Economía de las plataformas, ¿trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena?

La fugaz transformación -y desaparición- de los puestos de trabajo como consecuencia de la irrupción de la tecnología no es un fenómeno genuino; la novedad de la última revolución industrial se encuentra, a diferencia de las anteriores, en la dificultad para reinventarnos.

Esta disonancia afecta al legislador laboral, que no ofrece respuestas prácticas y con celeridad, generándose inseguridad y fisuras de las que se nutren algunos operadores digitales –Uber, Cabify, Deliveroo– para precarizar el empleo y aumentar la desigualdad –como denuncian los sindicatos-, o para anunciarnos -como defienden otros-, que estas nuevas formas de organizar el trabajo no se pueden subyugar a una normativa desfasada, trazada para regular relaciones laborales decimonónicas.

Algunos logos de las plataformas que están cambiando los modelos tradicionales de empleo

Algunos logos de las plataformas que están cambiando los modelos tradicionales de empleo

En los modelos de economía colaborativa es evidente que la relación jerárquica entre las partes se difumina cada vez más y que no son tan obvios los indicios de ajenidad y dependencia propios del empleo por cuenta ajena. Ante ello, ha surgido un apasionante debate sobre el estatus que deberían tener los profesionales que se ganan la vida con estas plataformas: ¿trabajadores por cuenta ajena, autónomos o nada de lo anterior?

El Employment Appeal Tribunal de Londres confirmó que los conductores de Uber debían tener la condición de “workers”. Sin embargo, y cuando se anunciaba un aciago futuro para Uber tras el varapalo de los británicos, el Fair Work Commission de Australia y el Conseil des Prud’Hommes de París han considerado que los conductores mantienen una relación mercantil.

Este vaivén de criterios pone de manifiesto que, parafraseando al sociólogo Zygmunt Bauman, debemos adecuar la política local con los problemas laborales globales para actuar ante el envite que la robotización y la digitalización nos trae y afrontar con éxito ese futuro del mercado laboral que hoy está más presente que nunca.

Antonio J. Rodríguez Morones
Ius Laboral Abogados
– Colaborador de Emede ETL Global

Plazo para rectificar cuotas de IVA repercutidas en exceso

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de Febrero de 2018, ha venido a aclarar el plazo con el que cuenta el sujeto pasivo para poder rectificar una cuota de IVA repercutido.

Puede suceder, que con posterioridad a la emisión de una factura expedida, se pueda producir una modificación del precio al alza o la baja, que obligará a emitir una factura rectificativa, y en consecuencia, se verá también modificada la cuota repercutida de IVA.

Analizamos una sentencia del Tribunal Supremo por la que se establece el plazo para rectificar cuotas de IVA repercutidas en exceso

Analizamos una sentencia del Tribunal Supremo por la que se establece el plazo para rectificar cuotas de IVA repercutidas en exceso

El artículo 89 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que:

“Art.89.Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible.

La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80.”

La Sentencia referida, clarifica y precisa que en el caso de que la modificación de la base imponible suponga una minoración de la cuota repercutida, surgen dos plazos sucesivos:

  • Un primer plazo, para rectificar las cuotas impositivas repercutidas que se establece en 4 años, tal y como regula el artículo 89.
  • Un segundo plazo, para que el sujeto pasivo regularice su situación tributaria, en cuyo caso, si la rectificación implica una minoración de las cuotas repercutidas, dispone de un año para solicitar y obtener la devolución de las cuotas ingresadas en exceso.

Como siempre esperamos que esta información os resulte de utilidad.

Isabel Díaz Rosado - Emede ETL Global

Isabel Díaz Rosado
Emede ETL Global

Costas del procedimiento económico-administrativo

Una de las novedades que nos ha traído el año 2018 es la posibilidad, hasta ahora inexistente, de quedar condenados al pago de las costas del procedimiento cuando se interpone una reclamación económico-administrativa frente a un acto o liquidación tributaria.

Recuérdese que pese a que las reclamaciones económico-administrativas se interponen ante los Tribunales Económico-Administrativos, esta denominación no debe llevar a engaño, dado que estos últimos no dejan de ser el último órgano administrativo de revisión, cuya responsabilidad es velar por la correcta aplicación del Derecho en los actos emanados de la Administración Tributaria.

La condena en costas llega a las reclamaciones económico-administrativas frente a un acto o liquidación tributaria.

La condena en costas llega a las reclamaciones económico-administrativas frente a un acto o liquidación tributaria.

La esencia de la actuación administrativa se basa en su gratuidad, nadie en principio debe verse obligado a pagar un precio por ser parte interesada en un procedimiento administrativo. No obstante lo anterior, parece que la tendencia actual es romper con los paradigmas tradicionales que han venido imperando en la actuación administrativa, y uno de ellos es, la posible condena en costas en una reclamación económico-administrativa.

Esta facultad legal fue introducida en el año 2015, en el articulo 234.5 de la Ley 58/2003 General Tributaria, por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, pero no ha sido hasta el ejercicio 2018 cuando se ha aprobado finalmente su necesario desarrollo reglamentario, el cual se ha introducido en el articulo 51 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Las notas básicas de esta nueva normativa son las siguientes:

  • Las costas se impondrán al contribuyente cuando se aprecie que su reclamación económico-administrativa no responde a una apreciación fundada en Derecho sino a la mala fe, al fraude procesal o al uso abusivo de la norma jurídica, con una finalidad dilatoria.
  • La concurrencia de mala fe, abuso del derecho o fraude procesal debe ser apreciada por el propio Tribunal Económico-Administrativo.
  • Aunque ese tipo de fraudes procesales podrían ser asimismo predicables, en algunos casos, a la propia Administración Tributaria, sin embargo, no cabe en principio la condena en costas en contra de la Administración.
  • Se establece una regla de cuantificación de las costas, independiente de la complejidad del recurso y de la actuación procesal de cada una de las partes, y se fija en un 2% de la cuantía del recurso, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado.
  • En el caso de estimación, en la reclamación económico-administrativa, de al menos una las pretensiones formuladas por el contribuyente, no cabrá en ningún caso condena en costas.
  • La condena en costas no es susceptible de ser recurrida de manera independiente. En el supuesto de que se desee plantear recurso contra la condena en costas, deberá hacerse de forma conjunta con el resto de las cuestiones planteadas en la reclamación económico-administrativa.

Sin perjuicio de que esta nueva normativa viene inspirada por un evidente ánimo disuasorio, lo cierto es que la posibilidad de quedar condenado al pago de las costas ha de tenerse muy presente, a partir de ahora, al plantear una reclamación económico-administrativa, del mismo modo que habrá que estar atentos, de cara a evaluar los riesgos de la interposición de una recurso, sobre el criterio que seguirán los distintos Tribunales Económico-Administrativos a la hora de llevar a la práctica estas disposiciones reglamentarias y si las aplicarán de una forma laxa, quedando reservada para casos excepcionales, o por el contrario, de una forma rigurosa.

Ramón Bocos Lerma - Emede ETL Global

Ramón Bocos Lerma
Emede ETL Global