Justificación de dietas y de gastos de desplazamiento

Una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de fecha 6 de noviembre de 2018, establece los criterios sobre la justificación de las dietas y otros gastos de desplazamiento para que tengan la consideración de cantidades no sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La controversia entre los trabajadores y la Administración Tributaria, surgía cuando la Agencia Tributaria en un proceso de comprobación solicitaba a los trabajadores la justificación documental de determinadas cantidades declaradas como exentas en el IRPF, por tener la consideración de cantidades destinadas a resarcir al trabajador de los gastos incurridos por desplazamientos ocasionados como consecuencia de necesidades laborales.

Esta resolución del TEAC establece cómo se deben acreditar dietas y gastos de desplazamiento exentos de IRPF como, por ejemplo, los gastos en los que incurre un trabajador durante un viaje de negocios

Esta resolución del TEAC establece cómo se deben acreditar dietas y gastos de desplazamiento exentos de IRPF como, por ejemplo, los gastos en los que incurre un trabajador durante un viaje de negocios

Si el trabajador no podía acreditar documentalmente la justificación de los desplazamientos, se le emitía por parte de la Administración la correspondiente liquidación imputando las dietas como mayor renta del trabajo, liquidando intereses y además sancionando.

Hasta el momento, si la Administración requería al trabajador para que acreditase documentalmente los motivos y los justificantes de las cantidades declaradas como exentas en concepto de dietas y gastos de desplazamiento, el trabajador se veía indefenso puesto que en la mayoría de los casos esos justificantes obran en poder de la empresa.

Pues bien, la Resolución del TEAC ha zanjado la cuestión, al establecer los criterios que debe seguir la Administración Tributaria en estos casos:

  1. Los gastos de locomoción mediante el uso del vehículo privado, así como los de manutención deberán ser acreditados por el pagador (la empresa), correspondiéndole a la misma justificar el día, el lugar y el motivo laboral del desplazamiento, puesto que así lo establece el Reglamento del IRPF. No obstante, el trabajador voluntariamente podrá aportar la justificación de los gastos, si esta obra en su poder.
  2. En caso de haberse utilizado medio de transporte público, los gastos de desplazamiento deberán acreditarse por el trabajador, salvo que éste alegue que los justificantes documentales están en poder de la empresa.
  3. La acreditación de la vinculación de los gastos con la actividad desarrollada por la empresa corresponderá a la empresa.
  4. La Resolución excluye de este criterio a aquellos trabajadores que dada su vinculación con la empresa, se les permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas, tales como socios mayoritarios o administradores.
  5. La AEAT no podrá hacer tributar a un trabajador sin, antes, intentar obtener de su pagador la documentación que justifica las exenciones consignadas en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

Por tanto, la Resolución del TEAC viene a clarificar la exigencia de unas pruebas, que en la mayoría de los casos, no le correspondía acreditar al trabajador.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

Extinción de condominio de inmuebles procedentes de padres fallecidos

Procedemos a estudiar una reciente consulta vinculante de fecha 4 de julio de 2018 en la que se analizan los efectos en el ITP y AJD de la extinción del condominio de varios inmuebles, procedentes de las herencias de los padres fallecidos.

Tres hermanos de una misma familia son propietarios en proindiviso de varios inmuebles, los cuales han sido adquiridos por un lado, por la herencia del padre, y por otro por la herencia de la madre, habiéndose constituido cada una de ellas en un momento temporal distinto, esto es, en el momento del fallecimiento de cada uno de los padres.

Los Tribunales nos traen una importante sentencia para la fiscalidad ya que en muchos impuestos la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble.

Los Tribunales nos traen una importante sentencia para la fiscalidad ya que en muchos impuestos la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble.

Se plantea la posibilidad de extinguir el condominio, surgiendo la duda de si se considera que pudiera existir una única comunidad de bienes, repartiéndolo como un solo lote, o si por el contrario, lo que existen son dos comunidades diferentes.

Pues bien, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado indicando que en este supuesto lo que existen son dos comunidades de bienes diferentes, aunque en ambos casos los herederos sean los mismos. Como consecuencia de ello, cada comunidad de bienes se ha de disolver de manera independiente, sin que sea posible la compensación a los comuneros con inmuebles que procedan de diferentes comunidades, ya que de producirse dicha circunstancia, se entendería que se ha llevado a cabo una permuta sujeta a TPO.

En tal caso, y analizando cada una de las comunidades de bienes por separado, si las adjudicaciones guardan la debida proporcionalidad conforme a las cuotas de las que son titulares, y no se produce exceso de adjudicación solo existe la obligación de tributar por la modalidad de AJD.

Lo mismo ocurriría cuando se producen excesos de adjudicación que son compensados en metálico al resto de comuneros.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

Comprobación por parte de la Administración del valor real de los inmuebles

Recientemente ya hablamos en nuestro blog sobre la comprobación del valor real de los inmuebles por parte de la administración hoy volvemos a hablar sobre esta histórica sentencia la de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo 1051/2018.

El Tribunal Supremo en esta sentencia de 19 de junio de 2018, cuestiona el método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble consistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral asignado al mismo, para comprobar el valor declarado a efectos del ITP-AJD.

la carga de la prueba para determinar el valor real de un inmueble no recae sobre el obligado tributario, sino sobre la propia Administración

la carga de la prueba para determinar el valor real de un inmueble no recae sobre el obligado tributario, sino sobre la propia Administración

El Tribunal Supremo establece que:

“El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Para mayor abundamiento, sostiene que “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”.

Resulta reseñable la exigencia que sea la Administración Tributaria la que

exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Esto es, considera que la carga de la prueba no recae sobre el obligado tributario, sino sobre la propia Administración:

“El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

Con esta destacable sentencia, se viene a proteger, en cierta manera, al obligado tributario de cierta indefensión en la que se encontraba en muchas de las ocasiones ante la comunidad autónoma de turno, cuando se calculaban valores de inmuebles con este método, sin ni tan siquiera realizar una mera visita “ocular” del inmueble en cuestión, y tener en cuenta elementos tan básicos a la hora de valorar un inmueble como es, por ejemplo, el estado de conservación entre otros.

En definitiva, muy valiosa la doctrina establecida por el Tribunal Supremo ya que, aunque si bien considera el método de los coeficientes por valor catastral como un método válido, exigirá a las comunidades autónomas a motivar mejor dichas valoraciones de inmuebles al recaer sobre ellas “la carga de la prueba”.

Luis Gajate Bonilla
Emede ETL Global