Obligación de comunicación expresa por parte del destinatario para poder aplicar la inversión del sujeto pasivo por ejecuciones de obra

En la Ley 7/2012, de 29 de octubre de 2012, además de aprobarse la limitación de los pagos en efectivo, también se modificaron los supuestos en los que era de aplicación la inversión del sujeto pasivo.

Pasado ya más de un año desde su aprobación y puesta en funcionamiento, se aprueba el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. A través del mismo se añade un nuevo artículo 24 quáter que regula la aplicación de las reglas de la inversión del sujeto pasivo.

Según el artículo mencionado anteriormente, en los casos de inversión del sujeto pasivo en los casos de ejecuciones de obra y cesión de personal:

“4. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra f), párrafo segundo, de la Ley del Impuesto, deberán, en su caso, comunicar expresa y fehacientemente a los subcontratistas con los que contraten, la circunstancia referida en la letra b) del apartado anterior de este artículo”

Es decir, que las “operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones”. Estas comunicaciones se tienen que realizar con carácter previo o simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios en que consistan las referidas operaciones. Asimismo, pueden realizarse a través de una declaración escrita firmada en la que se expongan los siguientes puntos según el punto 6 del mismo artículo 24 quáter:

“a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales.

c) Que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.”

El cumplimiento de este requisito es obligatorio para poder aplicar la inversión del sujeto pasivo. Por lo que en el caso de que te encuentres en esta situación, pídele a tu cliente que te redacte y firme dicha declaración para poder defender el hecho de que la factura vaya “sin IVA” en caso de comprobación ante la Agencia Tributaria.

Lidia Planas Martín
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Pago en efectivo: Límite 2500 euros

A partir del 19 de Noviembre de 2012 no podrán realizarse pagos en efectivo que superen los 2500 euros. Exponemos algunos matices que debemos tener en cuenta para asimilar cuanto antes esta novedad en la legislación.

La tan anunciada restricción al uso del dinero en efectivo ha llegado, instrumentada a través de la Ley 7/2012 en su artículo 7 apartado Uno.1 en el que se establece que

“No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.”

A la hora de comprobar si superamos el límite o no, para el caso en que haya pagos parciales para una misma operación, habrá que remitirse a la suma de estos pagos parciales realizados en efectivo y no a su consideración de forma individual.

Estas limitaciones entran en vigor el próximo 19 de noviembre y se centran en las operaciones en las que intervengan empresarios o profesionales. Para particulares este importe se eleva a 15.000 euros pero sólo en el caso en que no se tenga domicilio fiscal en España.

Habrá que cambiar el chip y no olvidarnos de nuestro nuevo artículo 7, ya que las sanciones a las que nos exponemos son del 25% del importe pagado en efectivo, pero no sólo para quien realice el pago, también se establece esta sanción para quien reciba total o parcialmente dichas cantidades en efectivo superando los límites.

Además ambos, tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga excepto en el caso en que una de las partes denuncie este hecho ante la Agencia Tributaria.

En fin, tendremos que interiorizar esta nueva cifra mágica de nuestro ordenamiento jurídico y tenerla siempre presente cuando realicemos nuestros pagos en efectivo.

Lidia Planas Martín
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Analizando la modificación de la Ley contra el fraude en materia concursal

Primer resumen de urgencia de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude en materia concursal.

Entre las modificaciones más importantes, que se refieren al ámbito concursal, siempre en lo que se refiere a la prevención y la lucha contra el fraude, podemos señalar:

  1. Eliminación de la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de los créditos contra la masa en las situaciones de concurso para evitar el retraso artificioso del crédito público como consecuencia de la mera solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
  2. Modificación del momento de reinicio del plazo de prescripción interrumpido por la declaración de concurso para hacerlo coincidir con el momento en que la Administración recupera sus facultades de autotutela ejecutiva. Lo que introduce una mejora estrictamente técnica para dotar de seguridad jurídica a las relaciones de la Hacienda Pública con los deudores concursados.
  3. Aclaración de los efectos de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción por litigio, concurso y otras causas legales, explicitando que los efectos de dicha suspensión se extienden a todos los obligados tributarios.
  4. En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se incorporan una serie de modificaciones en la Ley del Impuesto para evitar comportamientos fraudulentos. Especialmente en las operaciones de entregas de inmuebles y en situaciones en las que se ha producido una declaración de concurso.

En primer lugar, se establecen dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en los citados casos de entregas de inmuebles. Por una parte, cuando se renuncie a la exención, y, en segundo término, cuando la entrega de los bienes inmuebles se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos; supuesto que se extiende expresamente a las operaciones de dación del inmueble en pago y cuando el adquirente asume la obligación de extinguir la deuda garantizada. Estos supuestos de inversión del sujeto pasivo se ajustan a lo establecido en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Se quiere evitar así el perjuicio que se produce a la Hacienda Pública cuando el IVA no se ingresa y, a renglón seguido, se solicita el aplazamiento o se declara el concurso de la entidad transmitente. El daño a la Hacienda Pública es doble, pues el IVA no ingresado es deducido por el adquirente. Este mecanismo de inversión del sujeto pasivo asegura el ingreso del IVA en la Hacienda Pública.

La situación de concurso del obligado tributario precisa un tratamiento particular en el Impuesto para facilitar su gestión e impedir que se altere la neutralidad en perjuicio de la Hacienda Pública.

En los supuestos en los que el auto de declaración de concurso se dicta durante el periodo de liquidación del Impuesto hay que diferenciar si los créditos son concursales o contra la masa pues, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se deben calificar como concursales los créditos de IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso.

Como en la legislación actual la declaración-liquidación es única, se establece, con fin de determinar el crédito que tendrá carácter concursal, la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una primera por los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso y una segunda por los posteriores, en los términos que se desarrollen reglamentariamente. En la primera de esas declaraciones el concursado estará obligado a aplicar la totalidad de los saldos a compensar correspondientes a periodos de liquidación anteriores a la declaración de concurso.

Además, se introduce un nuevo supuesto de rectificación de cuotas repercutidas para los casos en los que la operación gravada quede sin efecto debido al ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras acciones de impugnación ejercitadas en el seno del concurso. En estos supuestos, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se declaró la operación. La minoración de deducciones por parte del adquirente, si estuviese también en situación de concurso, se realizará, de la misma forma, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se aplicó la deducción. Estas medidas  pretenden evitar que la eventual declaración de concurso, ya sea del transmitente o del adquirente, desvirtúe la neutralidad del Impuesto.

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP