Otras novedades relevantes de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo

El pasado día 2 de octubre de 2016, entró en vigor parte del contenido de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, ley 39/2015, en la que se incluyeron importantes novedades dentro de los procedimientos administrativos, por aplicación de su disposición final séptima, que establecía que la Ley entraba en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, algunas materias como las relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, esto es, el día 21 de octubre de 2017.

También es de destacar que se ha producido la derogación del anterior procedimiento sancionador, y también existen novedades en materia del procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y otras muchas.

Con objeto de la entrada en vigor de esta ley, ya fue tratado en otro “post” de este blog, una de las más importantes novedades del procedimiento, cual es, el cómputo de los plazos por días, declarándose los sábados como días inhábiles a efectos de cómputo.

Pues bien, existen otras novedades bastante relevantes de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo que ha tenido su entrada en vigor el pasado día 2 de octubre, que son dignas de tener en cuenta por los administrados, siendo algunas las más significativas, las siguientes:

  • La nueva ley elimina el plazo de tres meses que fijaba la Ley 30/92, para recurrir los actos presuntos o producidos por silencio administrativo, de forma tal que, aunque se mantiene pero, de conformidad con los artículos 122,1 (alzada) y 124 (reposición), se podrán interponer los mismos contra los actos presunto “en cualquier momento”, esto es, desde el día siguiente a la producción del silencio.
  • Igualmente, la nueva ley introduce otra novedad, cual es, la eliminación de la reclamación administrativa previa al ejercicio de acciones civiles y laborales contra la administración, y que venía recogidas en el Titulo VII de la Ley 30/92. Se trataba de un requisito previo, que implicaba la obligatoria reclamación previa a la administración, que ahora es eliminada por la Ley 39/2015.

Con estas novedades, parece que el legislador ha querido favorecer al administrado, que ve como, además de acortarse plazos, elimina trabas para poder discutir sus asuntos con la Administración ante los órganos jurisdiccionales.

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados

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Pagar o no pagar las tasas judiciales

¿La pago si me la exigen, la pago a partir de ahora o pido la devolución de la abonada?

Os preguntaréis por qué nos hacemos semejante planteamiento. Se debe a la Consulta Vinculante de 12 de septiembre de 2016, de la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos cuyo contenido nos aclara el proceder con las tasas judiciales a raíz de la nulidad parcial de la Ley 10/2012 de tasas judiciales, declarada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016.

Así que basándonos en el contenido de dicha consulta vamos a aclarar si hay que pagar o no pagar las tasas judiciales en cada caso concreto.

De esta forma, la nulidad del pago de la tasa judicial, como indica el propio Tribunal Constitucional pro futuro, es decir, para nuevos supuestos o procedimientos administrativos y procesos judiciales en los que aún no haya recaído una resolución firme.

Así que no es posible ni la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas en los procedimientos administrativos y procesos judiciales finalizados por resolución firme ni en aquellos no finalizados en los que el obligado al pago la satisfizo, sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o, al recurso, en su caso.

En cuanto a los efectos sobre los procedimientos anteriores al 21 de julio de 2016, fecha de publicación de la Sentencia del Constitucional, en los que aún no se haya interpuesto demanda, la Dirección General de Tributos, afirma innecesario su abono para los supuestos declarados nulos.

Si el contribuyente ha sido requerido para su pago y quedara pendiente el abono, pese haberse devengado la tasa, no existe obligación de pago ya que la exigibilidad –fíjese el matiz- para los concretos supuestos de nulidad ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Todo sobre la factura simplificada

Según el Reglamento de Facturación hoy en día existen dos tipos de facturas, la factura completa y la factura simplificada que es la que sustituye a los tickets o tiques.

Por norma general se debe expedir factura completa, pero existen ciertos casos en los que se pueden emitir la factura simplificada, que son los que vamos a analizar.

Según el artículo 4 del Reglamento de Facturación se podrá emitir factura simplificada en los siguientes casos:

  • Cuando el importe de la operación no supere los 400 euros (IVA incluido)
  • Cuando deba expedirse una factura rectificativa.
  • Cuando el importe no supere los 3.000 euros (IVA incluido) en los siguientes casos:
    1. Ventas al por menor.
    2. Ventas o servicios de ambulancia.
    3. Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
    4. Transporte de personas y sus equipajes.
    5. Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes bares y similares, así como el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto.
    6. Salas de baile y discotecas.
    7. Servicios telefónicos prestados mediante cabinas o tarjetas magnéticas o electrónicas recargables que no permitan la identificación del portador.
    8. Servicios de peluquerías e institutos de belleza.
    9. Utilización de instalaciones deportivas.
    10. Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
    11. Aparcamiento de vehículos.
    12. Servicios de videoclub.
    13. Tintorerías y lavanderías.
    14. Autopistas de peaje.
  • Los autorizados por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No se podrá emitir factura simplificada en los siguientes casos:

  • Entrega intracomunitaria de bienes.
  • Ventas a distancia.
  • Operaciones localizadas en el territorio de aplicación del impuesto en las que el proveedor no esté establecido en dicho territorio, se produzca la inversión del sujeto pasivo y el destinatario emita la factura en nombre del proveedor.
  • Cuando la operación se realice fuera de la Unión Europea.
  • Cuando la operación se localice en otro estado miembro y el destinatario no expida la factura por cuenta del proveedor.

El contenido de la factura simplificada viene regulado por el artículo 7 del Reglamento de facturación y en todo caso debe ser:

  • Número y serie de factura, que en todo caso debe de ser correlativo en fecha y número.
  • Fecha de expedición.
  • Fecha en el que se haya efectuado la operación siempre que se trate de una fecha diferente a la de facturación.
  • Número de Identificación Fiscal y razón social o nombre y apellidos del emisor de la factura.
  • Identificación del bien o servicio prestado.
  • Tipo impositivo aplicado e importe cuota.
  • Contraprestación total.
  • En el caso de que rectifique a una factura, la referencia de la factura a la que rectifica y el motivo.

Hay que tener en cuenta que en el caso de que el destinatario de la factura sea una empresa, empresario o profesional para que el IVA sea deducible deberán reflejar en los datos de la factura simplificada el NIF del destinatario y domicilio, así como consignar el importe de la cuota de IVA de forma separada.

Como siempre, espero que el contenido os resulte útil para pulir esos detalles de facturación que a veces descuidamos…

Fátima Doblas Lara
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP