La igualdad como último consejo

El último Consejo de Ministros del actual Gobierno, con una huelga feminista en ciernes convocada para el próximo 8 de marzo de 2019, ha estado presidido por una serie de medidas tendentes a la contribución, desde el punto de vista empresarial, de los objetivos de igualdad y corresponsabilidad.

Tras la crisis económica, los planes de igualdad retornan a primer plano en la agenda de las empresas

Los objetivos de igualdad y corresponsabilidad han protagonizado las decisiones tomadas en el último Consejo de Ministros de esta legislatura

A continuación resumimos estas acciones:

Ampliación del permiso de paternidad

El Real Decreto-ley amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Así, para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas. No obstante, en las disposiciones transitorias del RDL se prevé que la ampliación será gradual conforme se desglosa a continuación:

  • En 2019 hasta las 8 semanas -se comienza a aplicar desde este momento-.
  • En 2020 hasta las 12 semanas.
  • En 2021 hasta las 16 semanas.

Reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de igualdad salarial

En esta materia se establece un nuevo marco jurídico en línea con lo establecido en la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión Europea. De esta forma, se introduce en nuestro ordenamiento el concepto de “trabajo de igual valor”, lo que implica que cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

Para ello, se obliga a que la empresa llevará un registro con los valores de los salarios, al que podrán acceder los trabajadores a través de su representación sindical o del delegado de personal.

Dos nuevas medidas en torno a los Planes de Igualdad

Se exige que en un plazo de tres años, las empresas de más de 50 trabajadores deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad; si bien, las empresas de más de 100 sólo dispondrán de dos años y las de más de 150 trabajadores tendrán un año para su elaboración e implantación. Hasta ahora, el Plan de Igualdad solo era obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores.

Este conjunto de actuaciones son obligatorias, tienen vocación de permanencia y con toda probabilidad no serán diluidas por un nuevo Gobierno con otro signo político. Si a todo lo anterior añadimos que su incumplimiento puede ser objeto de sanción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, más vale que tengamos este cuenta este último Consejo.

Marina Martín Tomás
marina.martin.tomas@iuslaboral.com
Ius Laboral Abogados

Año nuevo: nuevas medidas en materia laboral y social

Comienza el año 2019 y lo hace a golpe de Decreto con medidas en materia social, laboral y de empleo no exentas de polémica.

Analizamos algunas de las medidas en materia social, laboral y de empleo que entran en vigor en 2019

Analizamos algunas de las medidas en materia social, laboral y de empleo que entran en vigor en 2019

A continuación, resumimos algunas de ellas:

Salario Mínimo Interprofesional

En primer lugar, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se incrementará hasta los 900 euros mensuales. Obviamente, a estas alturas todos conocíamos el titular; si bien, la magnitud de la foto ha eclipsado la letra pequeña.

En efecto, la medida contempla dos excepciones que dejará esa subida salarial en papel mojado para un amplio sector de trabajadores –según cálculos de la CEOE más 3 millones de trabajadores-. La primera de las referidas excepciones, se producirá cuando las leyes de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla establezcan el salario mínimo interprofesional “como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a dichas prestaciones, beneficios o servicios públicos”.

La segunda será cuando un convenio colectivo, un acuerdo de empresa o cualquier pacto de naturaleza privada “use el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto”.

Así, cuando se produzca la referencia al SMI se entenderá que la cuantía de dicha renta es el salario mínimo del año 2016 -655,20 euros mensuales- incrementado en la misma cuantía que suba el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Prácticas universitarias incluidas en la Seguridad Social

En segundo lugar, otra de las medidas más discutidas ha sido la obligación de que todos los estudiantes universitarios que realicen prácticas formativas –tanto curriculares como no curriculares- deban ser incluidos en la Seguridad Social. Nuevamente, y a pesar de la bondad de la medida, los rectores de las universidades españolas han alertado de cual será la consecuencia de hacer cargar, otra vez, a los empresarios con las cuotas: la caída del número de becas disponibles.

Derogación de incentivos a la contratación

En tercer lugar, no debe quedar en barbecho la derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación, lo que implicará que los empresarios no podrán echar mano del contrato indefinido de apoyo a emprendedores o de la posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años, eliminándose también numerosos incentivos a la contratación.

Incremento de la cotización de los autónomos

En cuarto lugar, el Gobierno ha vuelto a apretar las tuercas a los autónomos: se establece un incremento del 1,25% en la base mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo de cotización, se establece en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022. Igualmente, se modifica la tarifa plana, que pasa a ser de 60 euros durante los primeros doce meses –si se cotiza por la base mínima-.

Medidas contra el fraude

Y, por último, se lanzan otras dos medidas adicionales que permiten atisbar donde seguirá combatiéndose el fraude durante el año 2019: por un lado, se establece un recargo a la contratación eventual de corta duración y, por otro, se incorpora un nuevo tipo de infracción laboral grave para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo.

Antonio J. Rodríguez Morones
Ius Laboral Abogados

Las prestaciones por maternidad están exentas del pago del IRPF

Durante este mes de octubre el Tribunal Supremo ha publicado algunas sentencias que han dado un giro a las normas aplicadas hasta ahora. Una de ellas es la que establece que las prestaciones percibidas de la Seguridad Social tras el nacimiento de un hijo están exentas de este impuesto.

Cuando una trabajadora da a luz tiene derecho a 16 semanas de descanso que puede compartir con el padre. Durante este periodo, la Seguridad Social es quien abona la prestación por maternidad en función de la base de cotización. Hasta ahora, la Agencia Tributaria había defendido que esta ayuda debía tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo, pero se retracta ahora con esta sentencia del Tribunal Supremo.

Las prestaciones por maternidad están exentas del pago del IRPFLa sentencia en cuestión de fecha 3 de octubre de 2018 ratifica la anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017 en la que se estimaba el recurso interpuesto por una madre y se obligaba a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas en la liquidación del año 2013 en concepto de prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social de ese ejercicio.

El recurso se inició por un abogado del Estado por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argumentando, entre otros motivos, que “la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso”.

La Seguridad Social ya ha anunciado que dejará de retener el IRPF en las prestaciones que comiencen a tramitarse a partir de ahora. Sin embargo, desde la Agencia Tributaria todavía no hay confirmación de los trámites a seguir para una posible reclamación de aquellas declaraciones que no hayan prescrito, es decir, desde el año 2014, aunque aseguran que están trabajando para poner en marcha un proceso sencillo que permita la devolución y que no requiera esfuerzo extra para los ciudadanos aunque no especifican cuándo estará disponible.

Por otra parte, Hacienda también se encuentra a la espera de las interpretaciones que pueda hacer de la sentencia la Dirección General de Tributos para que aclaren si la prestación por paternidad también debería estar exenta del IRPF, ya que la sentencia del Tribunal Supremo y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tan solo se refieren a las “prestaciones públicas por maternidad”.

Adriana Martín Moreno
Ius Laboral Abogados