Fiscalidad de la devolución de intereses por las cláusulas suelo

Vamos a analizar en este post del blog cuál es el tratamiento fiscal para las cantidades percibidas en concepto de devolución de intereses satisfechos por las cláusulas suelo.

Como veníamos comentando en publicaciones anteriores y, haciendo referencia al Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, publicado en el BOE el 21 de enero de 2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, se regula el procedimiento de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por este concepto, y se crea un procedimiento para agilizar en cierta medida la devolución de las mismas.

Mucho se ha hablado de la devolución de intereses por claúsulas suelo por ello hay que contextualizar el tema fiscalmente

Mucho se ha hablado de la devolución de intereses por claúsulas suelo por ello hay que contextualizar el tema fiscalmente

Además de lo anterior, también se regula el tratamiento fiscal en la Disposición final primera del mismo, por el que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), modifica parcialmente las leyes del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Respecto al IRPF, se añade una nueva disposición adicional cuadragésima donde se regula el “tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.” a tener en cuenta a partir de la entrada en vigor del mismo (22.01.2017) y ejercicios anteriores no prescritos:

  1. No se incluirán en la base imponible las cantidades percibidas por la devolución derivada de acuerdos celebrados con las entidades financieras, tanto si ha sido en metálico como por compensación, tampoco los intereses indemnizatorios.
  2. Respecto a las cantidades que el consumidor pagó previamente:
    1. Si las mismas se incluyeron en la base de deducción por inversión en vivienda habitual estatal o autonómica, se pierde el derecho de la misma, estando obligado a integrar las cantidades percibidas en la base líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera sin incluir los intereses de demora (solo por las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios no prescritos), así si se percibiera en 2016 habría que integrar estas cantidades deducidas en los ejercicios del 2012 al 2015 en las casillas 524 y 526 de la Declaración de la Renta del ejercicio 2016 (a presentar en abril, mayo o junio de 2017). Esto último no se tendrá en cuenta respecto de las cantidades que se hayan destinado a minorar el principal del préstamo.
    2. En el caso de haber considerado las cantidades como gasto deducible en el caso de rendimientos de actividades económicas o rendimientos de capital inmobiliario, se perderá tal consideración, estando obligado el contribuyente a presentar autoliquidación complementaria quitando estas cantidades sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo, correspondiente a los ejercicios no prescritos en los que se haya deducido, el plazo de presentación estará comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación del Impuesto.
    3. Si las cantidades se han realizado en ejercicios cuyo plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad a la fecha del acuerdo, directamente no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni estatal ni autonómica, ni serán gastos deducibles tanto en rendimientos de Actividades Económicas como en rendimientos de capital inmobiliario.

Los apartados anteriores se tendrán en cuenta también en los casos de devolución como consecuencia de la ejecución de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

Para finalizar, en el caso de aquellos contribuyentes que ya hubieran regularizado dichas cantidades debido a que la sentencia fuese anterior podrán rectificar sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia. Además os Recomiendo la lectura del post: Devolución de las cláusulas suelo en la declaración de la renta

Beatriz Gaspar García - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Beatriz Gaspar García
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

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Los Libros Registros del IVA

En este post vamos a aclarar cómo debe figurar el Impuesto sobre el Valor Añadido en los Libros Registros.

Cuando recibimos un requerimiento relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido son muchas las dudas que nos asaltan a la hora de preparar la documentación solicitada por la Agencia Tributaria.

El IVA consignado en los Libros Registros debe coincidir con el declarado en el Modelo 303

El IVA consignado en los Libros Registros debe coincidir con el declarado en el Modelo 303

La información solicitada suelen ser los Libros Registros de Facturas Expedidas y Recibidas y ¿cuáles son los datos que se deben incorporar en los mismos? El detalle de estos datos está contenido en los artículos 63 y 64 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y que vienen a ser los siguientes:

  1. El número de factura y, en su caso, serie.
  2. La fecha de expedición de la misma (la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior).
  3. El nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del destinatario.
  4. La base imponible de las operaciones.
  5. El tipo impositivo y la cuota tributaria.
  6. Si la operación se ha efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja, se deberán incluir las fechas del pago, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso e indicar del medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de la operación.
  7. En caso de importación habrá que indicar el número de DUA (Documento Único Administrativo).

Los importes consignados en los Libros Registros deben coincidir con los consignados en los modelos 303 de Autoliquidación del IVA.

Espero que esta información os resulte útil y práctica.

Lidia Planas Martín - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Lidia Planas Martín
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

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Derecho de separación del socio minoritario

El pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor, con plenos efectos, el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta disposición, fue inicialmente aprobada el 2 de octubre de 2011 (Ley 25/2011 de 1 de agosto); posteriormente suspendida el 24 de junio de 2012 (Ley 1/2012 de 22 de junio), y prorrogada su suspensión hasta el 31 de diciembre de 2016 (Nº 2 de Disposición Final 1ª Ley 9/2015, de 25 de mayo y por el RD Ley 11/2014 de 5 de septiembre).

El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital regula el derecho de separación de socios, si la sociedad no reparte dividendos a partir de su quinto año de vida. Este precepto que ha tenido tantas idas y venidas, es motivo de polémica por ser causante de gran conflictividad societaria. En concreto, el artículo 348 bis establece lo siguiente:

“ 1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas.”

La separación de un socio minoritario es posible a partir del quinto año sin reparto de dividendos

La separación de un socio minoritario de forma unilateral es posible a partir del quinto año sin reparto de dividendos

Bajo este supuesto, cualquier socio minoritario de una sociedad no cotizada, puede solicitar la salida de la sociedad si no se encuentra conforme con la política de distribución de dividendos acordada por el Órgano de Administración y por la mayoría de los socios.

El socio minoritario tiene derecho a solicitar el reparto de dividendos a partir del quinto ejercicio desde la fecha de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil (el primer año debe contarse aunque sea incompleto).

La sociedad estaría obligada a distribuir al menos un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social, obtenidos durante el año anterior.

En caso de negativa, el socio tendría derecho a solicitar su salida del capital social, estando la sociedad obligada a adquirir sus participaciones. El socio para poder ejercer su derecho de separación, deberá comunicarlo por escrito a la sociedad dentro del plazo de un mes desde la fecha de celebración de la junta.

Dicho artículo genera polémica, y encuentra tanto defensores como detractores. Por un lado, este precepto trata de proteger el derecho del socio minoritario a percibir dividendos de la sociedad, defendiendo su derecho frente a las decisiones del Órgano de Administración y frente a la voluntad de los socios mayoritarios.

Por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, se obliga a ésta a efectuar una distribución de dividendos, o bien a la adquisición de las participaciones del socio que quiera marcharse, con el consiguiente desembolso de liquidez, sin tener en consideración la situación patrimonial y financiera de la sociedad.

El acuerdo de la mayoría de los socios a la negativa reiterada de distribuir dividendos puede ser tan abusivo, como el derecho de la minoría a exigir a la sociedad la distribución de un tercio de los beneficios, si la sociedad no dispone de liquidez en ese momento para afrontar el desembolso.

Cabe señalar asimismo, que pueden surgir dudas sobre la literalidad de la norma y matices que den lugar a controversia:

  • En primer lugar, el requisito de que “el socio hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales”. Se indica que es requisito que el socio hubiera votado a favor de la distribución de beneficios sociales, pero no especifica si debe ser de forma reiterada.
  • En segundo lugar, el concepto de “beneficios propios de la explotación del objeto social”. Parece que la voluntad del legislador es excluir los beneficios extraordinarios o atípicos de la sociedad. Bajo ese supuesto, no se considerarían los ingresos financieros o los resultados extraordinarios, tengan o no una cuantía significativa.
  • El socio que ejerza el derecho de separación, puede exigir a la sociedad que le pague el valor razonable de la participación. El acuerdo entre las partes sobre ese valor puede ser otro foco de conflicto.
  • Otra cuestión que ha dado lugar a polémica, es si es posible condicionar, o incluso suprimir ese derecho del socio mediante un pacto estatutario.

Sin duda, se van a plantear muchas situaciones que no siempre serán satisfactorias para ambas partes, y que generarán un conflicto que en última instancia se tendrá que dirimir ante los Juzgados o Tribunales.

Reseñar por último, que las sociedades deben tener en cuenta a partir de ahora los efectos de la entrada en vigor de este artículo 348 bis por el impacto que pueda tener en sus cuentas y en su tesorería, la posible salida de los socios minoritarios o el reparto de dividendos.

En cualquier caso, habrá que estar a la expectativa de la evolución y vigencia que tenga esta norma de cara al futuro.

Isabel Díaz Rosado - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Isabel Díaz Rosado
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP