El motivo económico válido en la reorganización empresarial

Mucho se ha escrito sobre el concepto tributario del “motivo económico válido”. Para situar al lector, en primer lugar, debemos indicar que la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, en su capítulo VII contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

Básicamente, este régimen consiste en diferir la tributación que se originaría en cualquiera de las operaciones anteriores tanto en imposición directa (IRPF e IS) como indirecta (IVA, Operaciones Societarias o Plusvalía Municipal). Con ello, lo que persigue el legislador es evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de cualquiera de las operaciones de reestructuración empresarial indicadas anteriormente. No obstante lo anterior, el artículo 89.2 de la Ley del IS, limita la aplicación de este régimen:

“No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.”

Al realizar una reestructuración empresarial hay que cumplir con el requisito de tener al menos un motivo económico válido

Al realizar una reestructuración empresarial hay que cumplir con el requisito de tener al menos un motivo económico válido

Por tanto, exige, como requisito “sine quanon” la existencia de un “motivo económico válido”. Sin el mismo, se devengaría la tributación oportuna. Es imprescindible, a la hora de realizar cualquier tipo de reestructuración empresarial, un estudio detallado y exhaustivo de los “motivos económicos” que puedan darse en cada caso concreto, así como analizar los pronunciamientos de la Dirección General de Tributos, para dotar de seguridad jurídica a la operación. Requiere un esfuerzo argumental por parte del obligado tributario para poder acreditar que la finalidad principal no sea un mero ahorro fiscal. Existiendo el motivo puede darse sin inconveniente alguno, pero ojo, el motivo principal siempre ha de ser económico-empresarial y no fiscal.

Si analizamos la doctrina de la Dirección General de Tributos en relación a este tema, la misma es diversa. El más manido motivo es la simplificación administrativa, que evite duplicidad de costes para aumentar la rentabilidad en una fusión, facilitar una planificación sucesoria ordenada en empresa familiar si se realiza una aportación no dineraria de participaciones a una holding, o la existencia de un conflicto de socios en el caso de una escisión, o el preservar el patrimonio inmobiliario del riesgo empresarial, incluso se acepta como motivo económico posibilitar la aplicación del régimen fiscal de consolidación en el IS. Como curiosidad, recientemente la DGT ha aceptado también que la minimización de los riesgos del Brexit es un motivo económico válido.

Como hemos podido comprobar, es diverso y variopinto el motivo que puede alegarse para la realización de las operaciones de reestructuración empresarial, su existencia es imprescindible para la aplicación del régimen. Además debemos asegurarnos que el hipotético ahorro fiscal que pudiera producirse, no sea significativo al lado de las ventajas económicas y empresariales. Por ello, ante todo proceso de reorganización empresarial debemos plantearnos si cumplimos o no con el requisito del “motivo económico válido” y después compararlos cuando conviva también con ahorros o ventajas fiscales relevantes.

Luis Gajate Bonilla
Emede ETL Global

Las prestaciones por maternidad están exentas del pago del IRPF

Durante este mes de octubre el Tribunal Supremo ha publicado algunas sentencias que han dado un giro a las normas aplicadas hasta ahora. Una de ellas es la que establece que las prestaciones percibidas de la Seguridad Social tras el nacimiento de un hijo están exentas de este impuesto.

Cuando una trabajadora da a luz tiene derecho a 16 semanas de descanso que puede compartir con el padre. Durante este periodo, la Seguridad Social es quien abona la prestación por maternidad en función de la base de cotización. Hasta ahora, la Agencia Tributaria había defendido que esta ayuda debía tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo, pero se retracta ahora con esta sentencia del Tribunal Supremo.

Las prestaciones por maternidad están exentas del pago del IRPFLa sentencia en cuestión de fecha 3 de octubre de 2018 ratifica la anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017 en la que se estimaba el recurso interpuesto por una madre y se obligaba a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas en la liquidación del año 2013 en concepto de prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social de ese ejercicio.

El recurso se inició por un abogado del Estado por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argumentando, entre otros motivos, que “la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso”.

La Seguridad Social ya ha anunciado que dejará de retener el IRPF en las prestaciones que comiencen a tramitarse a partir de ahora. Sin embargo, desde la Agencia Tributaria todavía no hay confirmación de los trámites a seguir para una posible reclamación de aquellas declaraciones que no hayan prescrito, es decir, desde el año 2014, aunque aseguran que están trabajando para poner en marcha un proceso sencillo que permita la devolución y que no requiera esfuerzo extra para los ciudadanos aunque no especifican cuándo estará disponible.

Por otra parte, Hacienda también se encuentra a la espera de las interpretaciones que pueda hacer de la sentencia la Dirección General de Tributos para que aclaren si la prestación por paternidad también debería estar exenta del IRPF, ya que la sentencia del Tribunal Supremo y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tan solo se refieren a las “prestaciones públicas por maternidad”.

Adriana Martín Moreno
Ius Laboral Abogados

Extinción de condominio de inmuebles procedentes de padres fallecidos

Procedemos a estudiar una reciente consulta vinculante de fecha 4 de julio de 2018 en la que se analizan los efectos en el ITP y AJD de la extinción del condominio de varios inmuebles, procedentes de las herencias de los padres fallecidos.

Tres hermanos de una misma familia son propietarios en proindiviso de varios inmuebles, los cuales han sido adquiridos por un lado, por la herencia del padre, y por otro por la herencia de la madre, habiéndose constituido cada una de ellas en un momento temporal distinto, esto es, en el momento del fallecimiento de cada uno de los padres.

Los Tribunales nos traen una importante sentencia para la fiscalidad ya que en muchos impuestos la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble.

Los Tribunales nos traen una importante sentencia para la fiscalidad ya que en muchos impuestos la base imponible viene determinada por el valor real de dicho inmueble.

Se plantea la posibilidad de extinguir el condominio, surgiendo la duda de si se considera que pudiera existir una única comunidad de bienes, repartiéndolo como un solo lote, o si por el contrario, lo que existen son dos comunidades diferentes.

Pues bien, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado indicando que en este supuesto lo que existen son dos comunidades de bienes diferentes, aunque en ambos casos los herederos sean los mismos. Como consecuencia de ello, cada comunidad de bienes se ha de disolver de manera independiente, sin que sea posible la compensación a los comuneros con inmuebles que procedan de diferentes comunidades, ya que de producirse dicha circunstancia, se entendería que se ha llevado a cabo una permuta sujeta a TPO.

En tal caso, y analizando cada una de las comunidades de bienes por separado, si las adjudicaciones guardan la debida proporcionalidad conforme a las cuotas de las que son titulares, y no se produce exceso de adjudicación solo existe la obligación de tributar por la modalidad de AJD.

Lo mismo ocurriría cuando se producen excesos de adjudicación que son compensados en metálico al resto de comuneros.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global