Reflexiones sobre los planes de igualdad

Una de las medidas estrella de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres fueron los planes de igualdad.

Como recordarán, la obligación de implantar un plan de igualdad alcanzaba, fundamentalmente, a empresas que tuvieran más de 250 trabajadores en plantilla.

Tras la crisis económica, los planes de igualdad retornan a primer plano en la agenda de las empresas

Tras la crisis económica, los planes de igualdad retornan a primer plano en la agenda de las empresas

Tras unos años de crisis económica en los que los empresarios centraron esfuerzos en su pervivencia, las nuevas tendencias económicas y la hoja de ruta marcada por el nuevo Gobierno han vuelto a poner en la palestra asuntos como la desigualdad en el acceso al empleo entre mujeres y hombres, la brecha salarial, el denominado “techo de cristal”… Y, como antaño, el plan de igualdad se acoge como el mecanismo más para corregir esas contingencias. Prueba de lo anterior, es que la Inspección de Trabajo ha iniciado campañas y ha levantado múltiples sanciones en los últimos meses.

No obstante, los expertos en la materia siempre destacaron la notable inseguridad que generaba una legislación carente de requisitos formales que guiasen el proceso de elaboración, negociación y aprobación de estos planes de igualdad; esto ha traído, por un lado, una notable heterogeneidad en el contenido de los planes de igualdad y, por otro lado, cierta inseguridad jurídica en cuestiones tan esenciales como la concesión del “distintivo” en materia de igualdad.

Por esta razón, la doctrina judicial se ha afanado en corregir este vacío y, puede resultar ilustrativa, la reciente resolución dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 13 de septiembre de 2018 –núm. 832/2018-, donde se incide no sólo en la necesidad de negociar de buena fe con los representantes de los trabajadores sino en la importancia de consensuar las acciones positivas a adoptar en la materia. De hecho, la ausencia de acuerdo en ese caso y la imposición del plan de igualdad de forma unilateral por la empresa, se ha saldado con su nulidad y, además, con una vulneración de la libertad sindical.

En definitiva, hoy, como antes, es aconsejable que, desde el principio, las empresas confíen en el asesoramiento de expertos acreditados que no conviertan la implantación de un plan de igualdad en una inversión empresarial fallida.

Marta Sisi Jiménez
Ius Laboral Abogados

Tributación de los alquileres turísticos en el caso de No residentes

La tributación de los alquileres turísticos se ha convertido en algo controvertido desde un punto de vista fiscal ya que se realiza tanto por personas físicas como por empresas y dependiendo de la forma en que se lleve a cabo la operación será gravada con el IVA o estará exenta.

En posts anteriores ya hemos hablado sobre el Modelo 179 o del IVA en los apartamentos turísticos, aunque en esta ocasión vamos a comentar el tratamiento fiscal del alquiler turístico en el caso de que el arrendador sea no residente.

Hablamos sobre el tratamiento fiscal del alquiler de apartamentos con fines turísticos si el arrendador es un No Residente

Hablamos sobre el tratamiento fiscal del alquiler de apartamentos con fines turísticos si el arrendador es un No Residente.

En primer lugar, para encuadrar fiscalmente la operación es necesario acudir al Convenio de Doble Imposición entre España y el país de residencia para comprobar si la tributación se grava en el país de la fuente (España), en el de residencia o si es compartida. En la mayoría de los casos suele ser compartida de forma que tributaría en España y el arrendador posteriormente tributaría también en su país de residencia aplicando mecanismos para evitar la doble imposición.

En el caso que estamos comentando el inmueble está en España por lo que el alquiler tributará según la normativa española. Por ello lo primero que habrá que estudiar son los servicios que se prestan junto con el alquiler para comprobar si existe obligación de repercutir IVA o si está exento.

  1. Si los servicios que se prestan no se consideran propios de la industria hotelera (limpieza y cambio de sábanas a la entrada y la salida, limpieza de zonas comunes, entrega de llaves…) entonces la operación estará sujeta y exenta de IVA.
  2. Si los servicios que se prestan son propios de la industria hotelera (limpieza y cambio de sábanas durante la estancia, desayunos, restaurante, lavado de ropa…) entonces la operación estará sujeta a IVA al tipo del 10%.

Si los servicios prestados se entienden que no son propios de la industria hotelera, el arrendador declarará los correspondientes ingresos en el modelo 210: Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente.

En el segundo caso, si los servicios que se prestan se entienden que son los propios de la industria hotelera, en dicho inmueble se estaría realizando una actividad económica y por lo tanto constituiría un establecimiento permanente para los arrendadores.

Las declaraciones a presentar serían los modelos 303 del IVA de forma trimestral de la misma forma que lo hace un residente. Además, tendría que declarar la renta obtenida a través del modelo 200 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Si el arrendador fuera una persona jurídica no residente, la tributación sería igual que para la persona física.

Cada caso habrá que analizarlo con cautela para su correcta tributación, sobre todo en lo que se refiere a los servicios prestados. Además la tributación será la misma tanto si el inmueble está declarado o no en el correspondiente Registro de Turismo de la comunidad autónoma que le corresponda.

Lidia Planas Martín - Emede ETL Global

Lidia Planas Martín
Emede ETL Global

El motivo económico válido en la reorganización empresarial

Mucho se ha escrito sobre el concepto tributario del “motivo económico válido”. Para situar al lector, en primer lugar, debemos indicar que la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, en su capítulo VII contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

Básicamente, este régimen consiste en diferir la tributación que se originaría en cualquiera de las operaciones anteriores tanto en imposición directa (IRPF e IS) como indirecta (IVA, Operaciones Societarias o Plusvalía Municipal). Con ello, lo que persigue el legislador es evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de cualquiera de las operaciones de reestructuración empresarial indicadas anteriormente. No obstante lo anterior, el artículo 89.2 de la Ley del IS, limita la aplicación de este régimen:

“No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.”

Al realizar una reestructuración empresarial hay que cumplir con el requisito de tener al menos un motivo económico válido

Al realizar una reestructuración empresarial hay que cumplir con el requisito de tener al menos un motivo económico válido

Por tanto, exige, como requisito “sine quanon” la existencia de un “motivo económico válido”. Sin el mismo, se devengaría la tributación oportuna. Es imprescindible, a la hora de realizar cualquier tipo de reestructuración empresarial, un estudio detallado y exhaustivo de los “motivos económicos” que puedan darse en cada caso concreto, así como analizar los pronunciamientos de la Dirección General de Tributos, para dotar de seguridad jurídica a la operación. Requiere un esfuerzo argumental por parte del obligado tributario para poder acreditar que la finalidad principal no sea un mero ahorro fiscal. Existiendo el motivo puede darse sin inconveniente alguno, pero ojo, el motivo principal siempre ha de ser económico-empresarial y no fiscal.

Si analizamos la doctrina de la Dirección General de Tributos en relación a este tema, la misma es diversa. El más manido motivo es la simplificación administrativa, que evite duplicidad de costes para aumentar la rentabilidad en una fusión, facilitar una planificación sucesoria ordenada en empresa familiar si se realiza una aportación no dineraria de participaciones a una holding, o la existencia de un conflicto de socios en el caso de una escisión, o el preservar el patrimonio inmobiliario del riesgo empresarial, incluso se acepta como motivo económico posibilitar la aplicación del régimen fiscal de consolidación en el IS. Como curiosidad, recientemente la DGT ha aceptado también que la minimización de los riesgos del Brexit es un motivo económico válido.

Como hemos podido comprobar, es diverso y variopinto el motivo que puede alegarse para la realización de las operaciones de reestructuración empresarial, su existencia es imprescindible para la aplicación del régimen. Además debemos asegurarnos que el hipotético ahorro fiscal que pudiera producirse, no sea significativo al lado de las ventajas económicas y empresariales. Por ello, ante todo proceso de reorganización empresarial debemos plantearnos si cumplimos o no con el requisito del “motivo económico válido” y después compararlos cuando conviva también con ahorros o ventajas fiscales relevantes.

Luis Gajate Bonilla
Emede ETL Global