Las comisiones bancarias máximas

El pasado 5 de marzo de 2019 se publicó en el BOE, la Orden ECE/228/2019, de fecha 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación.

Esta Orden Ministerial, desarrolla el Real Decreto ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pagos básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones que, a su vez, supuso la trasposición a nuestro Ordenamiento Jurídico de la Directiva Comunitaria 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

Nuevo escenario para las comisiones bancarias

Nuevo escenario para las comisiones bancarias

Según lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto ley, se considera “cliente” o “potencial cliente” a aquellas personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, esto es, se reconoce dicha condición a aquellas personas que reúnen la condición de consumidor, quedando excluido de su aplicación cualquier otra persona física o jurídica distinta de la mencionada anteriormente. Asimismo, según lo previsto en el Capítulo I del Real Decreto ley la regulación sobre servicios, comisiones máximas, publicidad e información de las cuentas de pago máximas es únicamente de aplicación a las entidades de crédito, si bien, se deja la puerta abierta para que en el futuro se pueda extender la obligación de prestar dicho servicio u otro tipo de proveedores de servicios de pago distintos de las entidades de crédito.

La Orden Ministerial de fecha 28 de febrero de 2019, afronta diversas cuestiones reguladas en el Real Decreto que requieren la aprobación de una norma posterior para conseguir su máximo desarrollo, y entre las distintas cuestiones regula la fijación de una comisión máxima que las entidades pueden cobrar por servicios incluido en el contrato de cuenta de pago básica.

A tal efecto, el artículo 4 de la Orden, establece que por la prestación de la totalidad de los servicios incluidos en la cuenta de pago básica, la entidad podrá cobrar mensualmente al cliente una comisión máxima, única y conjunta no superior a 3 euros por la prestación de los siguientes servicios:

  • Apertura, utilización y cierre de cuenta.
  • Depósito de fondos en efectivo en euros.
  • Retiradas de dinero en efectivo en las oficinas o cajeros automáticos de la entidad situados en España o en otros Estados miembros de la Unión Europea.
  • Operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea de la Unión Europea.
  • Hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la Unión Europea consistentes en pagos realizados en ejecución de adeudos domiciliarios y transferencias, incluidos los pagos realizados en ejecución de órdenes de transferencia permanentes, en las oficinas de la entidad y mediante los servicios en línea de la entidad de crédito, cuando ésta disponga de ellos.En todo caso, las operaciones o gastos que excedan de cada una de las cuantías señaladas anteriormente, no podrán ser superiores en cómputo anual a las comisiones o gastos medios que aplique a la entidad para cada tipo de operación. En este sentido, se prevé que las comisiones o gastos medios, serán publicados trimestralmente por el Banco de España.

En la citada Orden se aborda igualmente, las reglas y procedimientos, que han de seguir los proveedores de servicios de pago en el proceso de ejecución del servicio de traslado de cuentas, cuya característica más relevante es que tendrá para el cliente el carácter de gratuito.

Esta norma, según la disposición final cuarta, entrará en vigor a los 20 días de la publicación en el BOE, por lo que, el día 25 de marzo de 2019 será de plena aplicación.

Ana de los Ángeles Díaz Rosado - Méndez Padilla Abogados y Asociados

Ana de los Ángeles Díaz Rosadoadiaz@mendezpadilla.es
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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Nuevos requisitos para profesionales del asesoramiento a empresas

Los profesionales que se dediquen al asesoramiento de empresas, entre ellos, los Abogados, tienen motivos suficientes para estar inquietos ante la publicación en el BOE núm. 214, de 4 de septiembre de 2018, del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición, entre otras, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Este Decreto-Ley, modifica la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y de esta forma se establece la obligación de inscripción en el Registro Mercantil de las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. En el caso de personas físicas profesionales, la inscripción se practicará exclusivamente de forma telemática con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.

Los abogados, entre otros profesionales, del asesoramiento a empresas se enfrentan a nuevos requisitos para poder ejercer su actividad.

Los abogados, entre otros profesionales, del asesoramiento a empresas se enfrentan a nuevos requisitos para poder ejercer su actividad.

Igualmente, las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos establecidos en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A mayor abundamiento, la falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a estas actividades, tendrá la consideración de infracción leve, que lleva aparejada una sanción que podría alcanzar los 60.000 euros, y para evitar esta sanción, tendrán un año de plazo, desde la entrada en vigor de esta norma, para inscribirse en el Registro Mercantil, y deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley.

Sin duda, estamos ante una medida que afectará a gran parte de los asesores del país, que tras esta reforma verán -veremos- acrecentadas las obligaciones formales o indirectas que sobre su sector ya pesan. Estos requisitos, aunque en parte constituyen una nueva carga para os profesionales, se erigen en unas garantías para las personas que contraten sus servicios, que podrán conocer algunos datos adicionales de sus asesores hasta ahora confidenciales.

Rafael Roldán Álvarez-Claro
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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La titularidad real de las empresas llega al Registro Mercantil

Los empresarios y comerciantes que desarrollan su actividad bajo la forma de sociedades mercantiles, van a tener que salir del anonimato y aparecer en el “escaparate” público que es el Registro Mercantil, siempre y cuando posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica (si el control es indirecto por medio de persona jurídica debe indicarse su identidad).

Es lo que se conoce o se entiende por titular real de las sociedades mercantiles, y trae su origen y causa en la prevención del blanqueo de capitales.

La titularidad real de las empresas deberá expresarse en el Registro Mercantil

La titularidad real de las empresas deberá expresarse en el Registro Mercantil

En este sentido, vemos como la UE está trabajando a máximo, para poder luchar contra el blanqueo de capitales, y dentro de esta particular “cruzada”, ha procedido a la reciente modificación de la Quinta Directiva, reestructurando la regulación comunitaria en materia de prevención de blanqueo de capitales, y ha introducido la obligación de que los Estados miembros aseguren la información sobre la titularidad real de las Sociedades y que ello se conserve en un Registro Central, tal y como se publicó en el diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

En España, ya se ha empezado a trabajar en esta línea marcada por Europa, y a tal efecto se dictó la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, publicada en el BOE de 26 de marzo de 2018, y que ya se encuentra en vigor, en la que habrá que incluir la titularidad real de la sociedad mercantil en cuestión. En ejercicios sucesivos el formulario correspondiente solo deberá ser cumplimentado si se han producido cambios en la titularidad real.

Por tanto, mediante esta medida, que es una de las piezas clave en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales se pretende saber quiénes son las personas físicas que están realmente detrás de las transacciones que son objeto de análisis por parte de los sujetos obligados a aplicar la normativa preventiva, pero también se va a conocer a quienes están mayoritariamente detrás de las sociedades mercantiles, y fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas que operan bajo el sistema de sociedades de responsabilidad limitada y donde suele ser habitual la existencia de estos titulares reales que poseen más del 25% del capital social.

Con independencia de la prevención de capitales, esta nueva situación favorecerá los posibles embargos de participaciones de posibles deudores que, hasta ahora, se encontraban “ocultas” en una participación social no manifestada al exterior.

José Miguel Méndez Padilla - Méndez Padilla Abogados y Asociados

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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