Análisis de la Orden Europea de retención de activos bancarios

Dentro del marco de la Unión Europea, el pasado 15 de mayo de 2014, se dictó el Reglamento UE nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas, a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.

Esta norma que se aplica directamente en los países miembros de la Unión Europea (a excepción de Reino Unido y Dinamarca), supone en nuestra opinión, un gran avance a nivel comercial, porque permitirá que cualquier acreedor pueda solicitar la adopción de medidas cautelares para la retención de los activos que se tengan en cuentas bancarias de otros países miembros de la Unión Europea.

El procedimiento que regula el Reglamento 655/2014 es un instrumento complementario y opcional para el acreedor, dentro de los instrumentos que regule el Derecho nacional de cada país, por lo que, reforzará el cobro de deudas entre distintos países de la Unión Europea.

Este Reglamento se aplicará a las deudas pecuniarias en materia civil y mercantil dentro de ámbito transfronterizo, entendiendo por transfronterizo, aquél en el que la cuenta que debe retenerse se encuentra en un Estado miembro distinto al de órgano judicial que solicita la orden, o distinto del domicilio del acreedor.

El Reglamento excluye expresamente las siguientes materias:

    • Los derechos de propiedad derivados del régimen matrimonial o que sean equiparables a los mismos.
    • Los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte.
    • Los créditos frente a un deudor, respecto del cual se hayan iniciado procedimientos de insolvencia, procedimientos de liquidación de sociedades o otras personas jurídicas insolventes, procedimientos cuyos objeto sea alcanzar una acuerdo extrajudicial o convenio de acreedores.
    • La Seguridad Social.
    • El arbitraje.

El procedimiento que regula dicho Reglamento pretende dar solución a las dificultades que existen en la actualidad para obtener información sobre cuentas bancarias del deudor en el extranjero (por supuesto, nos estamos refiriendo dentro del ámbito de la Unión Europea).

El acreedor podrá solicitar la orden de retención antes del inicio del procedimiento en cuanto al fondo, o en cualquier fase del mismo, incluso cuando se haya obtenido una resolución judicial, una transacción judicial, o cuando se disponga de un documento público con fuerza ejecutiva, por el que se exija al deudor el pago de una deuda.

Una de las notas importantes para garantizar que la orden de retención sea un instrumento de utilidad para cobrar créditos en asuntos transfronterizos es el efecto sorpresa de la orden: ya que el deudor no deberá ser informado de la solicitud del acreedor, ni ser oído antes de que se dicte la orden, ni tampoco recibirá notificación alguna de la orden antes de su cumplimiento. Con ello, se evita la posible tentación del deudor de ocultar o hacer desaparecer activos, y convierte esta orden en un instrumento bastante eficaz.

La entrada en vigor de este Reglamento se produjo el 17 de julio de 2014, sin embargo, no será de aplicación hasta el 18 de enero de 2017, día en el que podremos decir, que la Unión Europea “da un paso hacia delante” en el dinamismo de las transacciones comerciales dentro del ámbito de la Unión.

Ana de los Ángeles Díaz Rosado
Méndez Padilla Abogados y Asociados

El paro de autónomos en 2015: se suavizan los requisitos

Una de las medidas más esperadas por los autónomos es la modificación de los requisitos para poder disfrutar del cese de actividad de los trabajadores autónomos, recogido en la Disposición final segunda de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

Una de las modificaciones más destacadas es la eliminación del requisito de cotizar por contingencias profesionales para tener derecho al cese, manteniéndose el carácter voluntario para acceder al sistema de protección.

A modo de recordatorio, hago referencia a los requisitos exigidos con anterioridad a esta ley y recogidos, hace ya más de un año, en nuestro post El paro de los autónomos; entre ellos estar al corriente del pago en las cuotas de la seguridad social, a partir de 2015, aunque no estés al corriente del pago, te dan la posibilidad de ingresar las cuotas pendientes en el plazo de 30 días naturales desde la fecha del cese.

Otra novedad, esta vez para los sufridos administradores, se incluye la opción de acogerse a esta prestación en el caso de cese involuntario del cargo de administrador o consejero que detallo más adelante.

En lo que se refiere a la acreditación de la situación legal de cese, supone una simplificación de la documentación a aportar que indico a continuación entre otros:

  • Declaración jurada indicando motivo del cese y fecha de efecto.
  • Documentación contable, profesional, fiscal, administrativa o judicial que justifique la falta de viabilidad:
    • Documento que acredite cierre del establecimiento, en su caso.
    • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA).
    • Documentación contable que acredite el nivel de pérdidas en un año completo (para 2015 deben de ser superior al 10% de los ingresos obtenidos en un mismo período, sin tener en cuenta el primer año).
    • Declaraciones de IVA + IRPF.
    • Declaración judicial de concurso por el que impida la continuidad de la actividad.
  • En el caso de los socios de entidades capitalistas, se justificará aportando el acuerdo adoptado en junta correspondiente al cese en la prestación de servicios y acuerdo de reducción de capital por pérdidas, o acuerdo de cese en el cargo de administrador o consejero + certificado emitido por el Registro Mercantil de su inscripción.
  • Para acreditar el cese de los autónomos económicamente dependientes (TRADE) tendrán que justificar la finalización del contrato convenido con su cliente, justificación del incumplimiento contractual grave de dicho cliente en su caso, rescisión justificada o injustificada del contrato por parte del cliente, muerte, incapacidad, jubilación…en definitiva justificar el motivo que impida la continuidad de dicha actividad. Tendrá derecho siempre que no reanude la relación contractual con el mismo cliente como mínimo durante un año desde el momento de la extinción de la prestación.

El órgano gestor podrá solicitar aquella documentación adicional que considere oportuna.

La base reguladora de esta prestación será el promedio de los doce meses inmediatamente anteriores, los solicitantes podrán disfrutar de la prestación económica a partir del segundo mes posterior al cese, hasta 2014 era de un mes.

Deseamos y esperamos que las Mutuas puedan gestionar y conceder este “salvavidas” para los trabajadores autónomos, ya que hasta ahora se veían con las manos atadas debido a los innumerables requisitos y documentación, prácticamente imposible de acreditar, y que realmente suponga un cambio a mejor para todos aquellos trabajadores autónomos que se vean en esta situación.

Beatriz Gaspar García
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP