Nuevo paquete de medidas económicas para el autoempleo anunciado por el Gobierno

La mayor parte de las medidas del “Plan económico para pymes y autónomos: autoempleo” se dirigen a favorecer el autoempleo, especialmente entre los jóvenes. Analizamos el Real Decreto-ley 4/2013 de 22 de febrero.

La primera y más importante es que los autónomos no tengan que adelantar el pago del IVA de las facturas no cobradas, para ello en vez de utilizar el criterio de devengo tradicional usarán el criterio de caja o criterio de cobro. Para los autónomos, el criterio de devengo supone la obligación de llevar un registro de facturas emitidas, otro de facturas recibidas y uno de bienes de inversión; sin embargo, si éste optara por un criterio de caja tendría la obligación de llevar además un registro oficial de todos los cobros y pagos realizados. Para las sociedades mercantiles, obligadas a llevar la contabilidad oficial, no supondría ningún cambio. El criterio de caja podrá aplicarse a pymes y autónomos, siempre y cuando no estén sujetos al régimen de módulos con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros.

Las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo reducido del 15% durante los dos primeros ejercicios en que obtengan resultados positivos. Para los nuevos autónomos una reducción del 20% en los rendimientos netos que obtengan durante los dos primeros ejercicios en se obtengan resultados positivos.

Las empresas podrán deducirse hasta un 10% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades siempre que tengan un volumen de negocio inferior a diez millones de euros.

Un inversor que participe temporalmente en una nueva empresa aportando capital financiero y nuevos conocimientos para el buen desarrollo de la sociedad, tendrá una deducción del 15% en el IRPF (la inversión deberá ser temporal) y una exención parcial de la plusvalía del 50% al salir de la sociedad, siempre que éste reinvierta en otra nueva sociedad.

Los desempleados que se establezcan como autónomos tendrán una exención completa en el IRPF de las prestaciones por desempleo cuando su abono sea un solo pago. Los menores de 30 años podrán beneficiarse del 100% de la prestación si realizan una aportación al capital social de una sociedad mercantil con la que tengan vinculación profesional o laboral.

Se establece una tarifa plana de cincuenta euros en la cotización a la Seguridad Social para menores de 30 años y nuevos autónomos que inicien una actividad por cuenta propia durante los primeros seis meses, posteriormente se les aplicará una reducción del 50% y durante los dieciocho meses siguientes una reducción más una bonificación del 30% que se amplía a mujeres hasta los 35 años.

Agilización de trámites para la creación de empresas con el lanzamiento del portal “Emprende en tres”, que facilita al emprendedor los trámites municipales necesarios para el inicio de sus actividades económicas.

Mejora de la empleabilidad de los jóvenes con extensión de programas formativos para la obtención de certificados de profesionalidad y obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria.

Deducciones por I+D+I vinculadas a la creación o el mantenimiento de empleo, apoyo a la financiación bancaria en treinta y dos millones de euros, sistemas públicos de avales y garantías para la financiación bancaria.

El futuro laboral de millones de españoles gira en torno al emprendimiento, el autoempleo y las pymes

Raquel Gómez Adarve
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

El cálculo erróneo de las plusvalías municipales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 17 de abril de 2012 confirma lo que ya advirtió el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca: los Ayuntamientos no efectúan de forma correcta el cálculo de las plusvalías.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como “plusvalía municipal”, es un tributo que grava el incremento que experimenta el valor de dicho terreno como consecuencia de su transmisión (ya sea por venta, donación o herencia) o la constitución de un derecho real limitativo de dominio (como un usufructo).

La plusvalía se calcula aplicando a la base imponible el tipo de gravamen fijado por cada Ayuntamiento. El tema controvertido aparece a la hora de calcular el importe de la base imponible (BI). Señala la ley que:

La base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

Para ello habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, tomando como referencia el valor a efectos del IBI, y aplicándole el porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento, sin que pueda exceder de 3 para un período de hasta 20 años. Por tanto, tendríamos lo siguiente:

Plusvalía = BI x Tipo gravamen
donde
BI= Valor del terreno a efectos del IBI x (porcentaje anual x nº años)

Este es el cálculo que efectúan los Ayuntamientos. No obstante, aplicando esta fórmula parece que lo que se calcula es el incremento que experimentará el terreno en los 20 años siguientes. Así lo entendió un contribuyente que presentó a la Administración un cálculo alternativo que fue considerado válido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca y ahora ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia.

Dicho contribuyente entendía que si tomábamos como referencia el valor del terreno en el momento del devengo, era necesario actualizar dicho importe al momento de adquisición para saber realmente el incremento puesto de manifiesto en el momento de transmisión. Así, la fórmula prevista sería la siguiente:

Fórmula prevista para cálculo de la plusvalía municipal

Ejemplo: Venta de un inmueble a 31-12-2012 que tiene un valor del suelo de 1.000. Se compró hace más de 20 años. El porcentaje aprobado por el Ayuntamiento es el máximo permitido por la ley, 3.

Según el cálculo de los ayuntamientos, la base imponible sería:

Cálculo de la plusvalía municipal según los ayuntamientosEl cálculo según lo admitido ahora por el TSJ sería:

Cálculo de la plusvalía municipal según el TSJComo puede observarse, la diferencia entre una fórmula y otra es notable. A este resultado habrá que aplicarle el tipo de gravamen previsto en cada Ayuntamiento para obtener la plusvalía.

Si bien la Sentencia 85/2012 no sienta jurisprudencia, ha supuesto una gran preocupación entre los ayuntamientos y municipios españoles al otorgar la razón a este contribuyente y considerar incorrecto el cálculo que ellos efectúan de este impuesto.

Alicia Suárez
Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP

Actualización de balances

La Ley 16/2012, de 27 de Diciembre recoge, dentro del paquete de medidas tributarias, una nueva actualización de balances, con una carga fiscal reducida del 5% sobre el incremento de valor de los bienes actualizados, opcional, para sociedades y empresarios individuales.

Tal como se recoge en su Exposición de Motivos, dicha medida conllevará efectos positivos en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación interna como el mejor acceso al mercado de capitales. En la medida en que al incrementarse el patrimonio neto de las empresas, a través de una reserva temporalmente indisponible, por el importe de la revalorización de los elementos patrimoniales, se aumentará la garantía frente a terceros acreedores e inversores, actuales o futuros.

El ámbito de elementos patrimoniales susceptibles de actualización, a través de la presente Ley, se refiere únicamente a los que formen parte del “inmovilizado material” y a las “inversiones inmobiliarias”. Por consiguiente, de igual modo que se previó en el Real Decreto- Ley 7/1996, de 7 de Junio, última norma de actualización de balances, se excluyen del mismo tanto el inmovilizado financiero (empresas participadas, créditos, etc.) como el inmovilizado intangible (marcas, patentes, etc.). Sin embargo, a diferencia de la Ley de 1996, la actual norma no permite la actualización de las inversiones inmobiliarias (solares y edificaciones) que formen parte de las existencias de las sociedades promotoras e inmobiliarias.

Al margen de que la norma favorezca, desde el prisma empresarial, la revalorización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, con un escaso coste tributario. Fomentándose el prisma económico en contraposición al tributario al establecer que el exceso de valor incrementado de los bienes no podrá ser objeto de amortización hasta entrado el periodo impositivo 2015. No obstante, desde el prisma tributario los beneficios fiscales que se derivarán de los bienes de naturaleza inmobiliaria son escasos.

En efecto, estaríamos ante una norma “tributaria trampa”, con un fundamento exclusivamente empresarial: la de incrementar el patrimonio neto obviando el encarecimiento que le supone al contribuyente el pagar un 5% sobre un concepto que, per se, ya poseía con la propia depreciación monetaria correctora en el momento de la venta, a través del propio artículo 15.9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Luego se estaría tributando gratuitamente por un beneficio fiscal consolidado en las empresas.

Por tanto, nuestra recomendación dado que la norma, además, faculta a actualizar o no los inmuebles (no así con el resto de elementos patrimoniales que formen parte del activo fijo, que es imperativa) es que los inmuebles NO se acojan a la actualización. Salvo en aquellos supuestos eminentemente empresariales o en aquellos otros en que se cumpla a 31/12/2012 que el Coeficiente K sea superior al 40%, y se prevea: por una parte, la venta de inmuebles en el corto plazo y, por otra parte, unas pérdidas durante el ejercicio en curso y siguientes que hagan que aquel coeficiente sea inferior a aquel en el momento de la venta; en cuyo caso, sería rentable para evitar la reducida depreciación monetaria efectiva a futuro.

Álvaro Romero Reina
Colaborador de Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP