Los trabajadores temporales tienen derecho a 20 días de indemnización según el TSJA

Recientemente conocíamos la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el llamado caso Diego Porras, de enorme repercusión en el ámbito laboral ya que ha equiparado la indemnización del despido objetivo con la finalización de los contratos de interinidad, concediendo a éstos una indemnización 20 días de salario por año de servicio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Málaga), en una sentencia aún más reciente y en la misma línea que el TJUE, ha dado un nuevo giro de tuerca a las indemnizaciones de los contratos temporales; equiparando esta vez sí, a todos los contratos temporales (eventual por circunstancias de la producción, interinidad y obra o servicio determinado) con el despido objetivo y, en consecuencia, con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Este nuevo criterio del TSJ se ve reforzado porque se ha concedido dicha indemnización de oficio, es decir, a instancia del propio tribunal sin haberlo solicitado el trabajador que simplemente demandaba por entender que la finalización de su contrato era irregular y, por tanto, calificable como despido improcedente.

La sentencia del TSJA abre el debate sobre las indemnizaciones tras acabar un contrato temporal

La sentencia del TSJA abre el debate sobre las indemnizaciones tras acabar un contrato temporal

Como vemos, se está produciendo por parte de nuestros tribunales numerosos cambios de enorme calado que han obligado al Congreso a empezar a replantear la legislación de los contratos temporales, por lo que no es de extrañar que pronto conozcamos una nueva reforma laboral en esta materia.

Ante este nuevo panorama surgen dudas, hasta ahora inexistentes, en torno a la figura del contrato temporal, tales como; la tributación de esta nueva indemnización, cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse la Agencia Tributaria, o si dicha indemnización es extensible a los contratos formativos (Contrato en Prácticas y Contrato de Formación y Aprendizaje).

Habrá que estar pendiente a las próximas sentencias judiciales, mientras tanto, muchas empresas están esperando a que haya un posicionamiento claro del Tribunal Supremo que pueda arrojar luz definitiva sobre esta materia al crear Jurisprudencia.

Ante esta situación podemos plantearnos dos alternativas cuando finalice un contrato temporal:

  • Primera opción: Seguir aplicando lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, abonar una indemnización de 12 días por año de servicio trabajado, por finalización de contrato temporal por circunstancias de la producción o por obra o servicio determinado, o en su caso, extinguir el contrato de trabajo sin indemnización para los contratos de interinidad.
  • Segunda opción: Aplicar la nueva corriente de los TSJ y abonar una indemnización de 20 días por año de servicio trabajado para cualquier contrato temporal, evitando así, una posible reclamación judicial.

¿Qué te parece este nuevo escenario que están trazando estas recientes sentencias?

José Francisco Sáez Parrado - Iuslaboral AbogadosJosé Francisco Sáez Pardo
Ius Laboral Abogados

Reducción de la base imponible en el IRPF de las pensiones compensatorias en el ‘divorcio notarial’

De nuevo la Dirección General de Tributos (DGT) en su reciente consulta vinculante nº V2505-16 de 8 junio 2016, nos amplía la interpretación de una norma fiscal.

Así, en materia de reducción, dichas cantidades podrán reducir la base imponible del impuesto sobre la Renta de las personas Físicas del obligado a satisfacerla.

El supuesto trata sobre el otorgamiento de una escritura de divorcio de mutuo acuerdo ante Notario inscrita en el Registro Civil, al amparo de lo previsto en el artículo 87 del Código Civil, en la cual el interesado se obliga a satisfacer una pensión alimenticia en favor de un hijo mayor de edad que convive con la madre, y una pensión compensatoria en favor de su ex-esposa.

Analizamos el divorcio desde el punto de vista fiscal

La duda sobre la fiscalidad del divorcio vía notarial queda aclarada gracias a una reciente consulta vinculante a la Dirección General de Tributos.

La DGT interpreta que el artículo 86 del Código Civil establece:

“Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.”

Pero no obstante, el artículo 87 del Código Civil dispone lo siguiente:

“Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario, en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio.”

Por su parte, el citado artículo 82 del Código Civil, en cuanto al contenido del convenio regulador, se remite al artículo 90, que respecto a la obligación del pago de alimentos y la pensión compensatoria, señala en su apartado 1 lo siguiente:

“Artículo 90.
1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:
(…)
d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
(…)
f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.
(…).”

Asimismo, la disposición adicional primera de la citada Ley 15/2015, “Referencias contenidas en la legislación”, establece en su apartado 2:

“2. Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley a separación o divorcio judicial se entenderán hechas a separación o divorcio legal. En el mismo sentido las referencias existentes a «separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente» deberán entenderse a la separación notarial.”

Por lo tanto, a partir de las modificaciones introducidas por la citada Ley 25/2015, el Código Civil equipara al decreto judicial de divorcio al acuerdo entre los cónyuges mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario.

La equiparación anterior, implica que el régimen establecido en el artículo 55 del Código Civil para las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial, debe extenderse a las acordadas en el convenio regulador formulado por los cónyuges ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario, a que se refiere el artículo 87 del Código Civil.

De esta forma queda aclarado que el “divorcio notarial” equivale, en términos fiscales, al “divorcio judicial”.

Juan Manuel Toro Fernández - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Todo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto de carácter local, gestionado por los Ayuntamientos, que grava la realización de una actividad económica en territorio nacional, ya sea esta actividad de tipo empresarial, profesional o artístico. Es un tributo directo, real y obligatorio.

Este impuesto se rige por la siguiente normativa:

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de compentencias en materia de gestión censal.
  • Orden HAC/2572/2003, de 10 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 840 de Declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas y se establecen las condiciones generales.
  • Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas e instrucciones.
Vista nocturna del Ayuntamiento de Málaga

Vista nocturna del Ayuntamiento de Málaga. Los Ayuntamientos gestionan el IAE.

Están obligados a pagar IAE:

  1. Aquellos que ejerciendo la actividad, su importe neto de la cifra de negocios supere el millón de euros anuales.
  2. Las Uniones Temporales de Empresas (UTEs).

No están obligados a pagar IAE (aunque esto no exime de presentar el alta comunicando las actividades que vamos a realizar):

  1. Aquellos que inicien por primera vez su actividad, y gozarán de la exención los dos primeros años. A partir del tercer año, solo estarán obligados a efectuar el pago si durante el primer año de actividad tuvo un importe neto de la cifra de negocios superior a un millón de euros.
  2. Aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Sociedades Civiles y otras entidades sin personalidad jurídica, con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.
  3. Las personas físicas y los no residentes que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional y que su importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1 millón de euros.
  4. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales y algunas asociaciones.

Plazos de presentación del IAE:

  • Alta: se debe presentar durante los 30 primeros días desde el inicio de la actividad.
  • Alta por dejar de disfrutar de la exención: durante el mes de diciembre inmediato anterior al año al que estén obligados a tributar por dejar de cumplir las condiciones de exención, se comunicará mediante el modelo 840.
  • Variación: se debe presentar durante los 30 primeros días desde que se produjo la variación.
  • Baja: se debe presentar durante los 30 primeros días desde que se produce la baja o cese.
  • Baja por disfrutar de exención: durante el mes de diciembre inmediato anterior al año en el que el sujeto pasivo quede exonerado de tributar.

El período impositivo coincide con el año natural, a excepción de nuevas altas, que en tal caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

Raquel Gómez Adarve - Emede & Asociados Asesores Tributarios

Raquel Gómez Adarve
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP