Plazo para rectificar cuotas de IVA repercutidas en exceso

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de Febrero de 2018, ha venido a aclarar el plazo con el que cuenta el sujeto pasivo para poder rectificar una cuota de IVA repercutido.

Puede suceder, que con posterioridad a la emisión de una factura expedida, se pueda producir una modificación del precio al alza o la baja, que obligará a emitir una factura rectificativa, y en consecuencia, se verá también modificada la cuota repercutida de IVA.

Analizamos una sentencia del Tribunal Supremo por la que se establece el plazo para rectificar cuotas de IVA repercutidas en exceso

Analizamos una sentencia del Tribunal Supremo por la que se establece el plazo para rectificar cuotas de IVA repercutidas en exceso

El artículo 89 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que:

“Art.89.Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible.

La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80.”

La Sentencia referida, clarifica y precisa que en el caso de que la modificación de la base imponible suponga una minoración de la cuota repercutida, surgen dos plazos sucesivos:

  • Un primer plazo, para rectificar las cuotas impositivas repercutidas que se establece en 4 años, tal y como regula el artículo 89.
  • Un segundo plazo, para que el sujeto pasivo regularice su situación tributaria, en cuyo caso, si la rectificación implica una minoración de las cuotas repercutidas, dispone de un año para solicitar y obtener la devolución de las cuotas ingresadas en exceso.

Como siempre esperamos que esta información os resulte de utilidad.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

Costas del procedimiento económico-administrativo

Una de las novedades que nos ha traído el año 2018 es la posibilidad, hasta ahora inexistente, de quedar condenados al pago de las costas del procedimiento cuando se interpone una reclamación económico-administrativa frente a un acto o liquidación tributaria.

Recuérdese que pese a que las reclamaciones económico-administrativas se interponen ante los Tribunales Económico-Administrativos, esta denominación no debe llevar a engaño, dado que estos últimos no dejan de ser el último órgano administrativo de revisión, cuya responsabilidad es velar por la correcta aplicación del Derecho en los actos emanados de la Administración Tributaria.

La condena en costas llega a las reclamaciones económico-administrativas frente a un acto o liquidación tributaria.

La condena en costas llega a las reclamaciones económico-administrativas frente a un acto o liquidación tributaria.

La esencia de la actuación administrativa se basa en su gratuidad, nadie en principio debe verse obligado a pagar un precio por ser parte interesada en un procedimiento administrativo. No obstante lo anterior, parece que la tendencia actual es romper con los paradigmas tradicionales que han venido imperando en la actuación administrativa, y uno de ellos es, la posible condena en costas en una reclamación económico-administrativa.

Esta facultad legal fue introducida en el año 2015, en el articulo 234.5 de la Ley 58/2003 General Tributaria, por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, pero no ha sido hasta el ejercicio 2018 cuando se ha aprobado finalmente su necesario desarrollo reglamentario, el cual se ha introducido en el articulo 51 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Las notas básicas de esta nueva normativa son las siguientes:

  • Las costas se impondrán al contribuyente cuando se aprecie que su reclamación económico-administrativa no responde a una apreciación fundada en Derecho sino a la mala fe, al fraude procesal o al uso abusivo de la norma jurídica, con una finalidad dilatoria.
  • La concurrencia de mala fe, abuso del derecho o fraude procesal debe ser apreciada por el propio Tribunal Económico-Administrativo.
  • Aunque ese tipo de fraudes procesales podrían ser asimismo predicables, en algunos casos, a la propia Administración Tributaria, sin embargo, no cabe en principio la condena en costas en contra de la Administración.
  • Se establece una regla de cuantificación de las costas, independiente de la complejidad del recurso y de la actuación procesal de cada una de las partes, y se fija en un 2% de la cuantía del recurso, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado.
  • En el caso de estimación, en la reclamación económico-administrativa, de al menos una las pretensiones formuladas por el contribuyente, no cabrá en ningún caso condena en costas.
  • La condena en costas no es susceptible de ser recurrida de manera independiente. En el supuesto de que se desee plantear recurso contra la condena en costas, deberá hacerse de forma conjunta con el resto de las cuestiones planteadas en la reclamación económico-administrativa.

Sin perjuicio de que esta nueva normativa viene inspirada por un evidente ánimo disuasorio, lo cierto es que la posibilidad de quedar condenado al pago de las costas ha de tenerse muy presente, a partir de ahora, al plantear una reclamación económico-administrativa, del mismo modo que habrá que estar atentos, de cara a evaluar los riesgos de la interposición de una recurso, sobre el criterio que seguirán los distintos Tribunales Económico-Administrativos a la hora de llevar a la práctica estas disposiciones reglamentarias y si las aplicarán de una forma laxa, quedando reservada para casos excepcionales, o por el contrario, de una forma rigurosa.

Ramón Bocos Lerma - Emede ETL Global

Ramón Bocos Lerma
Emede ETL Global

Blind CV: el camino hacia el Curriculum Vitae anónimo

Analizamos en este post el estado en el que se encuentra el proyecto de implantación del Blind CV y sus potenciales pros y contras.

Históricamente, la discriminación durante los procesos de reclutamiento era una materia que no había sido abordada con determinación. Esto se ha debido a múltiples razones: la escasa formación de los seleccionadores en materia de relaciones laborales –y, más concretamente, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación-, la ausencia de criterios de reclutamiento tasados, el escaso feedback entre seleccionador y candidato o la inexistencia de planes de igualdad que impusieran buenas prácticas en esta materia.

Actualmente se prepara el proyecto del Curriculum Vitae anónimo

Actualmente se prepara el proyecto del Curriculum Vitae anónimo

Esta falta de transparencia generaba –y aún genera- múltiples problemas a la hora de probar y acreditar que la exclusión de un candidato no ha sido motivada por circunstancias estrictamente profesionales o curriculares. Factores tan diversos como la edad, el sexo, la imagen personal o, incluso, la intención de tener un hijo, se han erigido tradicionalmente como barreras para la consecución de un puesto de trabajo.

En los últimos años, y al margen de los avances en materia de discriminación indirecta, la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social han impuesto sanciones –e indemnizaciones por daños y perjuicios- a aquellas empresas que no fueran capaces de justificar, de forma objetiva y razonable, las razones por las que se había excluido un perfil profesional en un proceso de selección de personal en favor de otro con menor experiencia o formación.

Paralelamente, la implantación de planes de igualdad se ha constituido como una herramienta útil para identificar prácticas discriminatorias en materia de selección y reclutamiento, y proponer así acciones positivas que puedan erradicar este tipo de prácticas.

El pasado verano, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fue un paso más allá y presentó el protocolo de adhesión al Proyecto para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de currículum vítae anónimo –currículum “ciego” o “Blind CV”- para la selección de personal.

A través de dicho Proyecto, cuya implantación y evaluación se producirá en breve, se pretende que nada que no sean las competencias profesionales pueda tener injerencia en la decisión de los profesionales encargados de la preselección.

A pesar de las evidentes bondades de eliminar ciertos prejuicios iniciales, los expertos recelan de estos sistemas, y ello porque la información que se omite –sexo, edad, lugar de nacimiento, etc.- se puede deducir en muchos casos y, adicionalmente, nada impedirá que una vez que avance el proceso de selección en la etapa de las entrevistas personales se tomen decisiones basadas en los mismos perjuicios que citábamos.

No obstante, es innegable que esta medida ayudará a romper ciertos estigmas, generará una mayor objetividad durante la fase de selección previa e impregnará el proceso de selección de personal de cierto halo de honestidad, para favorecer el progresivo cambio cultural y de mentalidad necesarios para el objetivo final: procesos de selección libres de discriminación.

Antonio J. Rodríguez Morones
Ius Laboral Abogados
– Colaborador de Emede ETL Global