El reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada

En recientes fechas el Tribunal Supremo, se ha pronunciado en una Sentencia a favor de reconocer personalidad jurídica, y capacidad procesal a una sociedad disuelta y liquidada, o sea, extinguida.

La cuestión no era pacífica en la doctrina, ni tampoco en la jurisprudencia, donde incluso existían pronunciamientos contradictorios.

En la Sentencia nº 324/2017, de fecha 24 de mayo de 2017, dictada en Pleno por parte del Tribunal Supremo, considera que una sociedad cuya escritura de “extinción” ha sido inscrita en el Registro Mercantil y cancelados todos los asientos, pierde la personalidad jurídica para operar en el mercado como tal, pero sin embargo, la conserva respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.

Analizamos la Capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada

Analizamos la Capacidad procesal de una sociedad disuelta y liquidada

Ello quiere decir que la personalidad jurídica, a efectos de una posible reclamación judicial, persiste mientras que existan, o puedan existir o aparecer con el transcurso del tiempo, efectos jurídicos derivados de los contratos, relaciones jurídicas de los actos de cualquier tipo llevados a término durante el tiempo en que se realizó su actividad empresarial, sin necesidad de solicitar la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación.

Dice nuestro Alto Tribunal que a los efectos de la liquidación de la sociedad, ésta sigue teniendo personalidad, y por ello, capacidad para ser parte demandada.

Esta misma postura es la que adopta la Dirección General de los Registros y Notariado, que se posiciona en la misma línea que la actual Sentencia del Tribunal Supremo, y prueba de ello, lo constituye la Resolución de fecha 14 de diciembre de 2016, en la que se afirma lo siguiente:

“Después de la cancelación persiste todavía personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación, en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de las que la sociedad es titular”.

Todo ello nos lleva a concluir que, la definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real, o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma, y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar, ni patrimonio sin repartir, por lo que habrá que tener presente que la liquidación de las sociedades no extinguirá la responsabilidad de las mismas, si hubieren quedado acreedores sin la satisfacción de su crédito, lo que nos lleva a recomendar que se tenga muy presente en las liquidaciones esta circunstancia, para evitar sorpresas.

Ana de los Ángeles Díaz Rosado - Méndez Padilla Abogados y Asociados

Ana de los Ángeles Díaz Rosado
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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El vendedor podrá repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad

En recientísimas fechas la Sala civil del Tribunal Supremo, ha dictado una Sentencia que crea doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, y tiene su efecto directo en la interpretación de a quién corresponde abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en caso de venta de un inmueble.

La Sentencia nº 409/2016 dictada en fecha 15 de junio de 2016 por el Tribunal Supremo, cuyo ponente ha sido D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, declara, modificando la doctrina anterior, que el artículo 63.2 se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.

Según la normativa que resulta de aplicación el hecho imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles es la propiedad (art. 61 LHL), el sujeto pasivo es el propietario que lo sea al momento del devengo (Art. 63 LHL), y el devengo del impuesto coincide con el primer día del año natural (art. 75 LHL).

El supuesto de hecho del que trae causa la Sentencia es la venta el 16 de marzo de 2009 por parte de dos sociedades a otra compañía de 155 plazas de garaje en Madrid. En el procedimiento judicial que se inició se reclamó a la entidad compradora la cantidad de 8.562,14 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2009, importe que fue abonado previamente por las vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.

El asunto llega al Tribunal Supremo tras darle la razón el Juzgado de primera instancia a los vendedores, y después de que la Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid revocase la sentencia de primera instancia, y se pronunciase a favor de la parte compradora.

En el fundamento de derecho sexto de la Sentencia del Tribunal Supremo, se resuelve la cuestión estableciendo que la regla general en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.

Asimismo el Tribunal Supremo destaca que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en la parte proporcional al tiempo en que se hizo la transmisión y adquirió la propiedad el comprador.

Con esta resolución se abre la posibilidad a que los vendedores puedan recurrir a los Tribunales para recuperar parte del impuesto que abonaron de más.

Ana de los Ángeles Díaz Rosado
Abogada asociada en Méndez Padilla Abogados y Asociados

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Irrupción de una nueva figura en el mundo empresarial: El ‘compliance’ penal

La entrada en vigor de la modificación del Código Penal el día 1 de julio del pasado año 2015, ha hecho que irrumpa una nueva figura, hasta ahora, casi desconocida en el mundo empresarial de nuestro país, aunque con larga tradición en el mundo y derecho anglosajón. Nos referimos al “Compliance penal”.

La reforma introducida en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ya supuso, mediante una de las modificaciones más importantes en el derecho penal español, que se proscribiera la posibilidad de que una persona jurídica cometiera un delito, Pero, es con Ley Orgánica 1/2015 cuando, conforme se recoge en su preámbulo, se “lleva a cabo una mejora técnica de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Y es en esta ley, dónde se introduce la “innovación” que comentamos, al fijarse unos modelos de organización y gestión que pueden eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas, lo que se recoge en el artículo 31 bis del vigente Código Penal. Es ahí donde se fragua la figura del “compliance penal”.

Esta figura del Compliance penal parte de un modelo inspirado en el derecho comparado, en concreto, el norteamericano, y que se ha ido implantando paulatinamente en los países europeos. En definitiva se pretende que el empresario, realice una auditoria jurídica sobre las consecuencias penales de su actividad, y cuyo incumplimiento presupone que no tiene el debido control de la misma. Por tanto, la función primordial de dicho “control” implantado a través de un modelo de organización y gestión concreto es la posibilidad de eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica ante un eventual juicio.

La importancia de la implantación del mismo por parte del empresario radica en que un Juez penal comprobará, previamente, si la persona jurídica tenía implantado un programa de cumplimiento efectivo, valorando la calidad de dicho programa así como otros factores que condicionaran la eventual imputación de la persona jurídica, y a la vez, el juez que haya de dictar sentencia tendrá que valorar el programa de “compliance” como una prueba más en el proceso penal, para eximir o atenuar la responsabilidad.

En este orden de cosas, lo normal y razonable es que el empresario, con esta nueva regulación, implante lo que se ha venido a denominar un “Programa de Cumplimiento”, que tiene como función establecer los mecanismos de prevención de cualquier actividad ilícito-penal en el marco de la persona jurídica.

Para finalizar, cabe poner de manifiesto que recientemente se ha dictado una sentencia del Tribunal Supremo que aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo ésta de fecha 29 de febrero de 2016 (STS nº 154/2016, ponente señor Maza Martín), y en la que se aprecia, por primera vez dicha responsabilidad penal de varias empresas, imponiendo una multa de 775 millones de euros.

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados