Solicitud de aplazamiento

En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, podemos encontrarnos con la situación de carecer de liquidez para abonar una deuda tributaría, como solución para ese momento de apuro podemos gestionar una solicitud de aplazamiento.

Según el artículo 65 de la Ley General Tributaria:

“Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos”.

A la hora de rellenar una solicitud de aplazamiento, tendremos que incluir el importe de la deuda, los plazos en los que se quiere fraccionar y la fecha de inicio de pago.

Es importante recordar que si se trata de una solicitud de aplazamiento del importe de una declaración, ésta se debe presentar junto el modelo de la declaración debidamente cumplimentado.

Teniendo en cuenta el importe de la deuda nos podemos encontrar con dos casos:

Caso A: Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento hasta 18.000,00€. En este caso tenemos dispensa total de garantías, es decir, no tendríamos que aportar ningún tipo de garantía o aval.

Caso B: Solicitud de aplazamiento superior a 18.000,00€. En este caso sí tendríamos que aportar garantías, el importe que debe cubrir la garantía es: el importe de la deuda más el importe de los intereses del aplazamiento más el 25% de la suma del la deuda con los intereses del aplazamiento. Los tipos de garantías que se pueden aportar son:

    • Aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía reciproca o certificado de seguro de caución, este tipo de garantía es la más aceptada.
    • En el caso de no poder aportar aval solidario se puede aportar otro tipo de garantías como garantía inmobiliaria, garantía mobiliaria, fianza personal y solidaria. Hay que tener en cuenta que para estos tipos de garantías suelen pedir documentacion complementaríapor ejemplo:
      • En la Garantía Inmobiliaria o hipoteca:
        • Valoración de forma desglosada de cada uno de los bienes ofrecidos, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes (tasación).
        • Certificado actualizado de propiedad y cargas que pudieran recaer sobre los bienes expedida por el Registro de la Propiedad, si tiene hipoteca se debe adjuntar también un certificado de la entidad financiera sobre la cuantía pendiente de amortizar, así como el tiempo que faltan para la finalización.
      • En la Garantía Mobiliaria o prenda:
        • Valoración de los bienes ofrecidos, efectuada por un profesional independiente.
        • Detalle de las características, relación de los bienes y lugar donde se encuentran.
        • En el caso que corresponda detalle de la amortización acumulada y cuenta de provisión por depreciación si tuviera.
        • Certificado del Registro de Bienes Muebles donde se expresen si se encuentran registrados o no.

      No obstante la Administración podrá solicitar algún otro tipo de documento que considere necesario. Si la deuda es inferior a 300,00€ no concederán el aplazamiento. Los plazos máximos posibles dependen de la cuantía de la deuda:

      Deudas superiores o iguales

      Inferiores

      Plazos máximos

      >=300,00€

      <500,00€

      3 meses

      >=500,00€

      <1.000,00€

      6 meses

      >=1.000,00€

      <2.000,00€

      12 meses

      >=2.000,00€

      <4.000,00€

      18 meses

      >=4.000,00€

      24 meses

Una vez gestionada la solicitud de aplazamiento y entregada toda la documentación será la Administración quien considere aceptada o desestimada dicha solicitud. Si la solicitud es aceptada se abonará la deuda en los plazos acordados.

En el caso en que sea desestimada, tendremos que pagar la deuda en el plazo que nos indique la notificación, no obstante habremos ganado un poco de tiempo para poder abonarla, aunque la verdad es que cada vez están acortando más el periodo de resolución de las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos presentados.

Desearía que nos os tenga que hacer falta, pero si alguna vez necesitáis solicitarlo espero que esta información os sirva de ayuda.

Fátima Doblas Lara
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

La amortización y las empresas de reducida dimensión

Las últimas modificaciones introducidas en la normativa fiscal, pueden inducir a confusión en cuanto al tratamiento fiscal actual que se le debe dar a la amortización del inmovilizado material, inmaterial e inversiones financieras.

Para tratar de aclarar el tema y tener una visión actualizada sobre esta partida de gasto, que puede ser muy importante para las empresas, vamos a intentar sintetizar y aclarar este asunto en este post.

En primer lugar, tenemos que analizar si la empresa tiene o no tiene el carácter de empresa de reducida dimensión en el ejercicio en el que se van a practicar las amortizaciones. Recordemos que actualmente, para ser considerada empresa de reducida dimensión, en el ejercicio inmediatamente anterior, la empresa ha debido tener un importe neto de cifra de negocios inferior a 10 millones de euros. En ese caso, se considerará empresa de reducida dimensión.

La empresa debe cumplir los requisitos para que pueda ser considerada como de reducida dimensión en el período impositivo en el que los elementos objeto de inversión sean puestos a su disposición. Siendo indiferente que en los períodos impositivos posteriores la entidad conserve o bien pierda esta condición, aun cuando en los mismos tenga efectos la aceleración de las amortizaciones. Es decir, que podemos seguir en los ejercicios siguientes con la aceleración de amortización, aunque la empresa deje de ser considerada empresa de reducida dimensión, siempre y cuando lo fuera en el momento de la puesta a disposición.

En el caso de empresas de reducida dimensión, recordemos que:

  • Las inversiones realizadas en los periodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010, se podían acoger a la libertad de amortización si se cumplía con el requisito de mantenimiento de empleo.
  • Las inversiones realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de marzo de 2012, podían gozar del beneficio de libertad de amortización sin ningún tipo de condicionante.
  • Pero desde el pasado 31 de marzo del 2012 y para los ejercicios siguientes, esto ha cambiado y se ha anulado la libertad de amortización sin condiciones.

No obstante, se sigue manteniendo a partir del ejercicio 2013, la libertad de amortización vinculada al incremento de la plantilla media de la empresa referida a los 24 meses siguientes al inicio del período impositivo en que los bienes entren en funcionamiento, en relación a la plantilla media de los 12 meses anteriores.

Dicho incremento debe mantenerse durante un período adicional de otros 24 meses, a contar desde la conclusión de los primeros 24 meses tenidos en cuenta para calcular el incremento de plantilla.

La cuantía de la inversión que puede beneficiarse del régimen de libertad de amortización es la que resulta de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el incremento de plantilla.

Otro asunto a reseñar, es el de la libertad de amortización para bienes de escaso valor, que debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Solo lo pueden aplicar las entidades de reducida dimensión.
  • La inversión unitaria en este tipo de bienes no puede exceder los 601,01 euros.
  • Se debe tratar de bienes nuevos.
  • El límite conjunto en el ejercicio de los bienes acogidos a este beneficio fiscal no puede exceder de los 12.020,24 euros.

Como se puede observar, todo un galimatías de requisitos, plazos y periodos en los que la empresa puede aplicar unos u otros criterios en el cálculo de esta tipología de gasto fiscalmente deducible.

Isabel Díaz Rosado
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

Por lo general, nos asaltan dudas a la hora de decidir si una contingencia debe materializarse o no en la contabilidad y, por lo tanto, en los estados financieros de la empresa en forma de provisión.

De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración (NRV) número 15 del Plan General de Contabilidad:

La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

Aunque según mi opinión, se pronuncia de forma más clara la Norma Internacional de Contabilidad nº 37 (NIC 37) de Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes que nos indica los tres requisitos que deben cumplirse para contabilizar una provisión:

  1. Que la sociedad tenga una obligación (legal o contractual) como consecuencia de un suceso pasado.
  2. Que sea probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos para cancelar dicha obligación (es decir, la probabilidad de que el hecho en cuestión ocurra sea superior a que no).
  3. Que sea posible realizar una estimación fiable del importe de la obligación.

Si cumplimos las tres condiciones anteriores, nos aseguramos que las provisiones están contabilizadas correctamente. Como ejemplo podemos citar las reclamaciones en periodo de garantía a un fabricante por los productos que resulten defectuosos, cuando el fabricante pueda estimarlas de forma fiable.

Pero si no se cumplen las tres reglas anteriores, (generalmente porque no se dan los puntos 2 y 3 es decir, que la probabilidad de que el hecho ocurra sea más baja o que no sea posible determinar el importe de la obligación de una forma fiable) no se contabilizará una provisión aunque sí tendremos un pasivo contingente del que será necesario hacer mención en la Memoria de las Cuentas Anuales. Un ejemplo de pasivo contingente sería una demanda interpuesta, por un cliente a una sociedad, cuyo importe no podríamos determinar.

En el caso de los activos contingentes es totalmente diferente, no tenemos en cuenta la probabilidad del mismo y no se contabiliza en ningún caso, aunque sí que habrá que informar del mismo en la Memoria de las Cuentas Anuales. Un ejemplo para este caso sería la demanda interpuesta, por una compañía a un proveedor, por incumplimiento de contrato y que espera ganar el juicio.

En mi opinión la NIC 37 es bastante más clara y concisa que la NRV 15 del PGC a la hora de explicar el reconocimiento y valoración de las provisiones y contingencias, y nos ayuda a entenderla. Me asalta asimismo una gran preocupación, que el estudio aislado de nuestro plan y el lenguaje y traducciones al español de las NIC y NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que lo sustentan dificulten la comprensión de determinados aspectos tan transcendentes en la vida cotidiana de las empresas.

Lidia Planas Martín
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP