Justificación de dietas y de gastos de desplazamiento

Una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de fecha 6 de noviembre de 2018, establece los criterios sobre la justificación de las dietas y otros gastos de desplazamiento para que tengan la consideración de cantidades no sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La controversia entre los trabajadores y la Administración Tributaria, surgía cuando la Agencia Tributaria en un proceso de comprobación solicitaba a los trabajadores la justificación documental de determinadas cantidades declaradas como exentas en el IRPF, por tener la consideración de cantidades destinadas a resarcir al trabajador de los gastos incurridos por desplazamientos ocasionados como consecuencia de necesidades laborales.

Esta resolución del TEAC establece cómo se deben acreditar dietas y gastos de desplazamiento exentos de IRPF como, por ejemplo, los gastos en los que incurre un trabajador durante un viaje de negocios

Esta resolución del TEAC establece cómo se deben acreditar dietas y gastos de desplazamiento exentos de IRPF como, por ejemplo, los gastos en los que incurre un trabajador durante un viaje de negocios

Si el trabajador no podía acreditar documentalmente la justificación de los desplazamientos, se le emitía por parte de la Administración la correspondiente liquidación imputando las dietas como mayor renta del trabajo, liquidando intereses y además sancionando.

Hasta el momento, si la Administración requería al trabajador para que acreditase documentalmente los motivos y los justificantes de las cantidades declaradas como exentas en concepto de dietas y gastos de desplazamiento, el trabajador se veía indefenso puesto que en la mayoría de los casos esos justificantes obran en poder de la empresa.

Pues bien, la Resolución del TEAC ha zanjado la cuestión, al establecer los criterios que debe seguir la Administración Tributaria en estos casos:

  1. Los gastos de locomoción mediante el uso del vehículo privado, así como los de manutención deberán ser acreditados por el pagador (la empresa), correspondiéndole a la misma justificar el día, el lugar y el motivo laboral del desplazamiento, puesto que así lo establece el Reglamento del IRPF. No obstante, el trabajador voluntariamente podrá aportar la justificación de los gastos, si esta obra en su poder.
  2. En caso de haberse utilizado medio de transporte público, los gastos de desplazamiento deberán acreditarse por el trabajador, salvo que éste alegue que los justificantes documentales están en poder de la empresa.
  3. La acreditación de la vinculación de los gastos con la actividad desarrollada por la empresa corresponderá a la empresa.
  4. La Resolución excluye de este criterio a aquellos trabajadores que dada su vinculación con la empresa, se les permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas, tales como socios mayoritarios o administradores.
  5. La AEAT no podrá hacer tributar a un trabajador sin, antes, intentar obtener de su pagador la documentación que justifica las exenciones consignadas en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

Por tanto, la Resolución del TEAC viene a clarificar la exigencia de unas pruebas, que en la mayoría de los casos, no le correspondía acreditar al trabajador.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos

Novedad muy importante por la modificación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

La nueva modificación del artículo 348 indica que, salvo que se incluya una disposición contraria de los estatutos sociales, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil, el socio que haga constar en el acta de la Junta General su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos, tendrá derecho de separación en el caso de que no se acuerde distribuir como dividendo, al menos, el 25 por ciento de los beneficios del ejercicio anterior legalmente distribuibles, siempre que se hayan obtenido beneficios en los tres ejercicios previos.

Si la sociedad ha obtenido beneficios en los 3 ejercicios previos, se puede reclamar la distribución de al menos el 25% de los beneficios del ejercicio anterior

Si la sociedad ha obtenido beneficios en los 3 ejercicios previos, se puede reclamar la distribución de al menos el 25% de los beneficios del ejercicio anterior

Es decir, que las sociedades que no indiquen nada en sus estatutos sociales, tengan una antigüedad superior a 5 años, hayan tenido beneficios en los 3 ejercicios anteriores, deberán distribuir dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio anterior en un importe superior al 25%.

Si no se realiza, cualquier socio puede efectuar una protesta en la junta general ordinaria de aprobación de cuentas, de la gestión social y de distribución del resultado que debe celebrarse durante el plazo de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio social de las cuentas anuales que se pretenden aprobar y ejercer su derecho de separación, en el plazo de 1 mes, como socio, valorándose su participación y entregándole su importe.

Sin embargo, aun cuando se produzca esta circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos en los últimos 5 años equivale, por lo menos, al 25 por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en el periodo. Esta situación se entiende sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que puedan ejercitarse.

En relación a los socios que no hayan protestado, para suprimir o modificar la causa de separación será necesaria la unanimidad, o lo que es igual, el consentimiento de todos, salvo que en Estatutos se prevea lo contrario. Por lo tanto, recomendamos:

  • A las sociedades que tengan planes de reinversión de sus resultados en la propia empresa, la modificación de sus estatutos sociales.
  • A los socios de sociedades con resultados positivos constantes pero sin ser compensados con el correspondiente dividendo, el estudio de los antecedentes societarios y la elaboración de una estrategia de protesta en la próxima junta general ordinaria de la sociedad, analizando el procedimiento de separación, plazo y posible valoración de la sociedad en su porcentaje correspondiente.

Quedan exoneradas de esta modificación las sociedades cotizadas o con acciones negociadas en un sistema multilateral, aquellas que se encuentren en concurso o que al amparo de la legislación concursal hayan iniciado, con conocimiento del juez, negociaciones para un acuerdo de refinanciación o para lograr adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y las sociedades anónimas deportivas quedan exoneradas del nuevo sistema de separación de los socios en caso de falta de distribución de dividendos.

Juan Manuel Toro Fernández - Emede ETL GLobal

Juan Manuel Toro Fernández
Socio de Emede ETL Global

Año nuevo: nuevas medidas en materia laboral y social

Comienza el año 2019 y lo hace a golpe de Decreto con medidas en materia social, laboral y de empleo no exentas de polémica.

Analizamos algunas de las medidas en materia social, laboral y de empleo que entran en vigor en 2019

Analizamos algunas de las medidas en materia social, laboral y de empleo que entran en vigor en 2019

A continuación, resumimos algunas de ellas:

Salario Mínimo Interprofesional

En primer lugar, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se incrementará hasta los 900 euros mensuales. Obviamente, a estas alturas todos conocíamos el titular; si bien, la magnitud de la foto ha eclipsado la letra pequeña.

En efecto, la medida contempla dos excepciones que dejará esa subida salarial en papel mojado para un amplio sector de trabajadores –según cálculos de la CEOE más 3 millones de trabajadores-. La primera de las referidas excepciones, se producirá cuando las leyes de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla establezcan el salario mínimo interprofesional “como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a dichas prestaciones, beneficios o servicios públicos”.

La segunda será cuando un convenio colectivo, un acuerdo de empresa o cualquier pacto de naturaleza privada “use el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto”.

Así, cuando se produzca la referencia al SMI se entenderá que la cuantía de dicha renta es el salario mínimo del año 2016 -655,20 euros mensuales- incrementado en la misma cuantía que suba el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Prácticas universitarias incluidas en la Seguridad Social

En segundo lugar, otra de las medidas más discutidas ha sido la obligación de que todos los estudiantes universitarios que realicen prácticas formativas –tanto curriculares como no curriculares- deban ser incluidos en la Seguridad Social. Nuevamente, y a pesar de la bondad de la medida, los rectores de las universidades españolas han alertado de cual será la consecuencia de hacer cargar, otra vez, a los empresarios con las cuotas: la caída del número de becas disponibles.

Derogación de incentivos a la contratación

En tercer lugar, no debe quedar en barbecho la derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación, lo que implicará que los empresarios no podrán echar mano del contrato indefinido de apoyo a emprendedores o de la posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años, eliminándose también numerosos incentivos a la contratación.

Incremento de la cotización de los autónomos

En cuarto lugar, el Gobierno ha vuelto a apretar las tuercas a los autónomos: se establece un incremento del 1,25% en la base mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo de cotización, se establece en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022. Igualmente, se modifica la tarifa plana, que pasa a ser de 60 euros durante los primeros doce meses –si se cotiza por la base mínima-.

Medidas contra el fraude

Y, por último, se lanzan otras dos medidas adicionales que permiten atisbar donde seguirá combatiéndose el fraude durante el año 2019: por un lado, se establece un recargo a la contratación eventual de corta duración y, por otro, se incorpora un nuevo tipo de infracción laboral grave para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo.

Antonio J. Rodríguez Morones
Ius Laboral Abogados