Otras novedades relevantes de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo

El pasado día 2 de octubre de 2016, entró en vigor parte del contenido de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, ley 39/2015, en la que se incluyeron importantes novedades dentro de los procedimientos administrativos, por aplicación de su disposición final séptima, que establecía que la Ley entraba en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, algunas materias como las relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, esto es, el día 21 de octubre de 2017.

También es de destacar que se ha producido la derogación del anterior procedimiento sancionador, y también existen novedades en materia del procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y otras muchas.

Con objeto de la entrada en vigor de esta ley, ya fue tratado en otro “post” de este blog, una de las más importantes novedades del procedimiento, cual es, el cómputo de los plazos por días, declarándose los sábados como días inhábiles a efectos de cómputo.

Pues bien, existen otras novedades bastante relevantes de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que ha tenido su entrada en vigor el pasado día 2 de octubre, que son dignas de tener en cuenta por los administrados, siendo algunas las más significativas, las siguientes:

  • La nueva ley elimina el plazo de tres meses que fijaba la Ley 30/92, para recurrir los actos presuntos o producidos por silencio administrativo, de forma tal que, aunque se mantiene pero, de conformidad con los artículos 122,1 (alzada) y 124 (reposición), se podrán interponer los mismos contra los actos presunto “en cualquier momento”, esto es, desde el día siguiente a la producción del silencio.
  • Igualmente, la nueva ley introduce otra novedad, cual es, la eliminación de la reclamación administrativa previa al ejercicio de acciones civiles y laborales contra la administración, y que venía recogidas en el Titulo VII de la Ley 30/92. Se trataba de un requisito previo, que implicaba la obligatoria reclamación previa a la administración, que ahora es eliminada por la Ley 39/2015.

Con estas novedades, parece que el legislador ha querido favorecer al administrado, que ve como, además de acortarse plazos, elimina trabas para poder discutir sus asuntos con la Administración ante los órganos jurisdiccionales.

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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Cambios en los coeficientes de amortización

La reforma fiscal en parte propiciada por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades modifica las tablas de amortización, simplificándose y pasando a tener tan sólo 33 elementos. La nueva tabla de amortizaciones la podéis consultar en este post anterior.

Se nos presentan dos situaciones entre las que podemos optar:

  • No modificar el coeficiente de amortización y período máximo y seguir amortizando los elementos patrimoniales con las mismas condiciones que veníamos haciéndolo antes del 1-1-2015, siempre y cuando el nuevo porcentaje esté dentro del máximo y el mínimo con respecto del porcentaje anterior.
  • Modificar el coeficiente de amortización y período máximo según las nuevas tablas de amortización. Si la entidad opta esta opción, esto supondrá la modificación de la vida útil de los elementos , que representará un cambio de criterio contable, en este caso se pueden presentar dos situaciones:
    • Que el nuevo coeficiente lineal máximo haya aumentado.
    • Que el nuevo coeficiente lineal máximo haya disminuido.

En el caso de aumento del coeficiente lineal máximo las situaciones que pueden plantearse son las siguientes:

  1. Que el contribuyente decida seguir amortizando como venía haciéndolo, es decir que mantenga el mismo coeficiente de amortización, siempre y cuando, como hemos comentado anteriormente, el nuevo porcentaje esté dentro del máximo y el mínimo con respecto del porcentaje anterior.
  2. Que el contribuyente opte por los nuevos coeficientes de amortización: en este caso los elementos se amortizarán en los períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2015 durante los períodos impositivos que resten de su vida útil sobre el valor neto fiscal del elemento existente.

Por ello aconsejamos hacer un chequeo de los nuevos porcentajes de amortización para poder tomar la decisión más adecuada en cada caso.

Raquel Gómez Adarve
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Impuestos que hay que tener en cuenta en caso de divorcio

Tras una meditada decisión de separación o divorcio en el terreno sentimental, hay que dar una solución lo menos gravosa posible desde el punto de vista fiscal, a la separación del patrimonio en común de los cónyuges.

En este post, pasamos a enumerar los impuestos que pueden afectar a este procedimiento jurídico de disolución de la comunidad de bienes formada por los cónyuges bajo el régimen económico de gananciales o de separación de bienes.

En este último caso de un matrimonio regido por el régimen económico de separación de bienes, se trataría de realizar una extinción convencional del condominio de los bienes poseídos en común.

En el caso de un matrimonio en régimen económico de gananciales, si el proceso de división y adjudicación de la mitad del patrimonio correspondiente a cada uno de los cónyuges se lleva a cabo dentro de un acuerdo ratificado y finalizado con una sentencia judicial pueden existir un ahorro de impuestos por encontrarse exento el hecho imponible en cuestión bajo este supuesto.

Pasamos a enumerar los impuestos que en su caso, se podrían devengar en un proceso de separación o divorcio, y que serían:

  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Pasamos a realizar un breve análisis de los efectos de la aplicación de cada uno de ellos.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Según lo establecido en el artículo 45.1.B de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estarán exentas del impuesto:

“Las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales.”

La doctrina del Tribunal Supremo, en este sentido, establece que en el supuesto de las adjudicaciones y transmisiones originadas por la disolución del matrimonio, la exención de este tributo únicamente es aplicable a las disoluciones de comunidad de bienes en régimen de gananciales, no siendo por tanto aplicable la exención a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes.

La exención contemplada en la LITP art. 45.1.B no alcanza en ningún caso a los excesos de adjudicación que se produzcan en favor de un cónyuge con ocasión de la disolución de la sociedad de gananciales en la medida en que tal exención sólo afecta a las adjudicaciones en pago de su haber de gananciales y no a los excesos, cuya naturaleza es una transmisión de bienes y derechos entre cónyuges. En estos casos, se produciría la sujeción al ITPyAJD, en su modalidad TPO, siempre que existiese una compensación económica dada la exigencia de la nota de onerosidad para que se produzca la sujeción. Por el contrario, si el exceso de adjudicación fuera consecuencia de un negocio a título gratuito se sujetaría al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El artículo 33.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que:

“2. Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:
b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.”

Conforme con lo anterior, la disolución de la sociedad de gananciales y la posterior adjudicación a cada uno de los cónyuges de su correspondiente lote de bienes por su participación en la sociedad, no constituye ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios que pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, siempre y cuando la adjudicación se corresponda con la respectiva cuota de titularidad.

En este supuesto no se podrán actualizar los valores de los bienes o derechos recibidos, que conservarán los valores de adquisición originarios, y, a efectos de futuras transmisiones, las fechas de adquisición originarias.

Solo en el caso de que se atribuyesen a uno de los cónyuges bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existiría una alteración patrimonial en el otro cónyuge, generándose una ganancia o pérdida patrimonial.

Por su parte, el artículo 33.3.d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que:

“Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos:
d) En la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, cuando por imposición legal o resolución judicial se produzcan compensaciones, dinerarias o mediante la adjudicación de bienes, por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges.
Las compensaciones a que se refiere esta letra d) no darán derecho a reducir la base imponible del pagador ni constituirá renta para el perceptor.
El supuesto al que se refiere esta letra d) no podrá dar lugar, en ningún caso, a las actualizaciones de los valores de los bienes o derechos adjudicados.”

En cada caso concreto, se tendrá que realizar un análisis pormenorizado de las adjudicaciones y de la tipología de los bienes que se pretende adjudicar para concluir que nos encontramos ante los supuestos de exención regulados por la normativa del IRPF.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Para este impuesto con independencia del régimen matrimonial de la sociedad conyugal que se disuelve, en el caso de extinción del condominio sobre inmuebles, se produce el devengo de la conocida como “plusvalía municipal”.

No obstante, si la disolución se realiza judicialmente, por medio de sentencia, la transmisión realizada estará exenta en este impuesto.

Así se regula en el artículo 104.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que establece lo siguiente:

“Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.”

Esperamos que estas pinceladas normativas os puedan servir de ayuda.

Isabel Díaz Rosado
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP