¿Qué son las cuentas en participación regulada en el artículo 239 y siguiente del Código de Comercio?

Desvelamos todo sobre este tipo de contrato especial de comercio en el que el “interés” de un “préstamo” depende de los resultados de un negocio.

A. Consideraciones generales.

Se conceptúa el contrato de Cuentas en participación como aquel convenio que se apoya en la existencia real de un propietario-gestor que recibe aportaciones de capital ajenas y las hace suyas para dedicarlas al negocio en que se interesan dichos terceros. Estos no tiene intervención alguna en el negocio, salvo las derivadas del lucro que pretenden obtener con la contribución de capital que efectúan. De esta forma:

  • No tiene personalidad jurídica propia.
  • Permite que se mantenga oculta la participación de una o más personas frente a terceros.
  • Posibilita la participación en los resultados.

B. Requisitos formales.

Las cuentas en participación no están sujetas en su formación a ninguna solemnidad, pudiéndose verbal en contrato privado o público.

C. Sujetos intervinientes.

Dos elementos: el gestor de la cuenta y el cuenta participe. Los derechos y obligaciones de ambas partes se definen en el propio contrato. La escasa regulación de las cuentas en participación otorga la máxima importancia a la autonomía de la voluntad de las partes.

D. Gestor.

El gestor queda obligado a:

  • Invertir la aportación recibida del participe en el destino pactado.
  • Explotar el negocio o actividad acordada.
  • Rendir cuentas de la evolución del negocio.
  • Responder personalmente frente a terceros contratantes.
  • Liquidar a los participes el resultado de su gestión bien al finalizar la actividad o de forma periódica.
  • Devolver al participe su aportación, que en un principio es la misma aportada inicialmente, salvo que se hubiese pactado una revalorización al alza o a la baja.

El gestor tiene los siguientes derechos:

  • Dirigir el negocio, sin que el participe se inmiscuya en su gestión.
  • Participar en pérdidas y ganancias.

E. Partícipes.

El partícipe queda obligado a:

  • Deber de aportación, que será de capital o de otros bienes susceptibles de valoración.
  • El partícipe no puede intervenir en la gestión del negocio, no excluyendo su derecho de información. En virtud de la autonomía contractual puede darse el caso de que se pacten controles adicionales del cuenta participe sobre la actividad del gestor (la aprobación de operaciones que superen una determinada cifra) o, al contrario, que se le exonera de solicitar el consentimiento de aquel para efectuar las operaciones descritas.

El partícipe tiene los siguientes derechos:

  • Participar en pérdidas y ganancias.
  • Derecho de información.

F. Extinción.

Las cuentas en participación se extinguen por las siguientes causas:

  • Mutuo acuerdo de las partes.
  • Denuncia unilateral del contrato.
  • Transcurso del tiempo.
  • Llegado el término de la empresa o actividad.
  • Imposibilidad de concluir las operaciones objeto del contrato.
  • Quiebra, concurso o suspensión de pagos.

Los efectos de la extinción lleva consigo la liquidación definitiva en los términos pactados, debiendo el gestor presentar la oportuna liquidación.

G. Régimen fiscal.

Para el gestor:

  • La aportación recibida debe formar parte de los fondos ajenos de la empresa, abonándose el importe recibido en la cuenta de acreedores por operaciones en común..
  • El beneficio que corresponde a los participes no gestores se computara como gasto en el resultado contable del gestor.
  • La pérdida que deba atribuirse a los partícipes no gestores se deberá contabilizar como un ingreso en el resultado del gestor.
  • A la extinción de la cuenta en participación, el gestor deberá devolver las aportaciones efectuadas no implicando fiscalidad alguna.

Para el partícipe:

  • La aportación realizada debe reflejarse como partida deudora en el activo del balance del partícipe.
  • El beneficio atribuido deberá considerarse como un ingreso en el resultado contable del mismo, teniendo consideración de ingreso de capital mobiliario sujeto a retención.
  • La pérdida atribuible al partícipe no gestor según se estipule en el contrato deberá ser cubierta con nuevas aportaciones o bien con la aportación inicial. En cualquier caso, el importe de la misma deberá computarse como gasto para el no gestor de acuerdo con los principios contables.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, los beneficios atribuidos a los participes se encuentran no sujetos.

En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se encuentran sujetas al gravamen por operaciones societarias ( cuota del 1%) las operaciones de aportaciones iniciales, aumentos de aportación o cancelaciones de las cuentas de participación (desde 23.12.2010 se encuentra EXENTA).

Como siempre, esperamos que os resulte de interés el contenido que aquí compartimos.

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Claúsulas nulas en los contratos de trabajo

En un post anterior comentamos la reciente Sentencia, de 21 de septiembre de 2015, del Tribunal Supremo que declaraba abusiva una cláusula contractual conforme a la cual el trabajador se obligaba a proporcionar “voluntariamente” a la empresa su teléfono móvil y su dirección de E-mail para que ésta pudiera efectuarle cualquier comunicación relativa a su relación laboral.

Al hilo de dicho post, nos parece conveniente no salirnos de la referida temática para advertir de otras cláusulas que se suelen incorporar en el día a día las empresas en los modelos de contratos de trabajo que utilizan habitualmente y que, sin embargo, deben considerarse igualmente nulas.

Efectivamente, es muy habitual que en los contratos de trabajo se incluyan cláusulas referidas al horario de trabajo con la coletilla de que el referido horario podrá ser modificado por necesidades del servicio, al igual que suele incluirse referencias similares para la jornada laboral o turno de trabajo, o que por las mismas necesidades se podrá cambiar el centro de trabajo al que el empleado se encuentra adscrito sin limitación geográfica alguna.

Pues bien, sin perjuicio de que, en muchas ocasiones, los trabajadores aceptan el uso por parte del empresario de las facultades conferidas por dichas cláusulas, bien sea por falta de asesoramiento, bien por no querer entrar en conflicto con la compañía y reclamar administrativa o judicialmente frente al ejercicio de semejantes facultades, la realidad de las mismas es que son consideradas desde hace años nulas por nuestros tribunales de justicia y, de la misma manera, lo serán las medidas adoptadas por las empresas al amparo de aquellas.

Partiendo de estos principios la Sala de lo Social Tribunal Supremo sentó Jurisprudencia en su Sentencia de 7 de noviembre de 2008, señalando que dichas cláusulas infringían lo dispuesto en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y, por ello, el principal motivo por el que deben declararse nulas estriba en que suponen la renuncia de derechos de naturaleza indisponible para los trabajadores (art. 3.5 del E.T.), lo que sucede sin duda con la prohibición, prevista en el art. 41, de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo que afecten a la jornada, horario, turno de trabajo, salario, etc, en razón, exclusivamente, a supuestas “necesidades del servicio”, sin ninguna otra justificación (que en estos casos debería ser la concurrencia de causas económicas, productivas, organizativas o técnicas) y sin seguir el procedimiento establecido al efecto por dicho precepto.

Las cláusulas de los contratos a las que hacemos referencia, así como cualquier otra de similar índole, al contemplar, como condición normal del contrato y sin ninguna otra limitación, la posibilidad de que la empresa modifique unilateralmente las condiciones de trabajo entrañan, por una parte, una clara renuncia de los derechos de naturaleza indisponible que se derivan del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y, por otra, vulneran la norma de derecho común que prohíbe dejar al arbitrio de uno de los contratantes la validez y el cumplimiento de los contratos (art. 1256 del Código Civil).

Por ello, si la empresa quiere adoptar una de esas medidas, podrá bien dejarse llevar por lo pactado y confiar en que el trabajador/trabajadores afectados no impugne la medida; bien seguir el procedimiento establecido en el art. 41 del E.T. y evitar así los riesgos de nulidad de la modificación que se pretende imponer en la relación laboral.

Pablo Vela Prieto
Ius Laboral Abogados

¿Conoces el modelo 309?

El modelo 309 es una declaración no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. Lo presentan aquellos que no están obligados a presentar regularmente las declaraciones de IVA.

Concretamente, y según la Orden HAC/1222/2014 de 9 de Julio de están obligados a presentarlo:

    1. Las personas y entidades que se indican a continuación en la medida en que realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes y estén identificadas a efectos del IVA por haber alcanzado un volumen de adquisiciones procedentes de los demás Estados miembros, en el año natural precedente superior a 10.000 euros, excluido el Impuesto devengado en dichos Estados, o cuando hayan optado por la sujeción al IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 37/1992, del IVA:
      1. Sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando se trate de adquisiciones intracomunitarias de bienes destinados al desarrollo de la actividad sometida a dicho régimen.
      2. Sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho a la deducción total o parcial del Impuesto.
    2. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando realicen en el ejercicio de su actividad entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cuando resulten ser sujetos pasivos de dicho tributo.
    3. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia y que estén obligados al pago de dicho impuesto y del citado recargo por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen, así como en los supuestos contemplados en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, de la Ley 37/1992. De la misma forma habrán de presentar el modelo 309, los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando realicen operaciones en relación con las cuales hayan ejercitado la renuncia a la aplicación de la exención.
    4. Las personas o entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, a título oneroso.
    5. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de bienes distintos de los medios de transporte nuevos que estén sujetas al Impuesto, así como cuando se reputen empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto por el apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del IVA.
    6. Los adjudicatarios, en los procedimientos administrativos o judiciales de ejecución forzosa, que tengan la condición de empresarios o profesionales del Impuesto sobre el Valor Añadido, que estén facultados para presentar en nombre y por cuenta del sujeto pasivo de dicho tributo, la declaración-liquidación correspondiente y para ingresar el impuesto resultante de la operación de adjudicación, en los términos previstos en la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
    7. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando deban efectuar el reintegro de las compensaciones indebidamente percibidas, según lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley del IVA.
    8. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando realicen el ingreso de las regularizaciones practicadas como consecuencia del inicio en la aplicación del citado régimen especial, según lo dispuesto en el artículo 49 bis del Reglamento del IVA.
    9. Las personas y entidades que no actúan como empresarios o profesionales, así como aquellos sujetos pasivos que realizan exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del IVA, que resulten deudores de un crédito a favor de la Hacienda Pública, como consecuencia de la modificación de la base imponible de las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas.
    10. Aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para los que así se determine.

Los plazos de presentación e ingreso del modelo 309 son trimestrales, es decir se efectuarán los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio y octubre. La correspondiente al último periodo de liquidación deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero del año siguiente.

Si se trata de adquisiciones intracomunitarias de medio de transporte nuevos, el plazo de presentación del presente modelo será de treinta días desde la realización de la operación y, en cualquier caso, antes de la matriculación definitiva de dichos medios de transporte.

Si se trata de procedimientos judiciales o administrativos de ejecución forzosa, el plazo de presentación será de un mes a contar desde el pago del importe de la adjudicación.

Espero haber aclarado vuestras dudas sobre el modelo 309.

Sandra Mejías
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP