación.
  • La compensación de bases imponibles negativas en el caso de cambio accionarial que determine la mayoría del capital social o de los derechos de voto de una sociedad que sea Sociedad Patrimonial.
  • Los beneficios fiscales establecidos para las sociedades consideradas entidades de reducida dimensión (tipo de gravamen, amortizaciones, deducciones…).
  • Imposibilidad de aplicar el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros.

Pueden ser múltiples las causas por las que una sociedad puede encontrarse en situación de patrimonialidad sobrevenida. A estos efectos, se deberá vigilar en lo que se invierten o se materializan los posibles excesos de tesorería de la sociedad, sean los generados por la actividad corriente de la empresa, o los procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales, o incluso los procedentes de aportaciones de los socios por ampliación de capital.

Dependerá de si se han invertido en elementos afectos a la actividad económica o no, para que la sociedad pueda incurrir o no en la patrimonialidad sobrevenida.

Por otra parte, cabe reseñar que el concepto de Sociedad Patrimonial que define la Ley del Impuesto sobre Sociedades, difiere del establecido en el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley del Impuesto de Patrimonio, por el cual no se computarán como elementos o valores no afectos aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos provenientes de la realización de actividades económicas, con el límite de los beneficios obtenidos en el propio año y en los últimos 10 años anteriores.

La definición de Sociedad Patrimonial que establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es mucho más restrictiva desde el punto de vista temporal que la que define la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio.

Por este motivo, tendremos que realizar un análisis detallado de los requisitos que establece la normativa para que una sociedad sea calificada como “Sociedad Patrimonial” en función del contexto del impuesto que estemos analizando.

Isabel Díaz Rosado
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

¿Qué hacemos con las sociedades civiles?

Parece que ya comenzamos a disponer de herramientas interpretativas que aclaran la situación de tributación futura de estas entidades.

Estas herramientas comienzan a llegarnos, tras los nervios suscitados a raíz de la nueva normativa del Impuesto sobre sociedades (LIS), en la que a partir del próximo 1 de enero de 2016, se indica que las sociedades civiles ya no serán sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el régimen de atribución de rentas, sino sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.

No obstante, como se esperan cambios con la publicación del esperado nuevo Código de Comercio, volveremos a tratar este asunto en breve. De todas formas, por aproximación, podemos dar claras notas a partir de la consulta vinculante V2377-15 de la Dirección General de Tributos del pasado 28 de julio, en la que trata de forma sistemática la tributación de las sociedades civiles.

Así, el artículo 7.1.a) de la LIS establece que, a partir del 1 de enero de 2016, serán sujetos pasivos las sociedades civiles que tengan su residencia en territorio español y que tengan objeto mercantil. Esta inclusión trae causa de la necesidad de homogenizar la tributación de todas las entidades jurídicas, independientemente de la forma societaria elegida, ya sea entidad mercantil o civil. Se exigen dos requisitos:

  1. Que la sociedad civil tenga personalidad jurídica: de acuerdo con el artículo 1669 del Código Civil, la sociedad civil tiene personalidad jurídica siempre que los pactos entre sus socios no sean secretos, es decir, que los socios tengan voluntad de actuar frente a terceros como una entidad, y esto se consigue, cuando las sociedades civiles se constituyan en escritura pública o documento privado, cuando en este último caso dicho documento se haya aportado a la Administración Tributaria para la obtención del CIF.
  2. Que la sociedad civil tenga objeto mercantil: tienen dicho objeto, todas las sociedades civiles, excepto las que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al ámbito mercantil.

De cualquier manera, habrá que esperar, en su caso, como hemos indicado anteriormente a la reforma del Código de Comercio para conocer si, definitivamente, como se prevé, las actividades profesionales también quedarán en el ámbito de una actividad mercantil.

Pero para no crear más temblores fiscales, hay que recordar la existencia de un mecanismo de disolución de estas sociedades civiles que evitará la tributación para la liquidación de aquellas.

Esperamos que este aperitivo os ayude. Seguiremos informando.

Juan Manuel Toro Fernández

Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP