Cambio de retenciones de IRPF para 2016

Se acaba el ejercicio 2015 y dado que se acercan las fiestas, quería recordar en esta entrada el nuevo cambio de retenciones con efectos para enero de 2016.

Algunos de los tipos de retención ya se modificaron en julio y persisten igual como es el caso del tipo general para las actividades profesionales que se mantiene en el 15%.

Las retenciones más usuales quedan configuradas de la siguiente manera:

Clases de renta

Procedencia

Tipo aplicable (A partir del 12 julio 2015)

Tipo aplicable 2016

Trabajo

Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos >100.000 euros) (art. 101.2 LIRPF y 80.1.3º RIRPF) 37 por 100 35 por 100
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos <100.000 euros)(art. 101.2 LIRPF y 80.1.3º RIRPF) 19,5 por 100 19 por 100
Cursos, conferencias, seminarios,…(art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF) 15 por 100 15 por 100

Actividades profesionales

Con carácter general (art.101.5 y D.A.31ª.3.a) LIRPF) 15 por 100 15 por 100
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) 7 por 100 7 por 100

Otras actividades económicas

Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIRPF) 1 por 100 1 por 100

Capital Mobiliario

Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc.. art. 25.2 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) 19,5 por 100 19 por 100

Capital Inmobiliario

Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF; y 100 RIRPF) 19,5 por 100 19 por 100

También quería recordar de cara a las declaraciones anuales del ejercicio 2015 que presentaremos en el mes de enero que se acerca, que habrá que tener cuenta los distintos tipos de retención que han estado vigentes durante el 2015, la fecha clave fue el 12 de julio.

Espero que os haya servido de ayuda y que podáis hacer las facturas correctamente a partir de enero de 2016 y Felices Fiestas a todas y todos!

Lidia Planas Martín
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Nueva deducción por creación de empleo a través del contrato de apoyo a los emprendedores

Las empresas con menos de 50 trabajadores pueden obtener deducciones, y muy especialmente, para el primer trabajador contratado.

Ahora que nos acercamos al cierre del ejercicio 2015, con la nueva Ley del impuesto sobre sociedades, y de cara a realizar los cálculos para conocer la cuota del impuesto, resulta conveniente repasar los requisitos para la aplicación de la nueva deducción por creación de empleo:

  1. Debe tratarse de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores definido en el art. 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
  2. Debe ser formalizado por escrito.
  3. Solo puede concertarse por empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores en el momento de producirse la contratación.

La empresa que celebre este tipo de contrato, además de generar derecho a la aplicación de bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social, puede aplicar los siguientes incentivos fiscales materializados en una deducción con las siguientes notas:

  1. Una deducción de la cuota íntegra de 3.000 euros en el ejercicio, en el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años. Por tanto, esta deducción está reservada a entidades que no tienen trabajadores con carácter previo a la nueva contratación.
  2. Además, si contrata desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo puede aplicarse una deducción en la cuota íntegra del 50% de la prestación por desempleo pendiente de percibir por el trabajador en el momento de la contratación, con un límite de doce mensualidades. En este caso el trabajador contratado puede voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.

Esta segunda deducción se sujeta a las siguientes reglas:

  • El trabajador contratado debe haber percibido la prestación durante al menos tres meses en el momento de la contratación.
  • El trabajador debe proporcionar a la empresa un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.
  • La deducción se aplica a los contratos realizados en el período impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores, y siempre que, en los doce meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la entidad en al menos la unidad, respecto a la existente en los doce meses anteriores.

Ambas deducciones se aplican en el período impositivo en el que finalice el período de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato y están condicionadas al mantenimiento de la relación laboral al menos tres años desde la fecha de su inicio. Si se produce el incumplimiento del mantenimiento en el empleo al trabajador, deben reintegrarse las deducciones fiscales indebidamente practicadas, sin que se considere incumplida esta obligación de mantenimiento cuando el contrato de trabajo se extinga, una vez pasado el período de prueba, por las siguientes causas: causas objetivas o despido disciplinario, cuando sean declarados o reconocidos como procedentes; dimisión; muerte; jubilación; o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

En ambas modalidades de deducción, si se trata de contratos a tiempo parcial, las deducciones se aplican de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato. A estas deducciones les son de aplicación las normas comunes para todas las deducciones de inversión del régimen común.

Hay que tener en cuenta que el trabajador contratado que de derecho a una de estas deducciones no se puede computar a efectos del incremento de plantilla para aplicar los incentivos fiscales correspondientes a las empresas de reducida dimensión, y que a diferencia de otros incentivos, no se regula nada sobre los grupos mercantiles, por lo que para su aplicación hay que determinar el cumplimiento de los requisitos, y en particular el número de trabajadores, a nivel individual en cada entidad.

Juan Manuel Toro Fernández
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Sociedad Patrimonial y Patrimonialidad sobrevenida

La entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, Ley 27/2014 de 27 de noviembre ha definido en su artículo 5.2 lo que es una “Sociedad Patrimonial“, entendiendo por tal, a aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o por elementos no afectos a un actividad económica.

Continúa diciendo el artículo 5.2 que

“El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica será el que se deduzca de la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de que sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, de los balances consolidados. A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores a los que se refiere el párrafo siguiente, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores”.

Este concepto de sociedad patrimonial que era usado de forma habitual para referirse a aquellas empresas que eran tenedoras de inmuebles o de participaciones y que no desarrollaban de forma expresa una actividad económica, queda ahora regulado por la nueva normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Esto tiene una gran trascendencia desde el punto de vista fiscal, porque aquellas empresas que sean calificadas como Sociedades Patrimoniales verán restringida la aplicación de los beneficios fiscales que pueden aplicar en distintos impuestos como el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En concreto en el Impuesto sobre Sociedades, las sociedades consideradas como Sociedades Patrimoniales, no podrán aplicar:

  • La exención por doble imposición que pueden aplicar los socios, en el caso de transmisión de participaciones en dichas sociedades, limitado a los beneficios no distribuidos generados durante el periodo de tenencia de la participación.
  • El tipo impositivo reducido del 15% para sociedades de nueva creación.
  • La compensación de bases imponibles negativas en el caso de cambio accionarial que determine la mayoría del capital social o de los derechos de voto de una sociedad que sea Sociedad Patrimonial.
  • Los beneficios fiscales establecidos para las sociedades consideradas entidades de reducida dimensión (tipo de gravamen, amortizaciones, deducciones…).
  • Imposibilidad de aplicar el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros.

Pueden ser múltiples las causas por las que una sociedad puede encontrarse en situación de patrimonialidad sobrevenida. A estos efectos, se deberá vigilar en lo que se invierten o se materializan los posibles excesos de tesorería de la sociedad, sean los generados por la actividad corriente de la empresa, o los procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales, o incluso los procedentes de aportaciones de los socios por ampliación de capital.

Dependerá de si se han invertido en elementos afectos a la actividad económica o no, para que la sociedad pueda incurrir o no en la patrimonialidad sobrevenida.

Por otra parte, cabe reseñar que el concepto de Sociedad Patrimonial que define la Ley del Impuesto sobre Sociedades, difiere del establecido en el artículo 4. Ocho. Dos de la Ley del Impuesto de Patrimonio, por el cual no se computarán como elementos o valores no afectos aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos provenientes de la realización de actividades económicas, con el límite de los beneficios obtenidos en el propio año y en los últimos 10 años anteriores.

La definición de Sociedad Patrimonial que establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es mucho más restrictiva desde el punto de vista temporal que la que define la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio.

Por este motivo, tendremos que realizar un análisis detallado de los requisitos que establece la normativa para que una sociedad sea calificada como “Sociedad Patrimonial” en función del contexto del impuesto que estemos analizando.

Isabel Díaz Rosado
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP