Fecha a efectos fiscales de la disolución con liquidación de una sociedad

En una reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 19.6.17, EDJ 154739 se ha resuelto el eterno debate de la fecha en la que se producen los efectos fiscales en una operación de disolución y liquidación de una sociedad.

El supuesto parte de una inspección fiscal, y la sociedad inspeccionada que fue disuelta, considera que la fecha de los efectos debe ser la del acuerdo de la Junta General de socios de disolución y liquidación, que es cuándo se adjudican a los socios los bienes y derechos de la sociedad que se extingue.

La fecha de disolución a efectos fiscales debe ser la de fecha la de la escritura pública de elevación del acuerdo de disolución y liquidación

La fecha de disolución a efectos fiscales debe ser la de fecha la de la escritura pública de elevación del acuerdo de disolución y liquidación

Por otra parte, la Administración Tributaria considera que la fecha debe ser la de elevación a publico del acuerdo anterior, que en este caso se produce en el año siguiente.

Teniendo en cuenta el articulo 383 y siguientes de la Ley de sociedades de capital y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencia del 03.11.11, EDJ 19764, la Audiencia Nacional entiende que es necesario tomar como fecha la de escritura pública de elevación del acuerdo de disolución y liquidación, pues en este caso en el que además existen inmuebles que se adjudican a los socios, no basta con el acuerdo de adjudicación de la Junta General, ya que es necesario un acto de los liquidadores de satisfacción de la cuota de liquidación, que requiere la observancia de las garantías de los acreedores.

Además, al existir un auténtico acto traslativo de dominio, la operación debe ajustarse a las normas sobre transmisión de bienes inmuebles, y muy especialmente las que contemplan el título y el modo como medio de adquisición de la propiedad, y por tanto, la escritura pública de adjudicación, según lo establecido en el artículo 1462 del Código Civil.

Juan Manuel Toro Fernández - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Estas son las novedades aprobadas con la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

El Pleno del Senado aprobó finalmente, por unanimidad y sin incorporar ninguna nueva proposición, la Ley 6/2017, de 24 octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Con esta ley se mejoran las condiciones de los autónomos, en concreto las siguientes:

Bonificaciones en la cuota de autónomo

  • Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los siguientes tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con una reducción del 50% de cuota (137,97 euros) y otros 6 con una reducción del 30% (cuota de 192,79 euros).
  • Reducción de los requisitos de acceso: se reduce el plazo sin cotizar en autónomos a dos años en lugar de cinco como se exige ahora.
  • Autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa plana: se abre la puerta a que se beneficien de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido tres años de baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA)
  • Se aplican mejoras para los emprendedores con discapacidad.
La Ley mejora la situación de los trabajadores autónomos

La Ley mejora la situación de los trabajadores autónomos

Sistema de cotización

  • Solo pagaráan la cuota de autónomo desde el día efectivo que se dan de alta o de baja en el RETA y no todo el mes como hasta ahora.
  • Los autónomos podrán darse tres veces de alta y de baja en el mismo año.
  • Se podrá cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización, en función de sus intereses e ingresos.
  • Se devolverá de oficio el exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad, sin que tengan que solicitarla, siempre y cuando la cuantía sea igual o superior 12.368,23€.
  • Un autónomo podrá cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si tienen al menos un trabajador a su cargo.
  • La cuota de los autónomos societarios ya no subirá automáticamente en función de lo que eleve el SMI, sino que dependerá de lo que se determine en los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, no se ha admitido la proposición de ley que permitía la bonificación de la cuota para los autónomos societarios, en contra de las últimas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que vienen concediéndole dichas bonificaciones.

Conciliación

  • Los autónomos que se sean madre o padre, estarán exentos de pagar la cuota durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción, acogimiento, etc.
  • Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses.

Medidas fiscales

  • Se reducen los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes.
  • Podrán deducirse un 30% de los gastos de suministros (agua, luz y telefonía), siempre que se trabaje desde casa. En este punto hay que tener en cuenta que la degradación en el IRPF aplicado a los autónomos no se aplica al 30% de los gastos totales de manutención ligados a su vivienda, sino al 30% de los gastos imputables a la parte del domicilio en que se desarrolla la actividad.
  • Se podrán deducir 26,67 € euros diarios en el IRPF por gasto en comida, cuando afecta directamente a la actividad en territorio español. En el extranjero asciende a 48 euros.

¿Qué queda pendiente?

Quedan en fase de estudio en el ámbito de la subcomisión del Congreso para el estudio de la reforma del RETA las siguientes medidas:

  • Concepto de habitualidad a efectos de la inclusión en el RETA, prestando especial atención a aquellos autónomos cuyos ingresos íntegros no superen el SMI.
  • Cotización a tiempo parcial de los autónomos.
  • Jubilación parcial de los autónomos y criterios que la determinan, así como medidas para garantizar el relevo generacional.

José Francisco Sáez Parrado - Iuslaboral AbogadosJosé Francisco Sáez Pardo
Ius Laboral Abogados

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¿Qué pasa con la indemnización al arrendador si renuncia el inquilino?

Sabemos que, conforme al art. 9.1 de Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en la redacción de la Ley 4/2013, de 4 de junio, cuya entrada en vigor se produjo el 6 de junio de 2013, la duración del arrendamiento puede ser libremente pactado por las partes, aunque si esta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

Por otro lado, el art. 11, también en la redacción de la Ley 4/2013, de 4 de junio, permite al arrendatario que pueda desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Y, para el caso de desistimiento, las partes pueden pactar en el contrato que deba el arrendatario, indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir, añadiendo que los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.

¿Qué pasa con la indemnización al arrendador si renuncia el arrendatario?

¿Qué pasa con la indemnización al arrendador si renuncia el arrendatario?

Ahora bien, es habitual plantearse qué ocurre en supuestos de desistimiento unilateral del contrato de arrendamiento por la voluntad del arrendatario, antes del transcurso del plazo legal de seis meses para el desistimiento, y antes del plazo de duración mínima pactada.

Esta cuestión había suscitado varias opiniones y debates doctrinales, si bien hemos accedido a una reciente encuesta efectuada en esta materia a varios magistrados de determinadas Audiencias Provinciales, entre ellos la de Málaga, siendo unánime todos ellos en que

“si el arrendatario desiste antes de los seis meses de duración mínima pienso que el arrendador le puede reclamar como indemnización todas las rentas correspondientes a los meses que falten hasta completar los seis, pues si el arrendatario no puede desistir antes de los seis meses y en consecuencia el arrendador puede pedir el cumplimiento del contrato con el pago de las rentas de los meses que falten, también podrá pedir el pago de las mismas rentas aunque sea a título de indemnización de daños y perjuicios.”

Por tanto, los arrendadores deben tener la certeza de que el contrato se cumplirá durante los seis primeros meses del contrato o, al menos, cobrará las rentas de ese periodo.

José Miguel Méndez Padilla - Méndez Padilla Abogados y Asociados

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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