Nuevos requisitos para profesionales del asesoramiento a empresas

Los profesionales que se dediquen al asesoramiento de empresas, entre ellos, los Abogados, tienen motivos suficientes para estar inquietos ante la publicación en el BOE núm. 214, de 4 de septiembre de 2018, del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición, entre otras, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Este Decreto-Ley, modifica la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y de esta forma se establece la obligación de inscripción en el Registro Mercantil de las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. En el caso de personas físicas profesionales, la inscripción se practicará exclusivamente de forma telemática con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.

Los abogados, entre otros profesionales, del asesoramiento a empresas se enfrentan a nuevos requisitos para poder ejercer su actividad.

Los abogados, entre otros profesionales, del asesoramiento a empresas se enfrentan a nuevos requisitos para poder ejercer su actividad.

Igualmente, las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos establecidos en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A mayor abundamiento, la falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a estas actividades, tendrá la consideración de infracción leve, que lleva aparejada una sanción que podría alcanzar los 60.000 euros, y para evitar esta sanción, tendrán un año de plazo, desde la entrada en vigor de esta norma, para inscribirse en el Registro Mercantil, y deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley.

Sin duda, estamos ante una medida que afectará a gran parte de los asesores del país, que tras esta reforma verán -veremos- acrecentadas las obligaciones formales o indirectas que sobre su sector ya pesan. Estos requisitos, aunque en parte constituyen una nueva carga para os profesionales, se erigen en unas garantías para las personas que contraten sus servicios, que podrán conocer algunos datos adicionales de sus asesores hasta ahora confidenciales.

Rafael Roldán Álvarez-Claro
Méndez Padilla Abogados y Asociados

mendez-padilla-peq

La titularidad real de las empresas llega al Registro Mercantil

Los empresarios y comerciantes que desarrollan su actividad bajo la forma de sociedades mercantiles, van a tener que salir del anonimato y aparecer en el “escaparate” público que es el Registro Mercantil, siempre y cuando posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica (si el control es indirecto por medio de persona jurídica debe indicarse su identidad).

Es lo que se conoce o se entiende por titular real de las sociedades mercantiles, y trae su origen y causa en la prevención del blanqueo de capitales.

La titularidad real de las empresas deberá expresarse en el Registro Mercantil

La titularidad real de las empresas deberá expresarse en el Registro Mercantil

En este sentido, vemos como la UE está trabajando a máximo, para poder luchar contra el blanqueo de capitales, y dentro de esta particular “cruzada”, ha procedido a la reciente modificación de la Quinta Directiva, reestructurando la regulación comunitaria en materia de prevención de blanqueo de capitales, y ha introducido la obligación de que los Estados miembros aseguren la información sobre la titularidad real de las Sociedades y que ello se conserve en un Registro Central, tal y como se publicó en el diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

En España, ya se ha empezado a trabajar en esta línea marcada por Europa, y a tal efecto se dictó la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, publicada en el BOE de 26 de marzo de 2018, y que ya se encuentra en vigor, en la que habrá que incluir la titularidad real de la sociedad mercantil en cuestión. En ejercicios sucesivos el formulario correspondiente solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real.

Por tanto, mediante esta medida, que es una de las piezas clave en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales se pretende saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva, pero también se va a conocer a quienes están mayoritariamente detrás de las sociedades mercantiles, y fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas que operan bajo el sistema de sociedades de responsabilidad limitada y donde suele ser habitual la existencia de estos titulares reales que poseen más del 25% del capital social.

Con independencia de la prevención de capitales, esta nueva situación favorecerá los posibles embargos de participaciones de posibles deudores que, hasta ahora, se encontraban “ocultas” en una participación social no manifestada al exterior.

José Miguel Méndez Padilla - Méndez Padilla Abogados y Asociados

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados

mendez-padilla-peq

El reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada

En recientes fechas el Tribunal Supremo, se ha pronunciado en una Sentencia a favor de reconocer personalidad jurídica, y capacidad procesal a una sociedad disuelta y liquidada, o sea, extinguida.

La cuestión no era pacífica en la doctrina, ni tampoco en la jurisprudencia, donde incluso existían pronunciamientos contradictorios.

En la Sentencia nº 324/2017, de fecha 24 de mayo de 2017, dictada en Pleno por parte del Tribunal Supremo, considera que una sociedad cuya escritura de “extinción” ha sido inscrita en el Registro Mercantil y cancelados todos los asientos, pierde la personalidad jurídica para operar en el mercado como tal, pero sin embargo, la conserva respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.

Analizamos la Capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada

Analizamos la Capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada

Ello quiere decir que la personalidad jurídica, a efectos de una posible reclamación judicial, persiste mientras que existan, o puedan existir o aparecer con el transcurso del tiempo, efectos jurídicos derivados de los contratos, relaciones jurídicas de los actos de cualquier tipo llevados a término durante el tiempo en que se realizó su actividad empresarial, sin necesidad de solicitar la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación.

Dice nuestro Alto Tribunal que a los efectos de la liquidación de la sociedad, ésta sigue teniendo personalidad, y por ello, capacidad para ser parte demandada.

Esta misma postura es la que adopta la Dirección General de los Registros y Notariado, que se posiciona en la misma línea que la actual Sentencia del Tribunal Supremo, y prueba de ello, lo constituye la Resolución de fecha 14 de diciembre de 2016, en la que se afirma lo siguiente:

“Después de la cancelación persiste todavía personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación, en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de las que la sociedad es titular”.

Todo ello nos lleva a concluir que, la definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real, o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma, y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar, ni patrimonio sin repartir, por lo que habrá que tener presente que la liquidación de las sociedades no extinguirá la responsabilidad de las mismas, si hubieren quedado acreedores sin la satisfacción de su crédito, lo que nos lleva a recomendar que se tenga muy presente en las liquidaciones esta circunstancia, para evitar sorpresas.

Ana de los Ángeles Díaz Rosado - Méndez Padilla Abogados y Asociados

Ana de los Ángeles Díaz Rosado
Méndez Padilla Abogados y Asociados

mendez-padilla-peq