El Tribunal Supremo declara abusivas las comunicaciones laborales vía SMS o e-mail por contrato

El Tribunal Supremo declara abusivo incorporar al contrato de trabajo una claúsula conforme a la cual el trabajador proporciona voluntariamente a la empresa su teléfono móvil y/o su e-mail para que esta le efectue cualquier comunicación relativa a su relación laboral.

La Sentencia, de 21 de septiembre de 2015, analiza concretamente un contrato tipo elaborado por la empresa en una de cuyas cláusulas se establecía que

«las partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico … según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto» y que «cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente e inmediata»

En un primer momento, y así se alegó por la empresa afectada, parecería razonable el contenido de la cláusula contractual puesto que, por un lado, esos datos eran “necesarios para el normal desenvolvimiento de la relación laboral”, por otro, que el art. 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que excluye de protección, en el marco de las relaciones laborales, a «la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales» y, finalmente, parecería que dicha cesión de datos derivaba del acuerdo alcanzado entre las partes en el contrato de trabajo.

Sin embargo, hay que tener en consideración, en materia de datos de carácter personal que su protección viene derivada no de la LOPD sino, primeramente, del artículo 18.4 de la Constitución que consagra «en sí mismo un derecho o libertad fundamental a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona» y la doctrina constitucional es expresiva de que «este derecho fundamental no reduce su protección a los datos íntimos, sino que su objeto es más amplio, refiriéndose a cualquier tipo de dato personal».

Por ello, la recogida y posterior tratamiento de los datos de carácter personal se ha de fundamentar en el consentimiento de su titular, facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional, de modo que esa limitación esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por Ley.

Partiendo de estos principios el Tribunal Supremo entiende que:

  1. Contrariamente a lo manifestado por la empresa, esos datos en absoluto son necesarios para el mantenimiento o cumplimiento del contrato de trabajo, y mucho menos imprescindibles a tal efecto, pues que la relación laboral puede desenvolverse sin tales instrumentos evidencia que no puedan considerarse como imprescindibles (y ello pese a reconocer el Tribunal la importancia de los avances tecnológicos en la sociedad).
  2. Tampoco pueden incluirse en la previsión específica que al efecto lleva a cabo el art. 2.2 del Reglamento, por cuanto que la misma se refiere exclusivamente al teléfono y dirección electrónica «profesionales», esto es, los destinadas – específicamente- a la actividad profesional del trabajador y que -parece obvio- han de ser los proporcionados por la empresa para el desarrollo de la actividad laboral del empleado; no los particulares de que los trabajadores pudieran disponer.
  3. Tampoco acepta el acuerdo de voluntades en que se traduce el contrato de trabajo puesto que la incorporación al contrato de una cláusula como la cuestionada «supone una conducta abusiva y no puede entenderse que el trabajador haya prestado su consentimiento de una manera libre y voluntaria».

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior y de desestimar el recurso formulado por la empresa, el Tribunal Supremo acaba afirmando que en absoluto niega que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa; es más, incluso pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos pero sin que pese a ello sea posible que en el contrato de trabajo se haga constar como específica cláusula/tipo que el trabajador presta su voluntario consentimiento a aportar los referidos datos personales y a que la empresa los utilice en los términos que el contrato relata, y todo ello puesto que el trabajador es la parte más débil del contrato y en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo bien puede entenderse que el consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre, por lo que debe excluirse de los contratos de trabajo.

Nada impide por tanto, a sensu contrario, que mediante acuerdo individualizado una vez vigente la relación laboral, pueda obtenerse el consentimiento del empleado para el acceso por parte de la Empresa a dichos datos de carácter personal.

Pablo Vela Prieto
Ius Laboral Abogados

Pasos para abrir un negocio en Málaga

¿Vas a abrir un negocio en Málaga? Te contamos todo lo que necesitas para obtener la licencia de apertura o declaración responsable.

La licencia de apertura es la autorización municipal que nos permite comenzar la actividad, es decir, acredita que nuestro local cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Para iniciar el procedimiento debemos presentar la siguiente documentación, regulada en la Ordenanza del procedimiento de ejercicio de actividades mediante declaración responsable, comunicación previa y licencia de apertura de establecimientos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, ante el servicio de Aperturas:

1. Documentación administrativa.

  • Impreso normalizado de declaración responsable, debidamente cumplimentado (por duplicado).
  • Documentación acreditativade identificación del titular:
    • En caso de personas jurídicas: Fotocopia del CIF, fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de la/s persona/s que ostenten la representación, acompañando copia de sus N.I.F o N.I.E.
    • En caso de personas físicas: fotocopia del N.I.F. o N.I.E.
  • Copia de la escritura de propiedad, del contrato de arrendamiento, o documento equivalente sobre el establecimiento que acredite la titularidad o disponibilidad de uso sobre el mismo.

2. Licencia de utilización.

Licencia de utilización en caso de ser preceptiva. En otro caso Licencia de obra si se especifica el uso o Informe Urbanístico de viabilidad de uso emitido por la GMU o en caso de Suelo Urbanizable de Actuación Directa podrá presentarse, Certificado de Síntesis Urbanística (2 ejemplares), según modelo normalizado, suscrito por técnico competente, acompañado de Plano de Situación a escala 1/5000 según Plano de Calificaciones y Usos del P.G.O.U. vigente, marcando la ubicación exacta de la edificación objeto de consulta.

3. Documentación técnica.

Se encargará de elaborarla un técnico especializado. Esta documentación variará en función de las características del establecimiento, suscrita por técnico competente.

    • Certificado de seguridad de las instalaciones (2 ejemplares), según modelo normalizado, acompañado de planos de planta, a escala adecuada y normalizada, que reflejen la distribución con mobiliario y usos de las distintas dependencias así como las instalaciones (extintores, alumbrado de emergencia, etc.) del establecimiento e incluya leyenda con la superficie construida total y desglosada la de almacén y al aire libre, si la actividad no se encuentra incluida en la Ley 13/1999 o en el Apéndice 5 de la OMPCI y dispone de una superficie inferior a 300 m².
    • En caso contrario, se deberá aportar Proyecto Técnico (2 ejemplares), acompañado de Certificado de la Dirección Técnica de las Instalaciones (2 ejemplares), que deberá ajustarse a modelo normalizado. (Certificado de seguridad, plano de planta).

4. Informe de calificación medioambiental.

Memoria descriptiva de la actividad que se desarrolla y los procesos que se utilizan para la fabricación, qué materiales se usan, residuos que se emiten…no siendo necesario su visado. Esta memoria será entregada en las oficinas del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga para que emitan un dictamen sobre si el informe de calificación medioambiental es positivo o negativo. En caso de que dicho informe fuese positivo, necesitaríamos presentar un proyecto técnico y sí sería necesario el visado.

Si el local ya tenía la licencia, vamos a desarrollar la misma actividad y se mantienen íntegramente las condiciones anteriores (distribución, instalaciones de protección contra incendios…), sólo es necesario un cambio de titularidad, y se deberá presentar:

      • Certificado de Persistencia (2 ejemplares), según modelo normalizado, suscrito por técnico competente.
      • Comunicación de la transmisión de la licencia de apertura / declaración responsable a su favor firmada por el anterior titular acompañada de fotocopia de su N.I.F. o N.I.E./C.I.F. y del documento acreditativo de la capacidad legal para la representación, si procede. En caso de imposibilidad de obtener dicha comunicación, se deberá aportar documento justificativo de dicha circunstancia.

A estos efectos, con carácter previo a la presentación del certificado de persistencia, con carácter general, se deberá presentar Solicitud de vista de expediente por cambio de titularidad.

Por último, cuando ya tengamos la licencia de apertura o declaración responsable estaremos obligados al pago de una tasa. Como siempre, espero que esta información os resulte interesante, y sobretodo, que os vaya muy bien en vuestro nuevo negocio. Ya sabéis que Emede & Asociados Asesores Tributarios puede ser vuestro aliado en esta aventura.

Sandra Mejías
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Nueva regulación de la prescripción de acciones en el Código Civil

El pasado día 6 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, destacando entre sus modificaciones más relevantes, la del régimen de prescripción por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.

La Disposición Final Primera de la nueva Ley promulgada afecta al artículo 1.964 CC, que queda redactado de la siguiente manera:

“1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

Esta reforma entró en vigor el día 7 de octubre pasado, al día siguiente al de su publicación en el BOE, implica la primera modificación de este régimen, después de más 120 años de vigencia, sin alteración alguna.

De forma sintética, podemos decir que esta reforma afecta a dos aspectos fundamentales de la figura de la prescripción extintiva, como son (i) el plazo de ejercicio de las acciones personales que no tengan señalado un término especial (art. 1964 C.c.) y (ii) el régimen transitorio aprobado en esta materia, pues afecta a las relaciones jurídicas preexistentes. Por tanto, partir del día 7 de octubre de 2015, habrá que tener en cuenta que:

1º.- Las relaciones jurídicas que se verán afectadas por este cambio, y que son numerosas, afectarán a cualquier relación jurídica contractual que no tenga un plazo específico, cuyo plazo general de prescripción será de cinco años, conforma a la nueva redacción del citado art. 1.964 C.C.

2º.- El régimen transitorio, puesto que el mismo permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años.

A estos efectos, cabe decir que la Disposición Transitoria Quinta establece expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales, que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1.939 del Código Civil, que establece que

“la prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá esta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

Conforme a lo anterior, entendemos que debemos, y de común acuerdo con algunos autores que ya se han pronunciado en materia, se considera que el régimen transitorio aplicable a las relaciones jurídicas sería el siguiente:

  • Relaciones jurídicas nacidas antes del 7-10-2000. Prescritas en la actualidad.
  • Relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2000 y el 7-10-2005. Aplicación del plazo anterior de 15 años previsto en el art. 1.964 CC.
  • Relaciones jurídicas nacidas entre el 7-10-2005 y el 7-10-2015. Aplicación de la regla transitoria de la Ley 42/2015, que a su vez se remite al art. 1.939 CC, la prescripción será el 7-10-2020, en cualquier caso.
  • Relaciones jurídicas nacidas a partir del 7-10-2015 (entrada en vigor de la Ley 42/2015). Aplicación del plazo actual de 5 años previsto en el art. 1.964 CC.

Esperamos que os resulte de ayuda.

José Miguel Méndez Padilla
Méndez Padilla Abogados y Asociados