Tratamiento fiscal de operaciones con criptomonedas o monedas virtuales

Ya comenzamos a tener criterio de la Administración Tributaria sobre operaciones con criptomonedas.

En la reciente consulta vinculante V1149-18 de la Dirección General de Tributos (DGT) de 08 de mayo de 2018 se plantea la cuestión sobre un consultante que compró en los años 2013 y 2014, a través de portales de internet, monedas virtuales “bitcoin” e “iota” mediante su pago en euros, y que en 2017 intercambió las monedas virtuales “iota” por monedas virtuales “bitcoin” y posteriormente en el mismo año 2017 ha vendido a cambio de euros a través de portales de internet parte de las monedas virtuales “bitcoin” que tenía obteniendo ganancia; se precisa que las operaciones con dichas monedas virtuales se realizaron como inversión particular y no en el ámbito de una actividad económica.

Comienza el baile legisladore en torno a las monedas virtuales.

Comienza el baile legisladore en torno a las monedas virtuales.

La Dirección General de Tributos contesta que, ante la ausencia de una definición en la normativa española de lo que se entiende por “monedas virtuales”, también llamadas “criptomonedas”, cabe acudir al concepto que se contiene en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la directiva 2009/101/CE, en cuya última versión, publicada el 19 de diciembre de 2017, se considera como moneda virtual:

“Una representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculada a una moneda legalmente establecida, y no posee la consideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades, como medio de intercambio, y que puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente”.

Teniendo en cuenta la anterior definición, las monedas virtuales son bienes inmateriales, computables por unidades o fracciones de unidades, que no son moneda de curso legal, que pueden ser intercambiados por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, derechos o servicios, si se aceptan por la persona o entidad que transmite el bien o derecho o presta el servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse generalmente a cambio de moneda de curso legal.

Atendiendo a que cada moneda virtual tiene su origen en un protocolo informático específico, distinto ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, las distintas monedas virtuales son bienes diferentes.

En base al artículo 2 y del 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) y del artículo 1.538 del Código Civil en relación a la calificación de una permuta, se concluye que el intercambio entre monedas virtuales diferentes realizado por el contribuyente al margen de una actividad económica da lugar a la obtención de renta que se califica como ganancia o pérdida patrimonial conforme al citado artículo 33.1., cuya cuantificación deberá realizarse conforme a lo previsto en los artículos 34.1.a), 35 y 37.1.h) de la LIRPF, es decir por la diferencia entre el precio de transmisión (como mínimo el valor de mercado al tratarse de una permuta) y el de adquisición.

A efectos de posteriores transmisiones, el valor de adquisición de las monedas virtuales obtenidas mediante permuta será el valor que haya tenido en cuenta el contribuyente por aplicación de la regla prevista en el citado artículo 37.1.h) como valor de transmisión en dicha permuta.

Asimismo, la venta de monedas virtuales a cambio de euros realizada al margen de una actividad económica, dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial para el consultante, de acuerdo con el artículo 33.1 de la LIRPF anteriormente transcrito, cuyo importe será, según el artículo 34 de la LIRPF, la diferencia entre los respectivos valores de adquisición y de transmisión.

De esta forma, comenzamos a tener algo más claro la fiscalidad de las criptomonedas, ya sea por su permuta por otras análogas o su conversión a euros.

Juan Manuel Toro Fernández - Emede ETL GLobal

Juan Manuel Toro Fernández
Socio de Emede ETL Global

Novedades y aspectos importantes sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017

Un año más nos encontramos en época de cuentas anuales y este año 2017, en sentido estricto, no presenta grandes cambios en comparación con el ejercicio anterior.

La gran novedad en la presentación de las cuentas anuales de 2017 es la nueva declaración de identificación del titular real. ¿Y qué es esto de identificación del titular real? Pues bien, titular real es la persona o personas físicas que posean un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.

¿Y quiénes están sujetas a la obligación de identificar al titular real? Todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositen cuentas anuales individuales, incluidas las PYMES a excepción de las sociedades que coticen en un mercado regulado.

La novedad de este ejercicio 2017 es la declaración de identificación del titular real en las cuentas anuales.

La novedad de este ejercicio 2017 es la declaración de identificación del titular real en las cuentas anuales.

Esta novedad deberá documentarse en una nueva página incorporada al modelo normalizado, lo que hace que se modifique la instancia de presentación de las cuentas anuales y del fichero necesario para la presentación de las mismas en soporte electrónico. En el nuevo documento debemos indicar los datos identificativos de aquellas personas físicas con un porcentaje superior al 25%, ya sea de forma directa o indirecta, teniendo que reflejar a las sociedades intervinientes en la cadena de control, si no existiera una persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital, deberán indicarse los datos identificativos de los administradores o responsables de la dirección de la entidad.

Otra novedad es que en la memoria, en el punto 15 de información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores es obligatorio rellenar la información de los datos o bien en la propia memoria o en un documento expreso, el cual habrá que enviar junto con el resto de documentación al Registro Mercantil. Si esto no se indica calificarán las cuentas anuales como defectuosas.

Recordad que es importante que se presenten las cuentas anuales, aunque sea fuera de plazo, pero lo antes posible, porque su no presentación dará lugar a que no se inscriban en el Registro Mercantil documento alguno sobre la sociedad y a la imposición de una multa por importe de 1.200 y 60.000 euros en función de la dimensión de la sociedad.

Por último señalamos que los modelos correspondientes al ejercicio 2017 que debemos presentar al Registro Mercantil para su depósito se encuentran disponibles en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo a cuya publicación en el BOE os enlazamos aquí.

Raquel Gómez Adarve - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Raquel Gómez Adarve
Emede ETL Global

Rendimientos irregulares y no habituales obtenidos por abogados y otros profesionales

En una Sentencia reciente del Tribunal Supremo de fecha 19 de marzo de 2018, se fija criterio y se resuelve el tema de aplicación de la reducción por irregularidad de los rendimientos de actividades económicas, siguiendo doctrinas anteriores de otras sentencias de fecha 1 de febrero de 2008 y 15 de julio de 2004.

Concretamente, analiza si los rendimientos profesionales obtenidos por un abogado, u otros profesionales tales como arquitectos o ingenieros …, en el ejercicio de su profesión como retribución por sus servicios en procedimientos que se prolonguen más de dos años, y que se hayan percibido a la finalización de los mismos, de una sola vez, o en varias dentro de un solo ejercicio fiscal, deben entenderse como generados en un plazo superior a dos años, y por lo tanto tienen derecho a aplicar la reducción por irregularidad establecida en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, que establece lo siguiente:

“32.1. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.”

¿Pueden aplicar reducción por irregularidad los rendimientos obtenidos en procedimientos profesionales de una duración superior a 2 años?

¿Pueden aplicar reducción por irregularidad los rendimientos obtenidos en procedimientos profesionales de una duración superior a 2 años?

Aunque la sentencia ha sido dictada en el entorno de la actividad profesional de la abogacía, la jurisprudencia que emana de ella es aplicable a cualquier otra actividad económica que responda a las mismas características de temporalidad en su ejecución.

El motivo que justifica la reducción fiscal, reside en la necesidad de mitigar los efectos de progresividad sobre las rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio, pero que han sido obtenidas en contraprestación de trabajos o servicios realizados en un periodo de al menos dos años.

La novedad de esta sentencia se debe a una serie de matices importantes en el análisis de los rendimientos de las actividades económicas, tales como:

  • Que se ha de estar al estudio de cada caso concreto, sin generalizar sobre un colectivo o tipo de rendimientos, para valorar en cada caso específico, si concurren los requisitos y circunstancias para tener la posibilidad de aplicación de la reducción por irregularidad.
  • Que se insiste por parte del Tribunal en que se trata de un derecho de los contribuyentes a aplicar la reducción que la ley les reconoce.
  • Que se reparte la carga de la prueba entre ambas partes de la relación tributaria, de tal forma que el contribuyente deberá probar que los rendimientos de los que se deriva la factura han sido generados durante un periodo superior a dos años, para que se puedan beneficiar de la citada reducción, y será la Administración, a su vez, quien en su caso, deberá justificar y motivar las razones que desvirtúan la aplicación de la reducción por irregularidad.

La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

Sin duda, una interesante Sentencia que refuerza la aplicación de un importante beneficio fiscal que recoge la normativa de IRPF, derivado de una situación muy habitual en el desarrollo de determinadas actividades profesionales que pueden ver corregido el efecto de la progresividad del impuesto, y por lo tanto, reducir de esta forma la factura fiscal, sin duda una buena noticia.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global