Hacienda ya no acepta aplazamientos

Hasta el pasado lunes 20 de enero de 2014 la Agencia Tributaria concedía aplazamientos a las empresas que los solicitaban.

Con la nueva ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Gobierno, el criterio de la Agencia Tributaria ha cambiado y aunque la ley ya establecía que las retenciones de trabajadores o del alquiler eran inaplazables, porque son recursos que no pertenecen a las empresas sino que derivan del IRPF que pagan los trabajadores, la Agencia Tributaria concedía dichos aplazamientos ante problemas de tesorería.

Fue a partir del cuarto trimestre de 2013 cuando la Agencia Tributaria dejó de conceder más aplazamientos de las retenciones y de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y No Residentes. La Agencia Tributaria entiende asimismo que:

“Solicitar de manera recurrente y sistemática el aplazamiento de deudas tributarias resulta una conducta defraudatoria y provoca graves distorsiones en la competencia”.

En este último trimestre del ejercicio 2013, hemos podido comprobar cómo las solicitudes de aplazamientos han sido inadmitidas, y aquí viene lo más importante: hasta ahora las solicitudes de aplazamientos se aceptaban o rechazaban, con lo que el contribuyente contaba con un nuevo plazo para ingresar la deuda, pero ahora esto cambia, ya no serán aceptadas o rechazadas sino que serán inadmitidas y la deuda entrará automáticamente en fase ejecutiva. Por consiguiente las empresas afectadas se verán obligadas a abonar un recargo mínimo del 5% y se exponen a embargos de bienes por parte de la Agencia Tributaria. Muy importante también es considerar que cuando un contribuyente tiene deudas en fase ejecutiva no podrá obtener ningún aplazamiento de otro impuesto.

Así que, ya sabéis, con el fin de los aplazamientos hay que saber que siempre que no lleguemos a tiempo para cumplir con nuestra obligación tributaria deberemos afrontar el correspondiente recargo.

Raquel Gómez Adarve
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

En el punto de mira: Plan de inspección de la AEAT para 2013

Como en años anteriores, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), publica la Resolución de 8 de marzo de 2013, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013, donde se detallan las prioridades de la administración tributaria para prevenir y luchar contra el fraude.

Ante la baja recaudación de los impuestos, por los esqueléticos resultados económicos de empresas y empresarios individuales y la caída de la actividad económica en los últimos años, de nuevo se vuelve a dar una o dos o tres vueltas de tuercas a la recaudación mediante el procedimiento de comprobación e inspección de los tributos.

Este año, la inspección de la AEAT se centrará, entre otros, en las siguientes actuaciones:

  • Intercambio de información con las Comunidades Autónomas para vigilar la declaración de inversiones financieras e inmuebles en el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Intercambio de información con la Dirección General del Catastro sobre titularidades y transmisiones de inmuebles y derechos sobre los mismos.
  • LA AEAT accederá telemáticamente –es decir, de forma rápida e inmediata- al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico para obtener datos sobre matriculación, transferencias y bajas de vehículos, así como a los Registros Mercantiles y de la Propiedad y al Índice Único Notarial para obtener información sobre las escrituras formalizadas ante Notario con trascendencia tributaria.
  • Obtención sobre los datos de actividad de los operadores de juego.
  • Sobre la percepción de subvenciones y otras ayudas públicas.
  • Signos externos de riqueza o que utilicen bienes de alto valor para descubrir el titular real de los mismos y su adecuación al nivel de renta y patrimonio declarados previamente.
  • Contribuyentes que ejerzan actividades profesionales y empresariales.
  • Captación de información sobre operaciones financieras nacionales o internacionales para identificar titulares de activos financieros que no declaren las rentas obtenidas o cuyas inversiones no se correspondan con su renta o patrimonio declarados.
  • Captación de información que permita identificar el verdadero país de origen de las mercancías importadas y los valores reales de transacción para la correcta aplicación de los tributos que gravan el comercio exterior.
  • Detección de alquileres no declarados mediante actuaciones presenciales.
  • Control de actividades económicas cuyos clientes son principalmente consumidores finales, con especial atención a la facturación a través de tarjetas de crédito.
  • Análisis de los datos de consumo de energía a fin de localizar donde se puedan estar desarrollando actividades productivas no declaradas.
  • Análisis de las denuncias recibidas sobre el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo por importe superior a 2.500 euros.
  • Intercambio de información automático sobre las cuentas en Estados Unidos de los residentes en España en virtud del Acuerdo FATCA.
  • Investigación de los contribuyentes que no han presentado la nueva declaración modelo 720, informativa de bienes y derechos situados en el extranjero.
  • Personas que localizan de manera ficticia su residencia en otros países.
  • Control de los contribuyentes incluidos en el régimen de estimación objetiva con el fin de evitar las situaciones de facturación irregular y división artificial de la actividad.
  • Control de gastos de profesionales para garantizar que sólo son objeto de deducción los gastos correlacionados con la actividad económica.
  • Control de ingresos mediante el análisis de signos externos de riqueza.
  • Control abusivo de estructuras societarias para reducir la tributación de las retribuciones percibidas por la prestación de servicios profesionales.
  • Control de los beneficios fiscales, deducciones y ajustes extracontables.
  • Comprobación del correcto cálculo e ingreso de los importes resultantes del pago fraccionado por el método determinado en el artículo 45.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
  • Anticipación de la adopción de medidas cautelares y procedimientos de derivación de responsabilidad.
  • Adopción de acuerdos de prohibición de disponer de los bienes inmuebles cuando se embarguen participaciones o acciones.
  • Embargo de los créditos derivados del uso de los terminales punto de venta (TPV).
  • Se investigarán especialmente las participaciones de deudores aparentemente insolventes en la creación de sucesivas sociedades mercantiles que no ingresan sus obligaciones tributarias.

En fin, el cerco al fraude fiscal se eleva. Como ciudadanos, debemos estar contentos, aunque a veces, como profesionales de la fiscalidad pensemos que los procedimientos y actuaciones de la administración tributaria pudieran ser más lógicos, proporcionales e, incluso, amables.

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Pago en efectivo: Límite 2500 euros

A partir del 19 de Noviembre de 2012 no podrán realizarse pagos en efectivo que superen los 2500 euros. Exponemos algunos matices que debemos tener en cuenta para asimilar cuanto antes esta novedad en la legislación.

La tan anunciada restricción al uso del dinero en efectivo ha llegado, instrumentada a través de la Ley 7/2012 en su artículo 7 apartado Uno.1 en el que se establece que

“No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.”

A la hora de comprobar si superamos el límite o no, para el caso en que haya pagos parciales para una misma operación, habrá que remitirse a la suma de estos pagos parciales realizados en efectivo y no a su consideración de forma individual.

Estas limitaciones entran en vigor el próximo 19 de noviembre y se centran en las operaciones en las que intervengan empresarios o profesionales. Para particulares este importe se eleva a 15.000 euros pero sólo en el caso en que no se tenga domicilio fiscal en España.

Habrá que cambiar el chip y no olvidarnos de nuestro nuevo artículo 7, ya que las sanciones a las que nos exponemos son del 25% del importe pagado en efectivo, pero no sólo para quien realice el pago, también se establece esta sanción para quien reciba total o parcialmente dichas cantidades en efectivo superando los límites.

Además ambos, tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga excepto en el caso en que una de las partes denuncie este hecho ante la Agencia Tributaria.

En fin, tendremos que interiorizar esta nueva cifra mágica de nuestro ordenamiento jurídico y tenerla siempre presente cuando realicemos nuestros pagos en efectivo.

Lidia Planas Martín
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP